La investigación apunta a sobornos de empresarios a altos cargos de Infraestructuras con facturas de hoteles

El auto emitido este miércoles por el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba sobre el denominado caso Infraestructurasdesgrana el modus operandi de una supuesta trama que tiene en la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional las claves de lo que ha podido ocurrir en dicha delegación municipal.

El principal investigado es un técnico del área de Infraestructuras que, supuestamente, recibió sobornos de varias empresas a las que se les adjudicaron los contratos que se investigan como irregulares. Precisamente este técnico y la excoordinadora general de Infraestructuras ya estaban siendo investigados por el juzgado por delitos de prevaricación, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos, tipos delictivos que ahora se amplían.

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Según se expone en el auto del juez Rodríguez Lainz, titular de Instrucción 4, la investigación policial arroja indicios de que este técnico "habría recibido lo que aparentan ser supuestos pagos de sobornos en modo de pagos de estancias hoteleras". En total, se han detectado hasta ocho estancias cuyo coste corrió a cargo de contratistas investigados, en hoteles de Madrid, Estepona, Sanlúcar de Barrameda o Motril, así como pagos de excursiones a Doñana. En el auto se detalla, incluso, que una de las estancias se correspondió con una fecha en la que se celebraba un evento deportivo. Entre los posibles sobornos, también se explica que uno de los empresarios dejó al técnico una parcela de su propiedad.

Ese supuesto intercambio de favores no se habría dado únicamente con el técnico, sino que la investigación habla también de la implicación de la excoordinadora general de Infraestructuras en este apartado, recibiendo por parte de las empresas reformas, labores de jardinería e incluso de limpieza para su propio domicilio.

Ampliación de la causa

Si bien la causa denunciada en noviembre de 2021 por IU y Podemos se ceñía en un principio a investigar contratos relacionados con el Plan de Choque aprobado por el Ayuntamiento en mayo de 2020 (con expedientes fraccionados u obras certificadas, pero no terminadas), la investigación policial va mucho más allá.

Es la UDEF la que encuentra indicios de que existe una "auténtica connivencia" entre el técnico investigado y determinados contratistas e incluso "cierta relación de amistad". Con ello, el juez pone encima de la mesa que la manipulación de contratos pueda remontarse hasta una década.

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En lo que compete al concejal no adscrito David Dorado, las causas de su investigación son más difusas, aunque sí se recoge un caso concreto en el que pudiera haber cometido cohecho. También se determina su interés por nombrar a la ya excoordinadora para el cargo, cuando no tenía experiencia, así como la introducción del principal investigado como técnico de apoyo en un área que ya tenía un director técnico. Sobre esto último, el auto del juez señala "la búsqueda de excusas para que el técnico dominara importantes parcelas del área de alumbrado público".

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