El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, ha declarado este miércoles durante tres horas ante el juez de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, en calidad de testigo en la causa del conocido como caso Infraestructuras, aún en fase de diligencias previas.
A la salida de su declaración ante el juez, David Dorado, que en un primer momento había declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que "no hay ningún delito. Estoy convencido de que el juez lo sabe ya", y se ha mostrado confiado en que la causa sea archivada. "La declaración no se me ha hecho larga, porque no han sido muchas preguntas, han sido muchas respuestas", ha comentado acerca del interrogatorio.
El ex concejal de Infraestructuras ha manifestado que el juez no le ha preguntado por cada uno de los contratos investigados, sino por algunos en concreto, y ha indicado que "todo es legal, todos lo expedientes están completos y todo se ha hecho conforme a los procedimientos legales. No hay nada".
Dorado ha confirmado que, en su opinión, los denunciantes de este caso, los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, han actuado de mala fe "para montar un circo, de hecho, no se han personado. IU y Podemos pusieron la denuncia en Fiscalía y no están personados, lo está el PSOE. Esto lo han hecho para consumir los recursos públicos, para montar su circo mediático y calumniarme. Eso tendrá su respuesta más adelante", ha avanzado.
De este modo, ha reseñado que los denunciantes "acusan una vez y otra sin pruebas, incluso en algunas ocasiones sin presunción de inocencia, y por eso tendrá que responder en los juzgados el señor García (Pedro García, portavoz de IU) y todas las personas que han actuado de esa forma".
En esta línea, consultado por la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra quienes denunciaron el caso Infraestructuras, ha aseverado que, "por supuesto, voy a llegar al final. No me voy a quedar quieto. He estado un tiempo en un rincón, porque tenía que organizar mi cabeza y mi vida", ha explicado, aclarando, asimismo, que en estos momentos se encuentra de baja médica.
Acerca de las consecuencias que para el Gobierno municipal tendría la resolución del caso de una forma favorable para su gestión, al ser preguntado por si espera recuperar sus responsabilidades David Dorado ha señalado que "habrá que ver la catadura moral del alcalde ahora, porque lo que tendrá que hacer no es restituir mis puestos en el gobierno, sino los de mi equipo también", ha indicado en referencia a la ex coordinadora del área de Infraestructuras y el técnico imputados.
Falta de apoyo y renuncia a la política
David Dorado ha lamentado que ante este procedimiento judicial "no me he sentido apoyado por absolutamente nadie, ni por mi propio partido". En cuanto a la posibilidad de que quisiera enviar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores del área de Infraestructuras ante esta situación, ha manifestado que "ahora mismo, lo que quiero es descansar yo. Y ya habrá que ver quién se puede relajar y quién no. Porque puede ser que haya trabajadores, aunque no sean de Infraestructuras, a los que a partir de ahora les duela la cabeza y mucho", ha adelantado en referencia a los procedimientos judiciales abiertos.
"No tengo interés en volver a presentarme a unas elecciones, lo tengo clarísimo. No me ha gustado esta experiencia. No necesito la política, soy ingeniero y profesor del cuerpo de profesores de FP de la Junta, y no he necesitado nunca de la política para vivir. No me voy a volver a presentar a las. Ahora, el tiempo que me queda aquí voy a dar la batalla hasta el último día, por lo legal y por lo político", ha adelantado sobre su futuro.
De esta forma, sobre las peticiones de dimisión que han planteado de manera reiterada grupos municipales en la oposición, Dorado ha manifestado que "no tengo por qué renunciar. Lo que me tienen es que restituir todos los cargos. La cuarta tenencia de alcaldía, la delegación de Infraestructuras, Medio Ambiente y Sadeco, que no tiene nada que ver con este caso, pero aún así me lo quitó también el alcalde".
