La pluralidad parcelista de Córdoba obliga a mirar con lupa la ley Lista

Si por algo se caracteriza el paisaje parcelista de la ciudad de Córdoba es por su pluralidad. Durante años, estos núcleos poblacionales brotaron en diferentes puntos de la ciudad, quizá al amparo de la permisividad de la administración, para hoy concentrar a un pico importante de habitantes. El problema está, más allá de su condición de legales (o de todo lo contrario), en el acceso a servicios básicos, que no existe en todas las parcelaciones. La Lista, ley urbanística andaluza, fue concebida, en parte, para procurar que estas urbanizaciones tuvieran agua, luz y saneamiento.

El problema está en esa variedad de casuísticas que salpica a las parcelas cordobesas y que permitirá que en unos núcleos ese acceso a los servicios sea factible, pero que impedirá que ocurra en otros. Aquí van seis situaciones distintas de parcelaciones cordobesas y la potencialidad de que la Lista les beneficie en la medida de sus posibilidades.

La Junta de Andalucía da ayudas de hasta 10.000 euros a los parcelistas para su regularización

Cuevas de Altázar

Es la parcelación que más cerca está de conseguir un hito histórico: la plena legalidad de su situación urbanística. Situada a la vera de la carretera de Palma, Cuevas de Altázar es una urbanización con más de 400 parcelas y una población constante de unos 1.200 habitantes, cifra que se multiplica en verano. Juan Manuel León es el representante de los vecinos de la zona y recuerda que esta parcelación, junto con El Sol, es la más antigua de la ciudad. Tienen todos los servicios básicos: red de alcantarillado, agua o alumbrado público, y sus calles están asfaltadas. 

Como cuenta León, los propietarios llevan gastados ya tres millones de euros en el proceso de legalización, que no termina de rematarse. Explica el representante vecinal, y esto es algo en lo que coincide la mayoría de los consultados para esta información, que el problema con los retrasos y la lentitud radica en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Valora que se pusiera en marcha la Oficina del Territorio, que venía a analizar la situación de cada parcela y a intentar buscarle la solución más óptima. Pero el retraso que denuncian tiene que ver con una ronda de contactos que ya ha pasado la primera vuelta, y que está a la espera de una segunda que todavía no se ha producido.

Urbanismo da el paso previo a la legalización de Cuevas de Altázar, pero podría no ser definitivo

Cuevas de Altázar todavía tiene que dar una serie de pasos para ser legal 100%. Precisan protocolizar el proyecto de reparcelación para registrarlo en el registro de la propiedad, pero para ello les hace falta un certificado de firmeza que tiene que darles Urbanismo. Ese certificado, detalla León, «nos urge, pero las cosas de palacio van despacio, es una historia interminable».

Cuando se alcance este hito, podrán arrancar con la urbanización, donde se ejecutarán labores como cerrar la malla de agua, rematar el alcantarillado o abrir una nueva calle.

Campiñuela Baja Norte

La Campiñuela Baja se localiza muy cerca del barrio Fátima y entre la zona norte y la sur suman más de 1.000 vecinos. La norte cuenta con plan especial, la sur, no. Esto supone que la Campiñuela Baja Norte sea una de las parcelaciones que pueda verse beneficiada por la Lista en cuanto al adelantamiento de servicios.

Así lo cuenta Antonio Moya, que apunta que la ley urbanística les permite adelantar esos servicios mínimos provisionales mientras ejecutan la legalización total (que puede tardar años). El mayor problema en este sentido que existe en esta parcelación es que no hay acceso a agua potable, por lo que tiran, como en muchísimos núcleos, de pozos individuales. Sí tienen electricidad desde hace muchos años, y el sistema ha sido renovado hace poco porque ya se había quedado obsoleto. Moya asegura que la antigua norma, la LOUA, ya les permitía adelantar los servicios, aunque nunca se consiguió.

