El diagnóstico y la planificación, claves en las políticas de empleo

Las políticas de empleo son fundamentales para impulsar la creación de empleo. El profesor Antonio Costa considera que las políticas de empleo «adolecen en demasiadas ocasiones de una falta de diagnóstico y planificación estratégica» y una «verdadera coordinación de las administraciones públicas para favorecer la territorialización» que, en su opinión, es la clave del éxito de dichas políticas, además de incidir en los colectivos vulnerables: jóvenes sin cualificación, parados de larga duración, personas con discapacidad, ciertos grupos de mujeres, personas en riesgo de exclusión, etc.

En todo caso, «una política de empleo no puede concebirse sin una política económica e industrial acorde», afirma Costa quien indica que los Fondos Next Generation deberían facilitar esa coordinación pero «tengo más que serias dudas de que se esté llevando adecuadamente en nuestra comunidad». De hecho, Costa critica la escasa evaluación sobre la eficiencia y efectividad de las políticas de empleo implementadas.

La digitalización es una oportunidad, pero puede generar precariedad

Según Costa, se sigue abusando de las ayudas económicas a la contratación, mientras que otras medidas más vinculadas a la orientación laboral (IPI, itinerario personalizado de inserción), al impulso empresarial -especialmente, de economía social y emprendimiento colectivo-, la mejora de cualificaciones profesionales u oportunidades de experiencia profesional «han recibido tradicionalmente menos recursos y carecen de esa visión integral y a medio plazo». No obstante, «la última Ley de Empleo prevé algunos cambios en orden a la financiación de las políticas de empleo que pretenden corregir estos problemas, pero aún es pronto para ver resultados».

Servicios públicos de empleo

El catedrático Federico Navarro afirma que «es una evidencia que España está a la cola de la UE en el uso de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) para buscar trabajo». «Los mecanismos para evaluar la empleabilidad de los desempleados y establecer un itinerario personalizado de búsqueda de empleo no están generalizados, ni coordinados, ni existe evaluación de la gestión realizada en términos de eficacia. Por tanto, es esencial una modernización de los instrumentos administrativos y de servicios, que nunca llega», resume y puntualiza que «las soluciones están básicamente en revisar el programa de gastos. Las subvenciones y bonificaciones a la contratación no son eficaces» y «hay que reorientar el gasto hacia recursos humanos suficientes y cualificados para una prestación eficiente de los servicios públicos. Y paralelamente hay que incidir en la cooperación entre servicios públicos y privados».

Legislación

En este sentido, «la Ley de Empleo de 2023 subraya estos objetivos, aunque se remite a las correspondientes previsiones presupuestarias y a las pertinentes políticas del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, más de lo mismo. También la Ley pone el acento en la necesidad de evaluación de resultados» aunque «está por ver si se ponen en marcha las políticas al efecto», duda Navarro.

Desde que en 1993 se acabara con el monopolio del INEM en la intermediación en la colocación con la legalización de las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro, el incremento de la colaboración público-privada ha estado impulsado «tanto por el reconocimiento de la ineficacia de los servicios públicos de empleo en la colocación, por el desfase español frente a la normativa internacional en ese sentido, y por el compromiso del incremento de los medios personales, técnicos, de coordinación y modernización tecnológica para realizar eficazmente esa labor», explica la profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (DTSS) y coordinadora de la materia Implementación de las políticas públicas de empleo del Máster de Empleo de la UCO, Inmaculada Benavente Torres. Pero Benavente dice que «las cosas están cambiando en profundidad». «El esfuerzo de modernización del SAE se dirige a funcionar como un portal digital de empleo. También a partir de junio, el SAE tiene previsto relacionarse con las empresas de forma telemática, de manera que la empresa va a poder gestionar su propia oferta y las candidaturas, con la posibilidad de solicitar apoyo técnico», destaca.

«La intermediación en el mercado de trabajo es o debe ser ante todo un instrumento de igualación social y, en consecuencia, debe garantizarse el cumplimiento de esa misión, en especial a través de la gratuidad del servicio para los trabajadores, la tutela frente a la discriminación -también la algorítmica-, y la protección de la intimidad», remarca Benavente. ESta profesora de Derecho del Trabajo apunta a su vez que con la reforma de la Ley 3/2023, de Empleo «entiendo que también se avanza en ese sentido, toda vez que se califica como intermediación, entre otras, las labores de prospección, captación y selección, y no sólo la puesta en contacto».

Autónomos

La realidad del trabajador autónomo también ha cambiado radicalmente. «Hoy en día priman los trabajos en los que se presta el servicio de manera continuada y, casi exclusiva, para algunos clientes», afirma Antonio Costa quien advierte que «en muchas ocasiones eso implica una autoexplotación por parte del autónomo, que tiene que competir precarizando sus condiciones de trabajo».

Por ello, Costa aboga por reducir la diferencia en la protección entre autónomos y cuenta ajena y apostar por una mejora de la tutela del trabajo personal y directo (particularmente, cuando existe dependencia económica de ese cliente principal).

Costa plantea cambios normativos «en aras a establecer responsabilidades y obligaciones de las empresas clientes para con ese nuevo tipo de autónomo, por ejemplo, con relación a la protección social (pensiones), prevención de riesgos laborales, retribución mínima, jornada máxima o resolución del encargo. Igualmente, y en coherencia, habría que fortalecer sus derechos colectivos (negociación colectiva, huelga, etc.). Pero también seguir mejorando sus derechos de conciliación, fomentar proyectos empresariales colectivos y, en algunos casos, una importante reducción y simplificación de la carga que soportan tanto burocrática como fiscal (no tiene sentido que en la práctica contribuyan proporcionalmente más que muchas grandes empresas)».

Mujer

El profesor del Departamento de DTSS Stefano Bini dice que los datos «demuestran claramente que las reformas aprobadas en ámbito laboral en los últimos tres años están funcionando, contribuyendo significativamente a la generación de un empleo estable y de calidad». No obstante, «no cabe duda de que mucho queda por hacer, sobre todo con respecto a la inaplazable necesidad de cerrar las múltiples manifestaciones de la brecha de género existente y de contribuir a generar empleo femenino realmente de calidad. Las mujeres siguen sufriendo temporalidad y parcialidad involuntarias, así como condiciones de mayor precariedad inaceptables» y aunque «la situación ha mejorado mucho a lo largo de los últimos años, no es suficiente: la desigualdad y la discriminación que las mujeres siguen sufriendo es inaceptable».

En términos propositivos, «creo que es indispensable, entre otras cosas, seguir abordando el tema central de las políticas activas de empleo cada vez más con perspectiva de género, así como impulsar la transposición en nuestro ordenamiento de la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento».

En este ámbito, Federico Navarro cree que España cuenta con un marco jurídico avanzado en materia de conciliación. «El problema es que la regulación es abierta y deja demasiados espacios al conflicto entre trabajadores y empresarios», comenta y advierte del riesgo de «una mera documentalización de las medidas y planes de igualdad, como ya ocurriera en los años 90 con los protocolos de prevención de riesgos laborales».

«El legislador debiera ser más realista en sus políticas del derecho y aportar recurso para atenuar los costes empresariales en la puesta en marcha de estas políticas», sugiere Navarro a lo que la profesora Inmaculada Benavente añade que la obligatoriedad de que los planes sean negociados con los sindicatos puede generar un problema de saturación. De hecho, ante apunta que ya existen sentencias admitiendo la redacción unilateral de estos planes.