UGT apuesta por una mayor financiación y cambios sustanciales en Educación

En UGT Servicios Públicos (UGT SP) Enseñanza en Córdoba tienen claro el análisis que se desprende de los malos datos del informe PISA, «la Educación Pública está en la UCI, enferma de los recortes de las plantillas, la falta de financiación, la situación del profesorado y su falta reconocimiento laboral y profesional, la elevada ratio de las aulas, las deficiencias en la atención a la diversidad, el contexto socioeconómico, familiar y cultural de los estudiantes y la falta de apoyo familiar como las principales afecciones que sufren el sistema educativo andaluz y que explicarían los resultados de Andalucía».

Desde el sindicato en Córdoba insisten en que la inversión educativa es clave para los centros de la provincia.

Para UGT SP Córdoba es imprescindible que «se establezcan los mecanismos para que la inversión en educación esté por encima de la alternancia política y de las discusiones anuales de los Presupuestos Generales del Estado y, además, implementar medidas para mejorar las condiciones sociolaborales del profesorado y potenciar el desarrollo de su carrera profesional». En este sentido, señalan, se deben abordar aspectos como la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, que permita el desarrollo profesional de los docentes, la reducción del horario lectivo y la bajada de ratios que favorezca una atención personalizada acorde a las necesidades del alumnado, junto a la mejora de la formación del profesorado y los recursos materiales y humanos que doten de las herramientas necesarias que permitan dar una enseñanza de calidad y, por ende, mejores resultados en PISA.

Análisis del Informe PISA

En el sindicato valoran PISA como «una herramienta muy valiosa, por el volumen de datos que recoge, para poder realizar un análisis del estado de nuestro sistema educativo, pero no es más que eso, ya que la tarea de utilizar esos datos y realizar el análisis es nuestra». Y para poder hacer un análisis riguroso, destacan, «se deben tener en cuenta todos los valores y aspectos que aporta el informe, referidos al impacto del contexto socioeconómico, las propias capacidades y percepciones del alumnado -mentalidad, bienestar, capacidad de resiliencia- y el grado de equidad y compensación que poseen los sistemas educativos, y no quedarse únicamente con los más académicos (competencias)».

Para el sector de Enseñanza en UGT SP Córdoba el descenso experimentado en el último informe en Andalucía no es un caso aislado, sino que, salvo algunas excepciones, «es una tendencia compartida a nivel mundial a la que habría que sumar el impacto de la COVID- 19, mejor que en los países de nuestro entorno y, en este sentido, hay que hacer especial hincapié en la profesionalidad y buen desempeño por parte del profesorado de nuestro país, y de Andalucía en particular, por lo que es hora de acabar con ataques absurdos e injustificados, que dañan su imagen y su valía, y lograr un reconocimiento real y efectivo».

Este reconocimiento pasa, para los responsables de UGT Enseñanza en Córdoba, por la mejora de sus condiciones sociolaborales como medio para lograr que la profesión docente sea verdaderamente atractiva. Además, creen necesaria una reflexión sosegada acerca de las necesidades de nuestro sistema educativo, subrayan que ayudaría significativamente lograr un pacto educativo que blindara nuestro sistema frente a intereses partidistas y aseguran que fue una lástima que no prosperara la iniciativa del entonces ministro Ángel Gabilondo, cuando estaba prácticamente logrado.

En esta línea, señalan, «también se debería abordar serenamente el modelo metodológico que debemos implantar rompiendo la dicotomía entre contenidos y materias, lo que requiere remodelar también el perfil y las competencias que deben poseer los y las docentes que deben llevarlos a la práctica, tanto en su acceso a la profesión docente como a su formación, inicial y permanente».

Inversión educativa

Desde el sindicato en Córdoba insisten en que la inversión educativa es clave para los centros de la provincia, ya que «es preciso dotarlos de los medios económicos, humanos y materiales suficientes, especialmente a las áreas, centros y colectivos donde sean más útiles y prioritarios». De hecho, destacan que «entre las comunidades autónomas con mejores resultados se encuentren algunas que, por razones geográficas o demográficas, permiten trabajar con agrupamientos más pequeños y reducen el número medio de alumnos por profesor, un análisis que sirve también para comparar los resultados de Córdoba con respecto al resto de provincias andaluzas».