Ahora están, como la mayoría, a la espera de la segunda vuelta de reuniones de la Oficina delTerritorio. El representante vecinal se muestra crítico con la administración, pues asegura que «nos tratan como incultos e ignorantes y nos entra el hartazgo. Esto parece un juego de trileros, ahora la pelotita aquí; luego allí», lamenta.

Santa Ana de la Albaida

Más que una urbanización, Santa Ana de la Albaida es, al uso, una calle. A la misma se accede por la carretera de Trassierra y está muy cerca del Club Hípico, es decir, por la zona de expansión del Hipercor. José Reyes, vecino de este núcleo, recuerda que ya hace 30 años de que entregaran al Ayuntamiento las obras de la zona. En este caso, lo que busca Santa Ana de la Albaida es disolver la entidad de conservación, una figura que durará hasta que la administración lo estime oportuno. A grandes rasgos, una entidad de conservación es una figura urbanística en la que los propietarios asumen el mantenimiento y conservación de la urbanización, así como de las instalaciones, de las que ha sido dotada por parte de la administración pública.

Reyes insiste en que la entidad ya debe desaparecer y apunta que hay precedentes legales que así lo han establecido. «No puede estar una urbanización en una situación de indefinición durante años y años», reprocha y asegura que desde Urbanismo se les ha dicho que esa finalización «está al caer» porque reconocen, según Reyes, que «no tiene sentido» que la figura siga activa en esta zona.

En Santa Ana de la Albaida también están a la espera de una segunda reunión con la Oficina del Territorio, pero entiende Reyes que con ese calendario «entramos en el gran saco de urbanizaciones con una problemática muy compleja y que nada tienen que ver con nosotros». «El único hilo que nos agarra a la administración es que nos tenemos que hacer cargo del pago del alumbrado público, que no son más de 1.000 euros, por eso estamos enganchados a la entidad. Queremos ser una calle normal. Somos suelo urbano consolidado», incide Reyes, que recuerda que, en cuanto a servicios básicos comunes, los tienen todos, excepto el alumbrado público, que lo costean ellos.

El Alamillo

La parcelación de El Alamillo se sitúa muy cerca de Cuevas de Altázar, pero su situación urbanística no está tan avanzada, aunque sí lo está con respecto al resto de parcelaciones de la ciudad. El Alamillo ya ha presentado su proyecto de reparcelación y está a la espera de que Urbanismo le dé el visto bueno. La Lista, cuenta Rafael Mora, representante vecinal de la zona, sí que les favorece porque, además de permitir el adelantamiento de servicios básicos, también lo hace en el ámbito económico.

Como los que le preceden en esta información, Mora cuenta que el mayor escollo se lo encuentran en la Gerencia, pues el citado proyecto de reparcelación lo presentaron hace varios años y todavía no tienen respuesta.

«Los que vivimos aquí nos hemos acostumbrado a ir con la garrafa a la fuente», comenta este vecino de El Alamillo, donde hay unas 240 parcelas en las que su población suele vivir de forma continuada, es decir, como primera residencia. En esta urbanización cuentan con un pozo comunitario y, como apostilla Mora, el problema no está solamente en no contar con agua potable, sino en la contaminación que se hace del subsuelo al no haber un sistema adecuado de saneamiento. Sí cuentan con luz, porque se puso cuando se vendió la parcelación en la mayoría de las parcelas, aunque existen algunas de ellas en las que la electricidad se consigue, reconoce Mora, con «enganches dudosos».

«Los que vivimos aquí nos hemos acostumbrado a ir con la garrafa a la fuente»

A la espera de contar con unos servicios básicos comunes, en El Alamillo ya hay cuatro vecinos que han solicitado obtener el reconocimiento asimilado a fuera de ordenación (AFO), una figura que existe en Andalucía desde 2012 para edificaciones construidas sin licencias y legalmente prescritas. En este caso, la Gerencia de Urbanismo sí les ha concedido el reconocimiento de AFO a los cuatro solicitantes, pero precisan todavía de los permisos de la empresa municipal de aguas Emacsa.

