¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delito en los contratos de Infraestructuras? La fiscal ve indicios de delitos de prevaricación y falsedad documental en una serie de contratos menores que se adjudicaron en la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba (en el departamento de Alumbrado Público) durante el año 2020. Apunta en su escrito a un técnico municipal y a la coordinadora general del área, sin menoscabo de que pudiera afectar "a terceras personas" en el transcurso de la investigación y del proceso judicial que ha pedido al juez decano de Córdoba continuar.

Al margen, la Fiscalía sigue estudiando una veintena más de adjudicaciones también de alumbrado sobre las que aún no se ha pronunciado y que se remontan a 2016, es decir, que se licitaron en el anterior mandato municipal. El informe fiscal salpicó ayer la sesión del Pleno, donde los grupos de IU y Podemos pidieron de nuevo al alcalde que cese al responsable político de la Delegación de Infraestructuras, David Dorado. Por ahora no se ha producido ningún cese, aunque el funcionario está apartado de sus responsabilidades.

La obra de la avenida de Libia, la punta del iceberg

La denuncia de IU y Podemos, presentada en los juzgados en mayo, se centraba en una veintena de contratos del departamento de Alumbrado Público (dentro de la Delegación de Infraestructuras), todos realizados en el último cuatrimestre del 2020 cuando, a petición del delegado del área, el teniente de alcalde David Dorado, se ordena la sustitución de un técnico como responsable de esos contratos. En su denuncia, estos grupos municipales aportan no solo los contratos, sino informes de técnicos que ya alertaban del fraccionamiento de los mismo y de la utilización de contratos menores (en lugar de por lotes, con mayor fiscalización) para poderlos certificar antes de que acabase el año. Entre las obras señaladas está la famosa de la avenida de Libia, que dio origen a las sospechas de la viceportavoz de IU, Amparo Pernichi, y en la que se presentó con un notario para levantara acta de que continuaba en marcha, a pesar de que Infraestructuras había certificado su finalización. Entonces, el delegado de Infraestructuras calificó de posible error administrativo de un funcionario la certificación de la obra, a pesar de que días antes señaló como causa de que la obra volviera a abrirse la sustitución de cable por supuesto robo. 

La Fiscalía se apoya además en el exhaustivo informe de la asesoría jurídica municipal, —encargado por la junta de gobierno local, en concreto por el propio David Dorado después de que IU y Podemos formalizaran su denuncia—, que advierte de que en algunos de los contratos analizados “se supera el límite establecido que debe ser inferior a 40.000 euros, se ha eludido la publicidad, el procedimiento y la forma de adjudicación del contrato menoscabando los principios de libre concurrencia e igualdad”. El titular de los letrados del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Aguilar, analiza en su informe un total de 42 contratos, todos los contratos menores de más de 3.000 euros adjudicados en 2020 en Infraestructuras. En algunos de los expedientes, la propuesta de empresas a invitar está firmada por la coordinadora general del área. Este puesto tiene encomendadas las funciones de órgano de contratación, en lo que a contratos menores se refiere.

Contratos con vinculaciones familiares y sin publicidad

Del total de adjudicaciones, 24 las cierra el técnico cuestionado. Entre ellas se encuentran unos estudios para la mejora energética en el Ayuntamiento, donde, según la fiscal, “no está justificada la necesidad de la contratación”; las dos empresas invitadas “no presentan oferta” e incluye un informe desfavorable del titular de apoyo de la Junta de Gobierno local.

Otros contratos analizados son la reparación de la cubierta en el centro cívico Vallehermoso o de la cubierta del colegio Santuario, donde se aprecian “posibles vínculos familiares" del técnico con a algunas de las empresas y “fraccionamiento”; la reparación de la cubierta del colegio Juan de Mena, donde se reitera la invitación a las mismas empresas y se aprecia fraccionamiento de los contratos; obras donde ni siquiera se encuentra el expediente (supresión de barreras arquitectónicas en la calle San Perfecto); contratos de suministro que se tramitan como como contratos de obras (adquisición y colocación de cortinas de la Normal de Magisterio o la instalación de un cuadro general de distribución en Capitulares); suministro de EPIS, donde no se adjudican a la oferta más ventajosa, o el suministro de calzado y vestuario (donde se advierte el fraccionamiento), y así hasta 42 contratos con irregularidades.

Conclusión fiscal

Por todo lo expuesto, la fiscal concluye existen en la causa “indicios suficientes para considerar que nos encontramos ante hecho que en una primera aproximación podrían revestir los caracteres de delitos de prevaricación y falsedad en documento público, sin perjuicio de que el avance de las investigaciones permita determinar si nos encontramos ante otros delitos”.

¿Qué le atribuye al técnico? Al técnico le atribuye haber “omitido reiteradamente el procedimiento legalmente establecido para la tramitación de los contratos. Así, considera que se procede al fraccionamiento de determinados contratos, “con la finalidad de evitar el procedimiento correspondiente para la adjudicación (….) vulnerando la ley”. Además, “una vez reconducida fraudulentamente la adjudicación al procedimiento de contrato menor, con menores requisitos y garantías, también se vulneraron las limitadas exigencias de este, seleccionado las empresas invitadas, la presentación de tres presupuestos distintos en algunos casos por empresas con el mismo administrador, empresas vinculadas o incluso con reiteración de las empresas seleccionadas”. Por otro lado, la fiscal observa cómo en algunos contratos, el objeto de la licitación ya se había ejecutado y generado el abono sin necesidad de haber prestado el servicio. Por ello, ve indicios de delito de falsedad.

¿Qué le atribuye a la coordinadora general? La coordinadora tiene encomendada la gestión y control de dicha contratación y pese a la existencia de informes relativos al fraccionamiento indebido de los contratos dicta adjudicaciones omitiendo los procedimientos legalmente establecidos para su tramitación.

La fiscal concluye por todo lo anterior que “no nos encontramos ante una mera irregularidad administrativa o discordancia interpretativa de las normas”.