Obstaculización a la investigación judicial en el Ayuntamiento
David Dorado ha admitido que tras prestar declaración ante el juez "me siento liberado" y ha avanzado que "espero que esto sea la recta final y un cambio de ciclo, porque todavía hay cosas pendientes en la Justicia que he denunciado y que veremos a ver lo que pasa. Está habiendo unos movimientos muy extraños en el Ayuntamiento con respecto a esa denuncia que puse en Fiscalía", ha asegurado en referencia a la denuncia sobre contratos realizados en la unidad de alumbrado público entre los años 2016 y 2020.
Así, ha destacado que se están realizando "obstaculizaciones a la investigación" judicial y que "la fiscal ha requerido al Ayuntamiento, al instructor de la instrucción que yo inicié, documentos desde el año 2012, que afectan al mandato de José Antonio Nieto también". "La Fiscalía ha requerido al instructor documentación y el instructor la ha requerido a los distintos órganos del Ayuntamiento y algunos le han negado esa documentación", ha detallado.
A esto ha añadido que el Ministerio Público "ha pedido datos de responsables, directivos y políticos en Infraestructuras y Contratación desde el 2012 hasta hoy. Entre esos nombres está el señor Bellido, que era responsable de Hacienda y Gestión". "La fiscal ha requerido contratos específicos", ha indicado, haciendo mención al del "alumbrado de Villarrubia del año 2012, que por cierto, se ha perdido, en Infraestructuras no lo encuentran, unas cosas un poco raras", ha valorado.
El ex concejal de Infraestructuras ha anunciado que "no tengo interés en montar un circo" al ser preguntado por la proximidad de las elecciones autonómicas, haciendo hincapié en que "mi interés es que se restituya lo que se ha sustraído para restablecer el orden y la Justicia. Que cada palo aguante su vela. Puse una denuncia, sigue en marcha y si pasa a juicio y resulta que una de las personas a las que tienen que interrogar es el propio alcalde, que vaya como he venido yo".
"Han funcionado los mecanismos de control"
Además de él, se esperaba también hoy la declaración del jefe de alumbrado, y ha sido citado el "encargado-capataz" de la unidad de mantenimiento de edificios y colegios públicos en funciones durante el año 2020. Fuentes municipales han precisado que no existe la figura de "encargado-capataz", sino que existe un encargado y un capataz de la referida unidad de mantenimiento. Ambos han esperado a que finalice la declaración de Dorado para atender el requerimiento del juez instructor.
Este periódico ha solicitado una valoración de la situación a fuentes próximas al caso, que han afirmado que, en su opinión, "han funcionado los mecanismos de control, ya ha salido publicado, que estaban advertidos de que podía haber un fraccionamiento". De este modo, han señalado que "el juez tendrá que determinar si ha habido voluntad de delito o no hay nada. Hay un juez investigando si ha pasado algo. El juez determinará: si hay delito, vamos a juicio, si no lo hay, no vamos a juicio. Pero los mecanismos de control, que para eso estaban, decían que veían algo que no es lo habitual". No obstante, han recordado que "el derecho no es blanco y negro. Tiene muchos matices".
Estas mismas fuentes han aludido al "cansancio" que el caso judicial provoca entre trabajadores del área de Infraestructuras y a las "ganas de que esto se acabe y se esclarezca. Nunca es bueno estar en la picota", han lamentado.
Esclarecer presuntas irregularidades en contratos menores
El titular del juzgado número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, trata de esclarecer si en la Delegación de Infraestructuras del Consistorio cordobés se cometieron irregularidades en contratos menores, tal y como señaló en su momento el Ministerio Fiscal y apuntó en su auto el juez al considerar que los hechos investigados hacían presumir la posible existencia de una infracción penal, en concreto posibles delitos de prevaricación administrativa para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes, y elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar; falsedad en documento oficial, así, como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos.