Desde UGT SP Córdoba explican que, para mantener las mejores condiciones de calidad y equidad el esfuerzo ha de ser continuado y defienden que las administraciones educativas deben establecer «un suelo mínimo de inversión pública que garantice los servicios esenciales, no sujeto a fluctuaciones, y sostenidos más allá del final de las aportaciones extraordinarias como las procedentes de los fondos europeos”. Igualmente, señalan la necesidad de una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las comunidades autónomas «como el medio más eficaz para lograr que se compensen las desigualdades existentes entre los territorios, considerando que los centros y colectivos de difícil desempeño, los proyectos de innovación y mejora o las iniciativas encaminadas a la reducción del abandono temprano son algunos de los programas que deberían tener una especial consideración”.

Por todo ello, desde UGT SP Enseñanza Córdoba inciden en que es el momento de hacer un llamamiento al Gobierno y a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que se implementen medidas dirigidas a «la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado que permitan una dignificación del trabajo docente con buenas condiciones de trabajo, entornos seguros, sanos y con recursos adecuados, confianza, autonomía profesional, libertad académica, una formación inicial de calidad y un desarrollo profesional continuo, entre otros». Y, como es habitual en este sindicato, exigen a las administraciones educativas la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, la reversión de los recortes salariales y educativos, incrementos salariales, y hacen un llamamiento al Gobierno para que implemente acciones que permitan a los docentes tener un salario en consonancia a la responsabilidad asumida.

Recursos y resultados

Para UGT SP Enseñanza Córdoba este curso se debe asegurar que todos los centros educativos reciban los recursos humanos en función de sus objetivos, características, contextos y necesidades del alumnado, pues «es injusto juzgar sus resultados en comparación con aquellos centros que sí cuentan con los recursos, y por tanto, obtienen mejores resultados, lo que establece una relación causa-efecto clara».

Según sindican, con la implantación del llamado Plan Bolonia, que supuso el fin de la diferenciación entre diplomaturas y licenciaturas, se pasó a que todos fuesen grados universitarios con másteres de especialización. Este cambio supuso en la práctica, señalan, que «con una titulación del mismo nivel se encuadrase al funcionariado docente en dos grupos diferentes; A2 para los Maestros y Maestras y para los Profesores Técnicos de FP, y A1 para el profesorado de Enseñanza Secundaria», lo que desde este sindicato consideran que debería subsanarse.

Para el sector de Enseñanza en UGT SP Córdoba, el descenso experimentado en el último informe en Andalucía no es un caso aislado.

Con el fin de lograr todas estas mejoras, desde UGT Estiman necesaria la integración de los cuerpos docentes que actualmente están en el grupo A2 (profesores Técnicos de FP y Maestros) al grupo A1, la reducción del número de alumnos y grupos asignados a cada profesor. Asimismo, señalan que el número de alumnos establecido por aula no es un indicador real del alumnado total que atiende un profesor, ya que «un profesor puede impartir docencia a varios grupos en una única jornada laboral y, por tanto, se hace necesario, como un indicador de calidad, la disminución del número de alumnado que atiende undocente, la reducción de la carga lectiva: 20 horas para el profesorado de Infantil y Primaria y 18 horas para el profesorado de Secundaria y Bachillerato, como paso previo para la reducción a 15 horas para el profesorado de Secundaria y Bachillerato y 18 horas en Infantil y Primaria».

Otro aspecto que el sindicato resalta son los incentivos económicos, laborales y profesionales para el desempeño de otras funciones y tareas que necesitan una dedicación especial, como coordinaciones, atención al alumnado inmigrante y con necesidades educativas especiales, multiplicidad de grupos, destino en más de un centro, programas de innovación e investigación educativa, compensación, ampliación, nuevos proyectos, o tutor prácticas, entre otros, así como la inclusión de un complemento económico para los docentes que tengan un doctorado, pues aportan calidad al total del sistema educativo, el reconocimiento de la función tutorial tanto en Primaria como en Secundaria con carácter general, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos. Para reducir la temporalidad al 8%, como así lo recomienda la UE, UGT propone el aumento de las plantillas y la reducción de la precariedad laboral.

