La inserción de la discapacidad, un avance necesario

Las administraciones públicas están obligadas a reservar un cupo no inferior al 7% de las vacantes para personas con discapacidad (PCD), de las que al menos el 2% habrán de ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual. Ésta es la norma básica, pero las comunidades autónomas pueden elevar este cupo y adoptar sus propias normas.

Por otro lado, las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores deben cubrir al menos el 2% de la plantilla con estas personas. «Estudios autorizados constatan no sólo la falta de cumplimiento de la cuota del 2%, sino la falta de un flujo de información adecuado desde los Servicios Públicos de Empleo en relación con el empleo de las PCD», dice la profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social María Luisa Rodríguez Copé quien recuerda que se contemplan excepciones y medidas alternativas, como donaciones, acciones de patrocinio con fundaciones o asociaciones cuyo fin sea la formación, inserción laboral o creación de empleo de PCD, la contratación con centros especiales de Empleo (CEE) o con un trabajador autónomo con discapacidad o también la constitución de un enclave laboral. Esta realidad puede propiciar la aparición de empresas de servicios que empleen a personas con discapacidad para dar cobertura a las medidas alternativas lo que, además de suponer un riesgo para las condiciones laborales de los trabajadores, facilita eludir el objetivo de integración laboral mediante el empleo ordinario.

En este ámbito, los Centros Especiales de Empleo son «una importante herramienta de integración sociolaboral y un muy valioso instrumento para el trabajo productivo y remunerado de personas con alguna discapacidad». De hecho, 3 de 4 personas con discapacidad encuentran trabajo a través de estos centros que en opinión de Rodríguez «están cumpliendo su función de puente». Los CEE cuentan con programas de ayudas y subvenciones públicas. «Estas bonificaciones son imprescindibles y vienen a consolidar las políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo para luchar contra su exclusión del mercado laboral. ¡Ojo!, en términos de empleo, las personas con discapacidad están en el vagón de cola. Por ello, debería haber un incremento de las políticas activas», subraya Rodríguez que aboga por equiparación de los dos tipo de CEE existentes: los de iniciativa social, participados en más de un 50% por entidades sociales o sin ánimo de lucro; y los de iniciativa empresarial.