Caso Infraestructuras: testigos confirman al juez la posible existencia de contratos fraccionados en el Ayuntamiento

El juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha tomado declaración este viernes a testigos del caso Infraestructuras que habrían confirmado la posible existencia de contratos fraccionados en el Ayuntamiento de Córdoba, sin que ello, necesariamente, implique la comisión de delitos.

Los testigos llamados a declarar han sido el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Aguilar; la interventora general, Paloma Pardo; un empresario; la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y el exportavoz del grupo municipal de IU Pedro García. 

Esta causa trata de esclarecer la presunta comisión de irregularidades en la contratación desarrollada en el área de Infraestructuras del Consistorio municipal de la capital y se inició a raíz de la denuncia formulada por los grupos municipales de IU y Podemos en 2021.

En mayo de aquel año, estos grupos trasladaron a la Fiscalía provincial la presunta comisión de prevaricación, fraccionamiento de contrato y falsedad documental en actuaciones del área de Infraestructuras, y apuntaron a su coordinadora, María Luisa Bueno (que es representada por el abogado Francisco Javier Pérez) y al concejal responsable, David Dorado (defendido por Carlos Arias) como responsables políticos.

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El exportavoz del grupo municipal de IU Pedro García se ha ratificado este viernes en la denuncia formulada y ha asegurado que "firmo desde el principio hasta el final" lo expuesto en aquel momento por su compañera y también concejala de IU, tristemente fallecida, Amparo Pernichi. Pedro García ha destacado que "nos alegramos mucho de que por fin se aclaren los hechos relativos a la denuncia que pusimos" y ha manifestado, además, su "confianza máxima en lo que diga la Justicia". 

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Advertencias de fraccionamiento

Fuentes próximas a este procedimiento judicial explican que, en líneas generales, los testigos se han ratificado este viernes en su valoración de los hechos. En este sentido, apuntan que en sus declaraciones habrían explicado al juez que existían advertencias de fraccionamiento de contratos en las diferentes áreas municipales, pero esto no implica, por sí mismo, la comisión de un delito.

Los testigos también habrían señalado que la plataforma de contratación no funcionara adecuadamente por falta de personal y de otros medios, y que el Ayuntamiento de Córdoba dio una instrucción para que las contrataciones continuaran realizándose por invitación a las empresas.