Bajar ratios y horario lectivo

Por todo ello, UGT SP Córdoba considera indispensables ciertas medidas para afrontar la realidad que presentan las plantillas docentes en nuestra provincia para revertir la situación, como eliminar la tasa de reposición, lo que supondría un aumento de la oferta de empleo público en los próximos años, una medida que contribuiría a evitar que la tasa de interinidad alcanzase valores elevados, como los que han causado la reprobación por parte de la UE.

Desarrollo profesional de los docentes

Respecto a la jubilación, desde UGT apuestan por adoptar una serie de medidas para los empleados públicos del sector de la Enseñanza como el mantenimiento indefinido, para todos los empleados públicos, de la jubilación anticipada voluntaria actual a los 60 años, el incremento de los haberes reguladores y la pensión máxima (con el 100% del haber regulador), para que la pensión de jubilación no sufra la merma económica actual, o el derecho a la jubilación anticipada con treinta años de cotización y sin límite de edad.

Además, destacan otras medidas, entre las que destaca la inclusión de otras figuras, como la jubilación parcial que, subrayan, «permitiría aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de los años con la incorporación de nuevos docentes que contarían con una tutorización e inclusión progresiva en el sistema educativo». Esto supondría introducir enel ámbito del funcionariado la regulación ya existente en la normativa laboral común, es decir, la jubilación parcial con contrato de relevo contemplada en el Estatuto de los Trabajadores y que no es aplicada a los funcionarios, incluso en el supuesto de aquellos que pertenecen el régimen general de la Seguridad Social. Asimismo, desde UGT apuestan por «el mantenimiento del acceso a la jubilación parcial a los docentes de la Enseñanza Concertada (contrato de relevo) en las mismas condiciones anteriores a la reforma del 2013. Para ello, desde el sindicato reclaman la negociación de acuerdos con las Administraciones educativas que permitan dicha jubilación de manera que a los 60-61 años, la reducción sea de entre el 25% y el 85% de la jornada y que la empresa cotice por la jornada efectivamente realizada por el jubilado parcial».

Otras medidas que, desde UGT se encaminan a facilitar el desarrollo profesional entre los docentes dependiendo de su edad están la de arbitrar otras funciones para el profesorado con mayor edad, la reducción de horas lectivas al profesorado mayor de 55 años sin la limitación ni el condicionamiento por las necesidades del servicio, el desempeño de otros puestos o cargos docentes como bibliotecas, apoyos, tutorización de profesorado novel, de estudiantes en prácticas, docencia a futuros profesores, o la colaboración con la universidad, son otras funciones docentes en las que el desgaste físico y psíquico puede ser menor y donde el mayor grado de experiencia de este profesorado puede ser un valor añadido importante y considerar la formación del profesorado como un asunto prioritario en las políticas educativas, por lo que «se debe considerar el pago de complemento por tramos de formación, a docentes no universitarios con títulos de Máster, o título de doctor», destacan.

Finalmente, y respecto al gran pacto por la Educación Superior Pública, desde UGT indican que, «una vez consensuado tras un debate profundo y reflexionado de todos los agentes implicados, que deberá incluir, al menos, una financiación del sistema igual al 2% del PIB, así como la defensa y la potenciación de la universidad pública, frente al aumento de universidades privadas, y que esté interrelacionada con todas las etapas del sistema educativo, la creación de la Mesa Sectorial de Universidad, tanto en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones públicas, como en el de las diferentes CCAA, la definición de un mapa de titulaciones coherente y homogéneo, el establecimiento de una jornada de 35 horas semanales, tanto para funcionarios como laborales, estudiando, mediante la negociación colectiva, la posibilidad de realizar una jornada de cuatro días laborales a la semana y el desarrollo del Estatuto del PDI, que facilite la eliminación de la precariedad, realce la función docente e instaure una carrera profesional de promoción vertical y horizontal, garantizando la igualdad en las fases de acceso, estabilización y promoción».