La Fiscalía ve indicios de delito y remite al juzgado para que investigue los contratos de la Delegación de Infraestructuras, firmados entre 2014 y 2020, que denunció el concejal David Dorado por «posibles irregularidades en las licitaciones de obras» de sustitución del alumbrado publico en Córdoba. Esta es la segunda tanda de contratos del Ayuntamiento de la capital que investiga la justicia. La primera, formada por contratos de la misma delegación pero del año 2020 que engrosan el llamado caso Infraestructuras, la elevaron al Ministerio Fiscal en mayo del 2021 Izquierda Unida y Podemos, y ahora está siendo investigada por el juez de Instrucción número 4, José Rodríguez Lainz. Se investiga si existía una trama para amañar y adjudicar obras a determinadas empresas saltándose los límites de las leyes de contratación pública.
En la derivada política de este caso, el alcalde cesó de todos sus cargos en noviembre del 2021 al hasta entonces cuarto teniente de alcalde, David Dorado (que no está imputado en la causa pero fue llamado a declarar como testigo) y a la coordinadora general del área, esta sí imputada junto a un funcionario de Infraestructuras, que fue apartado de sus funciones.
La novedad judicial
La novedad judicial de hoy es que la Fiscalía de Córdoba, presidida por Fernando Sobrón, también incoa diligencias de investigación a los contratos denunciados por David Dorado --que iban apoyados por el informe de una auditoría externa al Ayuntamiento-- porque «pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y otros que puedan determinarse tras la investigación que se lleve a cabo».
En este sentido, la Fiscalía provincial ha solicitado del juzgado de Instrucción que por turno le corresponda llevar este asunto "que se continúen practicando diversas diligencias de investigación, entre ellas, que se oiga en declaración como investigados a un funcionario del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba y a otras personas ajenas a la Corporación municipal".
Los contratos denunciados por Dorado superaban los 400.000 euros, y la gran mayoría habían sido adjudicados a la misma empresa y habían sido redactados por el mismo responsable técnico de la delegación. En su momento, la oposición interpretó el paso de Dorado en Fiscalía (era el verano del 2021) como respuesta a la denuncia que habían hecho IU y Podemos. "Es una cortina de humo", dijeron entonces.
Qué dice la Fiscalía ahora
La Fiscalía da crédito ahora a lo denunciado por Dorado, que señalaba que había empresas que manifestaban la imposibilidad de acceder a la posible adjudicación de las obras en la Delegación de Infraestructuras debido a los términos de redacción de los proyectos. Esta circunstancia hacía "inviable desde el punto de vista económico acceder de manera real y desde un punto de vista objetivo a ofertas competitivas que le permitieran ser adjudicatarias de las mismas".
El fiscal indica que a la denuncia se añaden escritos y documentación aportados posteriormente que apuntaban, igualmente, supuestas irregularidades en los expedientes administrativos iniciados para la contratación y adjudicación, con el fin de proceder a la sustitución, instalación y mantenimiento de cuadros de mando.
Historia del caso Infraestructuras
El caso infraestructuras fue destapado a principios del 2021 por la concejala tristemente fallecida Amparo Pernichi, exdelegada de Infraestructuras en el anterior mandato. La edil de IU plantea públicamente su sospecha de que en una obra en la avenida de Libia para el cambio de luminarias se pudieran estar produciendo irregularidades como falsedad en documento público (se certificó el final de la obra antes de que hubiese acabado) y fraccionamiento del contrato. La sospecha resulta ser solo la punta de un iceberg que termina tomando forma de denuncia judicial, que elevan al Ministerio Fiscal para su estudio los grupos municipales de IU y de Podemos. Es mayo del 2021.
El gobierno municipal mueve ficha entonces encargando un informe interno al titular de la Asesoría Jurídica Municipal, Miguel Aguilar, que hace un exhaustivo estudio de más de 40 contratos menores del área de Infraestructuras, es decir, todos los firmados en 2020. Las conclusiones de aquel informe confirman las sospechas de IU y Podemos: existen, a juzgar por el letrado municipal, indicios de delito por fraccionamiento, falsedad de documento público y prevaricación. Una de las claves de este informe es que observa que en varias ocasiones los letrados municipales habían advertido a los responsables del área de que se estaban fraccionando contratos para evadir su fiscalización.
Ese informe pasó a engrosar en junio el expediente abierto ya por la Fiscalía y fue fundamental para sus conclusiones: Anticorrupción concluyó que en los contratos analizados hay indicios de delitos. La fiscal ordenó entonces al juez decano la continuidad de la causa y apuntó ya a dos responsables: por un lado señala al técnico municipal responsable de estos contratos y por otro lado, a la coordinadora general de Infraestructuras. Ambos están imputados en la causa que instruye el juzgado de Instrucción número 4.
Es en este contexto, en verano del 2021, cuando David Dorado encarga a título individual una auditoría externa de una veintena de contratos del mandato anterior, y parte del de José Antonio Nieto. Dicha auditoría determina que se habrían producido irregularidades en la adjudicación de contratos menores y que se habrían inflado los precios de esas licitaciones. Entonces era otro técnico el que supuestamente se beneficiaba de la situación.
Derivada política del caso
La derivada política de este caso provocó en diciembre del 2021 que el alcalde, José María Bellido, ordenase el cese del hasta entonces concejal de Infraestructuras, David Dorado, de sus funciones en este área y que el edil fuera relegado a las labores de portavoz de su grupo municipal. El cese provocó la cuarta crisis de gobierno de este mandato y puso al frente de la delegación investigada a un nuevo concejal de Cs: Antonio Álvarez. Desde entonces, la situación política de Dorado es delicada. Cuando fue llamado a declarar en calidad de testigo en el caso Infraestructuras en mayo del 2022 defendió su inocencia y pidió al alcalde que lo restituyese de todos sus cargos.
En el pleno de hoy ha tomado la palabra David Dorado para pedirle al alcalde --delegado de Hacienda y responsable de Contratación en parte de los contratos denunciados por el de Cs-- que en esta nueva vuelta de tuerca se aplique el mismo rasero que le aplicó a él. El alcalde le ha replicado contundente que el caso está ya en manos de la justicia y que las responsabilidades penales y políticas han sido ya bien delimitadas.