Entorno de Medina Azahara

Juan Carlos Montero, vecino de la urbanización Las Pitas, a las faldas del conjunto arqueológico de Medina Azahara, recuerda cómo antes de que la ciudad palatina consiguiera el reconocimiento de Patrimonio Mundial por parte de la Unesco se decía que las parcelas de su entorno iban a impedir la declaración. No fue así. Estar en un lugar tan próximo a un monumento de tamaña entidad puede no favorecer a estas parcelas a conseguir ciertos objetivos, aunque sus vecinos están seguros de que no es así.

Explica Montero que con la Lista en la mano tienen la posibilidad de desarrollar un plan de adecuación ambiental y territorial. Se trata de un plan para aquellas parcelaciones a las que la norma no les permite llegar a conseguir la condición de legales. Y el objetivo es, básicamente, acceder a servicios básicos. Además, la Junta de Andalucía ha anunciado subvenciones de hasta 10.000 euros para el desarrollo de estos planes.

Una decena de parcelaciones podrá pedir las ayudas para su regularización

En el caso de Las Pitas, según detalla Montero, ya se ha solicitado un informe a la Gerencia de Urbanismo para que se pronuncie al respecto y han mantenido una primera toma de contacto con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Y es que, recuerda este representante vecinal, «nuestro posible plan de adecuación a desarrollar está siempre supeditado al informe sectorial que emita Cultura».

En este núcleo poblacional confían en conseguir dicho plan, aunque también reconocen que no van a «tirarse al vacío» de empezar a tramitarlo sin tener los dos informes necesarios, el de Urbanismo y el de Cultura. Es en dicho plan donde resolverán ese problema de estar tan cerca del monumento. Según Montero, «la propia Unesco ha dicho claramente que el problema que hay que resolver es el impacto visual» y añade que la clave estará en que «Cultura nos diga cómo resolver ese impacto y lo tendremos que contemplar en nuestro plan de adecuación».

Con respecto a su situación, en Las Pitas hay 180 viviendas donde el 80% de sus residentes viven de forma habitual. Lo único que tienen es electricidad, pues no cuentan con agua potable, sino que tiran de pozos, como en muchas otras parcelas.

Trassierra

Si las parcelaciones que están cerca de Medina Azahara tienen complicado, por decir imposible, alcanzar la legalidad, hay algunas que están todavía en peor situación, como son muchas de las que se encuentran en la zona de Trassierra. Lo básico aquí es que la Sierra es una zona medioambiental protegida, y ya está. «Muchos pinos, encinas, animales… hay que protegerlos, claro. Pero también hay muchas personas que llevamos muchos años viviendo aquí, ¿cómo nos protegemos nosotros?», la pregunta se la plantea Juan Manuel Luque, presidente del Consejo Distrito Trassierra, que sobre la Lista cree que «está hecha para beneficiar a unos pocos, pero muy pocos». Entiende Luque la norma no se ha hecho contemplando la realidad parcelista de Córdoba y cree que es «muy parecida a la de antes».

En opinión del presidente del consejo de distrito de Trassierra, «aquí hubo unos gobiernos hace 20 años que incitaban a ello, nos decían que no comprásemos en Córdoba porque era caro, y que nos fuésemos a la Sierra. No podíamos comprar pisos en Córdoba, nos echaron a la Sierra a vivir». 

La realidad ahora es que la consecución de servicios básicos, como el agua, es muy complicada. Ya se han reunido todas las urbanizaciones de la zona con la Oficina del Territorio y todas, dice Luque, tienen la misma impresión. «La infraestructura es necesaria, pero es imposible hacerla, primero por lo costosa que es y segundo porque nos vamos a encontrar que a muchos nos van a decir que estamos en terreno de especial protección», detalla Luque. En el distrito de Trassierra viven entre 15.000 y 20.000 personas, cifra que en verano puede llegar a las 60.000, según las cifras que aporta el propio consejo de distrito.

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