reportaje

Bajar ratios y horario lectivo

Los representantes sindicales hacen una valoración general negativa del inicio de curso

La Lomloe y las necesidades educativas especiales son otros de los temas de interés para abordar durante este 2023-2024

Inauguración curso escolar Educación Infantil y Primaria.

Inauguración curso escolar Educación Infantil y Primaria. / CÓRDOBA

R. Hita

La valoración inicial del curso que hacen cada uno de los representantes de la Junta de Personal Docente es, en general, negativa y contiene dos grandes puntos en común: la reducción del horario lectivo y la bajada de ratios.

Del primero al último, señalan estos factores como claves para que mejore el servicio educativo y que se favorezca una atención personalizada, acorde a las necesidades del alumnado.

Indican que ahora es un buen momento para ello y sería una fórmula para evitar el cierre de unidades, tendencia que preocupa y alerta a estos agentes del sistema educativo en Córdoba.

«Nuestra primera valoración es que empezamos mal, con bastante problemas y partiendo del cierre de unidades permanente. En los últimos 5 años, solamente en Infantil y Primaria, se han cerrado más de 200 unidades, y nos preocupa además el desequilibrio, ya que solo 12 son de centros concertados y 189 de públicos. ¿Qué pasa, que sólo baja la natalidad en la educación pública?», se preguntan desde el sindicato mayoritario CSIF.

En Ustea tampoco creen el curso haya arrancado de manera satisfactoria. Denuncian que al profesorado de Secundaria se le está imponiendo horarios «al límite legal de clases lectivas» por falta de personal, y que existen aulas con ratios elevadas y docentes con alto estrés por falta de herramientas para implementar los cambios legislativos. «Seguimos creyendo que urge una bajada de las ratios en todos los niveles educativos. Cada clase que se suprime es una pérdida directa de puestos de trabajo».

ANPE, algo menos crítico en su valoración, ve como «algo normal» los desajustes de principio de curso, aunque se alinea con el resto en cuanto a los dos aspectos mencionados. «Hay que ir frenando esta pérdida de unidades, que supone una pérdida de plazas de docentes, inestabilidad, desplazamiento. Si se aplicasen esas dos medidas para todos los cuerpos... De hecho, es una realidad en la mayoría de comunidades autónomas. Somos de las únicas tres de España que no las tienen y son necesarias para evitar que mucha gente tenga que estar todos los años en concurso de traslados».

Desde CCOO ven el inicio de curso muy «caótico», con falta de personal en muchos centros y sin hacerse efectivos «los famosos puestos que iban a salir de refuerzo educativo y que, en verdad, se han enmascarado detrás de jubilaciones y no cubrir vacantes precisas para el sistema. Eso, no ha permitido hacer los desdobles necesarios en la provincia».

En el mismo sentido, UGT considera esenciales estas medidas, junto a la «mejora de la formación del profesorado y los recursos materiales y humanos que doten al profesorado de las herramientas para dar continuidad a la Lomloe y desarrollar sus objetivos».

Y también SIEP, que advierte que se está perdiendo «una gran oportunidad para mejorar la enseñanza pública: ante la bajada de la natalidad no se disminuye la elevada ratio ni se mejora la atención a la diversidad, valorando únicamente el ahorro económico».

E, igualmente, Asadipre, que, a la bajada de ratio, une «conseguir una mayor desburocratización de las tareas administrativas de los equipos directivos», al tiempo que lanza una reflexión: «se suelen cerrar o juntar unidades con un único criterio, el número de alumnado; pero es necesario que estudien cada uno de los casos y se contemplen también como criterio el número de alumnado con necesidades educativas especiales».

En cuanto a recursos, SIEP habla de que no ven reacción frente a la continuada pérdida de poder adquisitivo del colectivo ante la elevada subida del coste de la vida. Y sobre esto, UGT reclama que se cumpla con el acuerdo marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público, con el compromiso de ir abordando «la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014. Desde entonces no hemos parado de exigir a la Junta que cumpla lo firmado y que, al menos, se calendarice el pago».

Más recursos humanos

Asadipre y Ustea vuelven a exigir a la Administración que la planificación de recursos responda a las necesidades de los centros. «Urge el aumento de las plantillas de los profesionales de orientación, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. La escuela pública es un referente de calidad en atención a la diversidad y garantizar los profesionales necesarios es esencial»,

A ello se suman -recordando el triste suceso de Jerez como ejemplo que les da la razón- UGT, que considera que el sistema «ha fallado» y que se podría haber evitado «si se hubiesen atendido demandas que los sindicatos llevamos pidiendo hace años de ampliar plantillas e invertir en salud mental para prevenir estos casos y proteger a profesorado y resto de la comunidad educativa».

CSIF apela a una inyección de personal, especialmente en esta parcela. «Hemos solicitado una mesa sobre diversidad para una revisión de la normativa y de las condiciones laborales. Porque, en Córdoba, el alumnado diagnosticado con necesidades educativas ha aumentado un 35%, pero los recursos para atenderlo solo un 15%. Vamos siempre a la cola en estos temas».

Y CCOO pide más docentes (un 20%-25% más en estas áreas) y que se planifiquen los puestos de orientadores de inclusión, de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje, además de los PTIS (Personal Técnico de Integración Social) con antelación para que «se incorporen el 1 de septiembre y no a mitad o final del primer trimestre, con el consiguiente retraso y perjuicio en su actuación. Además, están saturados y tardan meses en cubrir cada zona que les toca. No solo hay que abrir aulas, hay que dotarlas de personal». 

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