El juez imputa al concejal David Dorado en el caso Infraestructuras y extiende la sospecha a una década

El juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha emitido hoy 21 de diciembre un nuevo auto judicial en el que confiere la condición de investigados en el caso Infraestructuras al concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado por los delitos de cohecho y a diez empresarios a los que se les atribuye supuestos delitos de cooperación necesaria en delito de prevaricación administrativa.

Asimismo el auto determina la ampliación de la imputación del técnico municipal señalado en esta primera causa, sobre el que se centran la mayoría de indicios policiales, y de la excoordinadora del área de Infraestructuras. El técnico y la coordinadora estaban ya imputados por prevaricación y falsedad documental, y tras la investigación policial se ampliarían los delitos al de integración en grupo criminal, cohecho y malversación de caudales públicos.

En su escrito, además, extiende la sospecha de que la posible trama de amaño de contratos pudiera remontarse una década atrás (antes de que Dorado llegase a la política), “en función del plazo de prescripción de algunas de las infracciones criminales que pudieran haberse cometido”. En concreto, dice el auto que el procedimiento investigado pudiera ser "una práctica generalizada en el área concreta gestionada por el investigado, remontándose a varios años atrás; pudiendo llegar al momento cercano a su toma de posesión" hasta su cese en el cargo por decreto de 20 de septiembre de 2022. El funcionario accedió a la plaza mediante concurso hace años y se interpuso un recurso contra su designación resuelta en 2018.

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En su auto, el juez sostiene que en base a la investigación policial y a la documentación e informes aportados por el Ayuntamiento de Córdoba —al que reconoce su colaboración con las pesquisas policiales— se debe ampliar la imputación del técnico municipal por la existencia de su aparente connivencia con determinados contratistas (se describen decenas de estancias hoteleras del técnico a cuenta de las empresas vinculadas a la supuesta trama) y que existe un reforzamiento de las evidencias contra la excoordinadora que “incluso podría repercutir en la inicial posición procesal de David Dorado”.

El caso Infraestructuras, que investiga el posible amaño de contratos tras una denuncia de IU y Podemos, trata de dilucidar si se orquestó una trama para beneficiar a determinadas empresas en la adjudicación de contratos municipales y, a su vez, si los técnicos y demás implicados se beneficiaban de ese proceso por medio de regalos o pagos en especie, como la estancia en un balneario de lujo para dos personas. En concreto, el juez parte de 19 contratos menores correspondientes al plan de choque municipal del 2020 que contó con un presupuesto inicial de 500.000 euros.

Situación procesal de Dorado

En un auto de 15 páginas, el titular del juzgado dice sobre la situación procesal de David Dorado que es “incierta”, pero que los indicios para señalarlo se basan, por un lado, en su “decidida intención” de nombrar a la excoordinadora de Infraestructuras, a pesar de no estar cualificada para ello según los informes técnicos, y de sus “maniobras” para que ésta ejerciera el dominio real del área. Por otro lado, aprecia el juez sus sospechas sobre el edil por la búsqueda de excusas y empecinamiento para que el técnico municipal imputado “dominara importantes parcelas del área de alumbrado”, así como de “comportamientos descritos” que hacen ver que pudiera tener “cierta predisposición a actos de aparente corrupción” como proponer a un empresario mordidas por adjudicarle contratos menores (delito de cohecho).

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Por todo lo anterior, el juez considera la posibilidad de que en el curso de la investigación los delitos atribuidos a Dorado —“más cercanos a la sospecha que a la evidencia”— se vieran corroborados, lo que hace aconsejable la condición de investigado para una mejor garantía de sus derechos procesales.

Cuatro piezas

El juez descarta la apertura de un macroproceso del caso Infraestructuras, y despieza en cuatro la actual causa. Estas nuevas piezas se remitirán al juzgado de guardia para su reparto correspondiente. La primera por el caso Infraestructuras en sí y las facturas falsas o sobredimensionadas que se detectaron después de la salida de David Dorado de la delegación en el ejercicio 2022; otra con el posible intento de cohecho de David Dorado a una empresa de publicidad; otra por posibles cohechos en especies obtenidos por el técnico imputado de diversos contratistas, y una última pieza para investigar el supuesto intento de destinar fondos públicos del Ayuntamiento de Córdoba para la impermeabilización de un párking privado ubicado en la plaza de Cuba.

Información sobre diez empresas

Asimismo, el juez pide recabar en el punto neutro judicial o en su caso en el Registro Mercantil información sobre diez sociedades mercantiles que podría estar vinculadas con el caso y que son propiedad de los diez empresarios investigados. Entre estos empresarios están los primeros que ya apuntó en su primera denuncia el grupo municipal de Izquierda Unida, cuando virtió sus sospechas sobre el posible fraccionamiento de contratos de una obra en la avenida de Libia.

Sobre estas empresas, en concreto, el juez solicita la fecha de constitución de la sociedad y socios fundadores, con determinación de porcentajes de participación; administradores de la sociedad en los ejercicios 2020 y 2021; personas que consten como apoderados de la sociedad en los ejercicios 2020 y 2021; presentación de cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021, así como el modelo de declaración de impuestos de sociedades de los mismos años.

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Por último, el juez sostiene que las nuevas circunstancias requerirán una nueva investigación profunda y que esta podrá confirmar los hechos y su ponderación o, en su defecto la inexistencia de los delitos descritos en el auto.

Cabe recordar que además de esta causa que instruye el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, hay una segunda causa que instruye el juzgado número 2, que elevó a la Fiscalía el propio David Dorado y que no tiene a nadie imputado de momento.

Detención policial

El lunes 12, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) detuvo al concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, y una docena de empresarios en el marco de la investigación que los agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo por orden del juez que instruye la causa. El pasado mes de mayo, José Luis Rodríguez Laínz, encargó investigar las coincidencias y el parentesco familiar de las empresas implicadas en el caso, así como si existen coincidencias de persona física empresario individual administrador, socios, domicilio social o sede efectiva de la sociedad que pudieran apreciarse entre adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos; si entre la lista de adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos consta alguna empresa que estuviera inactiva durante el ejercicio 2020 o con evidentes signos de inactividad; y si llegó a existir algún tipo de coincidencia entre las personas empleadas entre dichos adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos  durante el ejercicio 2020.

Las claves del auto judicial del caso Infraestructuras

En su informe, la Policía Nacional plasma la investigación pormenorizada que ha llevado a cabo en este tiempo (algo menos de 8 meses) y en la que ha interrogado a buena parte de capataces y trabajadores de la Delegación de Infraestructuras, que es la que está bajo sospecha, así como a numerosos empresarios vinculados con la supuesta trama, y a técnicos municipales.

Colofón de la investigación

El colofón de esta investigación llegó el lunes 12 cuando los agentes habían citado a Dorado y a los empresarios para prestar declaración por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras de la citada delegación en este mandato. Todos ellos terminaron siendo detenidos y puestos en libertad con cargos por delitos de cohecho, pertenencia a grupo criminal y malversación de caudales públicos.

El jueves 15, en el Pleno de Córdoba David Dorado defendió su inocencia y pidió que no se lo sometiese a una campaña mediática mientras se esclarece el asunto. Por su parte, la mayoría de las empresas investigadas se constituyeron hace menos de cinco años y muchas de ellas incluso en 2020 con apenas unos días de diferencia. Además, varias de estas sociedades pertenecen a los mismos administradores.

Además de esta primera causa, en manos del juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba está la segunda denuncia sobre la Delegación de Infraestructuras. Esta segunda parte la denunció el propio David Dorado y afecta a contratos mayores de anteriores mandatos.