Se oye desde hace tiempo que la democracia está en peligro, quizás sea porque los partidos políticos utilizan esa idea arrojadiza para criticar la actuación del contrario, contando además con algunos medios de comunicación que les ayudan a justificar su actuación y a propagar su ideología. Y es que la vida política, y por tanto la económica y social de todos, está sufriendo una invasión ideológica sin precedentes dejando a un lado los principios que deben regir toda actuación pública, entre otros los de eficacia, eficiencia, neutralidad, objetividad, publicidad o transparencia. El pensamiento ideológico único los ataca sin miramientos, ejemplo indiscutible de ello lo estamos viendo en la aprobación de los presupuestos y en las consecuencias de la aplicación de la ley del ‘sí es sí’.
Yo creía que los presupuestos generales del Estado buscaban el bienestar de todos los españoles debiendo evitar en toda medida desequilibrio económico entre regiones que genere vulneración del derecho de igualdad, pero año tras año, sea el gobierno el que esté en el poder, se entra en un mercadeo con las enmiendas propuestas por los distintos grupos parlamentarios. Se puede entender a efectos económicos querer conseguir más ingresos para invertir en su territorio, pero lo que es un despropósito es supeditar el apoyo a los presupuestos a la cesión de determinadas competencias o a la modificación de los delitos de sedición y malversación. Sobre éstos últimos, considero inadmisible no solo tal intercambio con el Govern reconocido por el Gobierno sino la propia modificación de esos delitos; por una parte, solo benefician a la clase política que alardeaba precisamente de la regeneración y tolerancia cero en la corrupción, y por otra, la cuestión no es rebajar las penas de unos delitos de gran repercusión social y graves consecuencias que no tiene contenido económico alguno para ir ligado a los presupuestos sino evitar que, siendo los políticos sujetos activos de los mismos, los comentan. El principio de proporcionalidad establece que nunca la comisión de un delito o infracción tipificados resulte más beneficioso que el cumplimiento de las normas infringidas, y ¡más bien parece que se estuviera facilitando la comisión de los mismos! Increíble en un estado de derecho.
Pero donde la invasión ideológica es más patente es la del feminismo único de Unidas Podemos en la ley del ‘sí es sí’. La ley estrella del Ministerio de Igualdad, que propicia la revisión de penas por el carácter retroactivo al ser más favorable a los maltratadores y violadores condenados. Los jueces aplican esta ley propuesta por el Gobierno y aprobada por sus socios de investidura, invocada por los abogados de los condenados en un proceso con todas las garantías con participación de la defensa de la víctima y de fiscalía. No hay una errónea aplicación de la ley por jueces machistas y con poca formación como airadamente manifiestan las carentes de experiencia legislativa Irene Montero y su Secretaria de Estado, que por cierto no utilizan en este caso el lenguaje inclusivo (machismo puro) siendo su único objetivo la imposición ideológica, algo indamisible e irresponsable. No se puede esperar como dice Sánchez a que haya un criterio unificado de los jueces sino que hay que modificar la ley ya, para evitar más excarcelaciones. Cuando la ideología e interés partidista está por encima del interés general, perdemos todos los ciudadanos. La democracia no es solo votar, es exigir en cada actuación política eficacia, objetividad, transparencia y las responsabilidades que se consideren, porque la actuación política y pública impregnada de imposición ideológica no es democracia.
