Vulneración del derecho de igualdad

Llevamos 45 años viviendo en democracia, con una transición fundamentada en la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político como valores superiores reconocidos en el primer artículo de nuestra Constitución. En su artículo 14, se reconoce que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Siendo nuestra Constitución garante de los derechos de los españoles, entre ellos el derecho fundamental de Igualdad, sobre el que, por una parte, vincula a todos los poderes públicos y, por otra, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela ante los tribunales ordinarios y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, no se entiende que la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno se fundamente precisamente en la vulneración de este fundamental derecho. Ello supone la quiebra del marco constitucional y la violación del respeto a la ley y de los derechos de los ciudadanos, que son fundamento del orden político y de la paz social, como tal reconoce la Constitución.

La eliminación del delito de sedición, la tramitación de una ley de amnistía, los indultos de los eres... no cabe duda que son actuaciones políticas de interés partidista por quien nos gobierna y donde los intereses generales son pisoteados. Los destinatarios de esas actuaciones del Gobierno de Sánchez son precisamente independentistas y separatistas de España, de los que depende para seguir aquel en el poder, así como socialistas condenados por malversación de caudales públicos y prevaricación en perjuicio de los andaluces, principalmente en desempleo. No es sólo que quien tiene el deber de gobernar España gobierne en beneficio de unos pocos, es que la izquierda que nos gobierna tiene bula para hacer y deshacer, mentir e infringir la ley sin reparo alguno. Y es que con la fiscalía dependiente de Sánchez, como él reconoció, con unos tribunales superiores designados en parte por los dirigentes políticos, que no judiciales, con la medida de gracia del indulto y, en definitiva, con el retorcimiento de las instituciones a favor de intereses particulares se actúa en beneficio propio y no para el general de todos los españoles. Con la amnistía e indultos quiebra el derecho de igualdad con respecto a otros condenados comunes en prisión, a los que se les desprecia y ningunea, ¡no hay mayor maltrato! Ejemplo claro de que no todos somos iguales ante la ley. Lo realmente sorprendente es que pocos medios de comunicación alertan de ello y muy pocos agentes sociales y económicos alzan la voz contra la vulneración de sus derechos y libertades truncados. No podemos obviar que las concesiones a los independentistas conlleva traspaso de competencias y de recursos económicos en detrimento del resto de los españoles. No sólo se trata de que un prófugo de la justicia y otros condenados «nos marquen el paso político, económico y social» al resto, es que como andaluces y cordobeses recibiremos de los presupuestos generales del Estado menos dinero. Son ellos, con el beneplácito de Sánchez, los que deciden cuánto y cómo.

Quiebra así el derecho de igualdad en la asignación equitativa de los recursos públicos, cuya programación y ejecución deben responder a criterios de eficiencia y economía. Por ello, es fundamental que nuestros diputados, sean del signo político que sean, defiendan los intereses propios de la tierra. Que Cataluña o el País Vasco defiendan la independencia o disponer de más competencias y dinero se entiende, pero lo que no tiene justificación alguna es que diputados de Andalucía, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón o Cantabria voten en contra de los intereses sociales y económicos de los ciudadanos que los eligieron y en favor de los perseguidos por catalanes y vascos.

Tenemos que hacer valer nuestros intereses. Tenemos que exigir a quienes nos representan la protección de nuestros derechos, especialmente la libertad e igualdad que nos pertenece, pues su deber y obligación es la defensa de los intereses generales, con igualdad y equidad.

* Abogada

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