De momento, solo están imputados la entonces coordinadora de la delegación (un cargo de confianza nombrado por el gobierno local y que fue cesada en noviembre del 2021) y un técnico municipal responsable de la unidad de mantenimiento de edificios y colegios públicos. Ambos ya han sido llamados a declarar por el juez. En dichas declaraciones, la coordinadora ha sostenido que a la hora de contratar seguía la opinión de los técnicos y señaló al entonces concejal del área, David Dorado, como responsable de la designación del funcionario también imputado.
La derivada política de este caso provocó en diciembre del 2021 que el alcalde, José María Bellido, ordenase el cese del hasta entonces concejal de Infraestructuras, David Dorado, de sus funciones en este área y que el edil fuera relegado a las labores de portavoz de su grupo municipal. El cese provocó la cuarta crisis de gobierno de este mandato y puso al frente de la delegación investigada a un nuevo concejal de Cs: Antonio Álvarez.
Curiosamente, la notificación del juzgado para que Dorado acudiese a los juzgados a declarar provocó hace unos días un episodio colateral en la oficina del Registro municipal. Las funcionarias encargadas del mismo fueron denunciadas por el edil al considerar que habían violado su intimidad al abrirle su correspondencia. Desde esta oficina se ha explicado que la misiva iba a nombre del "delegado de Infraestructuras" y que su trabajo consiste en registrar toda la correspondencia que llega a Capitulares.
Historia del caso Infraestructuras
El caso infraestructuras fue destapado a principios del 2021 por la concejala tristemente fallecida Amparo Pernichi, exdelegada de Infraestructuras en el anterior mandato. La edil de IU plantea públicamente su sospecha de que en una obra en la avenida de Libia para el cambio de luminarias se pudieran estar produciendo irregularidades como falsedad en documento público (se certificó el final de la obra antes de que hubiese acabado) y fraccionamiento del contrato. La sospecha resulta ser solo la punta de un iceberg que termina tomando forma de denuncia judicial, que elevan al Ministerio Fiscal para su estudio los grupos municipales de IU y de Podemos. El gobierno municipal mueve ficha entonces encargando un informe interno al titular de la Asesoría Jurídica Municipal, Miguel Aguilar, que hace un exhaustivo estudio de más de 40 contratos menores del área de Infraestructuras, es decir, todos los firmados en 2020. Las conclusiones de aquel informe confirman las sospechas de IU y Podemos: existen, a juzgar por el letrado municipal, indicios de delito por fraccionamiento, falsedad de documento público y prevaricación. Una de las claves de este informe es que observa que en varias ocasiones los letrados municipales habían advertido a los responsables del área de que se estaban fraccionando contratos para evadir su fiscalización.
Ese informe pasó a engrosar en junio el expediente abierto ya por la Fiscalía y fue fundamental para sus conclusiones: Anticorrupción concluyó que en los contratos analizados hay indicios de delitos. La fiscal ordenó entonces al juez decano la continuidad de la causa y apuntó ya a dos responsables sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación pudiera afectar a terceras personas: por un lado señala al técnico municipal responsable de estos contratos y por otro lado, a la coordinadora general de Infraestructuras.
Es en este contexto, en verano del 2021, cuando David Dorado encarga a título individual una auditoría externa de una veintena de contratos del mandato anterior, es decir, en el periodo en que la delegación de Infraestructuras estaba en manos de IU. Dicha auditoría, que también está ya en poder de la Fiscalía pero sobre la que aún no se ha pronunciado, determina que se habrían producido irregularidades en la adjudicación de contratos menores y que se habrían inflado los precios de esas licitaciones. Entonces era otro técnico el que supuestamente se beneficiaba de la situación. El concejal de Cs indicó que con este movimiento (el encargo de una auditoria) demostraba su deseo de colaborar con la justicia, mientras que la oposición interpretó entonces que era tan solo una cortina de humo para no asumir responsabilidades. La causa está de momento en el juzgado de instrucción número 4 que instruye las diligencias previas y que determinará si se debe abrir o no jucio.
