Tribunales
El juzgado ordena al Ayuntamiento de Córdoba pagar al patrocinador del Campeonato de España de motociclismo de 2017
El Consistorio procederá al abono de 14.800 euros siete años después de que la empresa afectada patrocinara al equipo de motociclismo Deza-Córdoba Patrimonio de la Humanidad
El juzgado ordena al Ayuntamiento de Córdoba pagar al patrocinador del Campeonato de España de motociclismo de 2017. / CÓRDOBA
El juzgado de primera Instancia número 11 de Córdoba ha dictado un decreto y un requerimiento judicial en el que ordena al Ayuntamiento de Córdoba a que en el plazo de 20 días proceda al abono de 14.863,69 euros a una empresa cordobesa a la que le debía un acción de patrocinio desde el año 2017. La empresa afectada, que está radicada en Villafranca, es C.D. Box 77 Motoclub que tuvo que recurrir a los juzgados ante el impago del Consistorio cordobés durante todos estos años.
Campeonato de España de motociclismo
La obligación del abono que dicta ahora el juzgado proviene del impago de un contrato adjudicado a fecha 30 de noviembre de 2017 por el que la empresa demandante resultó adjudicataria. El contrato cerrado con el Ayuntamiento implicaba el patrocinio publicitario del equipo de motociclismo Deza-Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la celebración de las competencias a desarrollar en la temporada 2017-2018.
El juez entiende que la demandante acredita "sobradamente" que efectivamente el patrocinio tuvo lugar y cumplía con con todo lo estipulado en el contrato, participando en aquella temporada de las distintas categorías del Campeonato de España de motociclismo con el nombre, imágenes y colores de Deza-Córdoba Patrimonio de la Humanidad. En aquella temporada, el equipo lo dirigía Luis Castro y tuvo como referente a la piloto cordobesa Andrea Sibaja.
En el fallo, asimismo, se deja constancia de que el Ayuntamiento de Córdoba, a pesar de los requerimientos efectuados por parte de la empresa, no realizó al abono acordado en el referido contrato de patrocinio, de ahí el requerimiento judicial y la obligación al pago que legalmente se ha impuesto a las arcas municipales 7 años después.
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