Expertos en Derecho del Trabajo de la UCO resaltan el valor del diálogo

El mundo del trabajo es complejo y crear un marco jurídico que conjugue los intereses de todas las partes implicadas no es fácil.

El catedrático del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (DTSS) de la Universidad de Córdoba, Juan Escribano Gutiérrez, afirma que «el actual Derecho del Trabajo es el resultado de una sucesión, casi ininterrumpida, de reformas flexibilizadoras».

El también catedrático de DTSS y director del Máster Interuniversitario de Empleo de la UCO, Federico Navarro Nieto, señala que «a través del diálogo social y las reformas laborales, particularmente las de 2010, 2012 y 2021, se avanza hacia un escenario jurídico laboral apoyado en bases que parecen aceptarse por una mayoría de actores políticos y sociales. Se trata de avanzar hacia un modelo que busca, con dificultades, un equilibrio entre flexibilidad en la gestión de las relaciones laborales, fortaleciendo el poder empresarial y la gestión negociada de condiciones laborales, y de seguridad y estabilidad en el empleo, restringiendo la contratación temporal, imponiendo reglas sobre salario mínimo y facilitando las medidas de flexibilidad interna frente a medidas como los despidos».

El también director de la Cátedra de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales de Andalucía apunta que «los problemas ahora están en la inestabilidad y la defectuosa técnica jurídica en las últimas reformas, que generan inseguridad jurídica». «En realidad, problemas relevantes como los bajos salarios y la precariedad en las condiciones laborales proceden de la propia dinámica del tejido productivo, con sectores relevantes basados en una baja productividad y bajos costes laborales (la hostelería, por ejemplo)», indica.

La reforma de 2022

El vicedecano de la Facultad de Ciencias del Trabajo e investigador principal del proyecto nacional Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España: proyección e impacto de sus políticas palancas y componentes sociales en el marco jurídico sociolaboral, Antonio Costa Reyes, opina que, en materia de contratación laboral, la reforma de 2021 «nadie puede negar que ha tenido un resultado evidente en la reducción de la temporalidad (de hecho, si no fuera por la pésima situación del empleo público, los datos estarían en línea o mejor que la media europea)». De ello se concluye que, por un lado, «las altas tasas de temporalidad no se explicaban por la falta de flexibilidad (de hecho, ya existen cotas amplias de gestión flexible, pero que en muchas ocasiones ni tan siquiera se usaban por la cultura de la temporalidad que existía). Y, por otro, que la modificación normativa, en orden a la limitar la temporalidad y mejorar derechos laborales no solo no ha implicado destrucción de empleo, sino que, cuando menos, éste ha seguido creciendo a buen ritmo».

Por fin, «hemos situado el debate sobre la contratación no en torno a las tasas de temporalidad (cuantitativo), sino a la estabilidad y permanencia de los contratos o relaciones de trabajo (cualitativo)», subraya Costa quien entiende que el problema no cerrado que hay que afrontar son los costes del despido.

Por otro lado, «también es de destacar la (tímida) intervención en materia de (sub)contratas, al objeto de evitar los abusos y la competencia basada en la precarización de las condiciones laborales (salariales esencialmente) de las personas que trabajan en la empresas contratistas» aunque «quizás hubiera sido exigible una intervención más clara y rotunda, en términos similares a la situación de los empleados de las ETT en la empresa usuaria (equiparación de condiciones de trabajo), al menos como regla», comenta Costa.

En cualquier caso, Costa entiende que «todo ello favorecerá, a mi modo de ver, proyectos empresariales basados en el valor añadido y no en la competitividad por costes laborales, ya que la mayor estabilidad en la relación exigirá pensar en el medio-largo plazo».