El caso Infraestructuras, en el que la justicia investiga irregularidades en contratos de la delegación municipal que lideraba David Dorado (Cs), ha provocado, de momento, dos importantes movimientos en Capitulares: por un lado, la cuarta reestructuración del organigrama en lo que va de mandato en Córdoba y, por otro, que los concejales con responsabilidades de gobierno pasen de 14 a 13. El alcalde, José María Bellido, en presencia de la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha anunciado esta mañana los cambios que se han producido en el equipo de Partido Popular y Ciudadanos, las dos formaciones que sustentan el gobierno en la capital cordobesa, y que dejan al concejal David Dorado sin delegación y solo como concejal liberado, con la viceportavocía de su grupo. Hasta el lunes pasado, Dorado era cuarto teniente de alcalde, delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como presidente de Sadeco. Los cambios solo afectan al grupo Ciudadanos, cuyos ediles se reparten íntegramente las competencias de Dorado.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, asegura que el gobierno local ha actuado con “ejemplaridad, celeridad y contundencia” y ha insistido en que se toman las decisiones y se asumen las responsabilidades políticas a pesar de que David Dorado no está ni señalado ni investigado por la justicia. Asimismo, el regidor asegura que se han tomado estas medidas colocando el rasero ético y moral “elevadísimo” y ha afeado a la exalcaldesa, Isabel Ambrosio, que pida el cese de una persona que no está imputada cuando ella misma estuvo siendo investigada varios meses por la Fiscalía y no dimitió de su cargo. “Esa persona hoy pide que se aparte del gobierno a quien no está en su situación: argumento incoherente y curioso”, ha dicho Bellido.

Nuevo reparto de competencias: Antonio Álvarez asume Infraestructuras e Isabel Albás la presidencia de Sadeco

La reestructuración del gobierno solo afecta al grupo municipal de Ciudadanos, cuyos concejales se reparten las competencias de Dorado y con lo que el alcalde parece querer encapsular la crisis en el seno del equipo naranja. Desde hoy la Delegación de Infraestructuras y la de Medio Ambiente estará en manos del concejal Antonio Álvarez, delegado de Gestión que pierde la presidencia de Cecosam en favor de María Luisa Gómez Calero, que asume la Delegación de Participación Ciudadana. La presidencia de Sadeco recaerá a partir de ahora en la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, además de mantener las delegaciones de Turismo, Igualdad y Solidaridad. Por su parte, Manuel Torrejimeno seguirá al frente de la Delegación de Deportes, infancia y Salud y asume Consumo y la tenencia de alcaldía que deja Dorado por lo que entrará a la junta de gobierno local. Isabel Albás, portavoz del grupo de Cs, no ha hecho hoy ninguna declaración pública.

El regidor ha insistido en que el gobierno local ha sido parte fundamental de la investigación abierta por la justicia, al encargar un informe a la asesoría jurídica municipal, que ha sido clave en el escrito de conclusiones de la fiscal. “Hemos puesto freno y arrojado transparencia; le pese a quien le pesa”, ha dicho. También ha defendido la celeridad en su actuación y ha recordado que se ha activado una comisión técnica para mejorar el sistema de contratación menor y se ha abierto una nueva investigación interna para ver si hay más irregularidades en la contratación de Infraestructuras desde el año 2016. Esta investigación, que se limitará a la contratación menor en Infraestructuras podría instruirla finalmente el letrado jefe de la asesoría jurídica, como ya hizo en el primer informe.

José María Bellido e Isabel Albás, hoy en el salón de plenos. FRANCISCO GONZÁLEZ

“La forma de trabajar en Infraestructuras: ni es nueva ni ha arrancado en este mandato”, ha llegado a decir Bellido, quien vaticina que serán IU (la formación que en primer lugar denunció estos hechos) y PSOE quienes tengan que terminar dando explicaciones sobre algunas licitaciones realizadas en su mandato. “Ya se verá qué hacen los que ahora piden el ostracismo cuando se vean reflejados en el espejo de sus propias exigencias”. 

Respecto a la remodelación del organigrama local, ha dicho que ha sido “dialogada” entre los socios de PP y Cs y “consensuada” con el propio afectado, y ha criticado que parte de la oposición haya tratado de “extender la sombra de la duda” empezando por el propio concejal Dorado, “que no está señalado y que no merece ningún linchamiento como el que está sufriendo. No deja de sorprender y doble rasero que no convence a nadie”, ha reiterado.

Cómo hemos llegado hasta aquí

Los cambios hoy anunciados se producen después de que el lunes el alcalde, tras un acuerdo de la junta de gobierno local, cesara también a la coordinadora general de Infraestructuras, al haber sido señalada por la Fiscalía Anticorrupción, al igual que un técnico municipal de esta delegación, en las presuntas irregularidades de contratos. Dichas irregularidades podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación y falsedad documental y ya están siendo investigadas por el juez de Instrucción número 4 de Córdoba. La negativa de Dorado a ese cese de la coordinadora, un puesto que él mismo había designado al inicio del mandato, llevó a Bellido a tomar la drástica decisión de apartar de sus competencias al edil de Cs al entender el gesto como una deslealtad. Para sustentar su negativa, Dorado había encargado por su cuenta un informe al secretario general del Pleno, que priorizaba la presunción de inocencia de la coordinadora, además de ordenar abrir una causa general sobre la contratación municipal desde el año 2016 dos días antes de que fuera retirado de su cargo, lo que para la oposición es una evidente muestra de que el concejal busca una cortina de humo.

Historia del caso Infraestructuras

La situación a la que hoy se llega se origina a principios del 2021, cuando la concejala de Izquierda Unida Amparo Pernichi, exdelegada de Infraestructuras, sospecha de que en una obra en la avenida de Libia para el cambio de luminarias se pudieran estar produciendo irregularidades como falsedad en documento público (se certificó el final de la obra antes de que hubiese acabado) y fraccionamiento del contrato. La sospecha resulta ser solo la punta de un iceberg que termina tomando forma de denuncia judicial, que elevan al Ministerio Fiscal para su estudio los grupos municipales de IU y de Podemos. El gobierno municipal mueve ficha entonces encargando un informe interno al titular de la Asesoría Jurídica Municipal, Miguel Aguilar, que hace un exhaustivo estudio de más de 40 contratos menores del área de Infraestructuras, es decir, todos los firmados en 2020. Las conclusiones de aquel informe confirman las sospechas de IU y Podemos: existen, a juzgar por el letrado municipal, indicios de delito por fraccionamiento, falsedad de documento público y prevaricación. Una de las claves de este informe es que observa que en varias ocasiones los letrados municipales habían advertido a los responsables del área de que se estaban fraccionando contratos para evadir su fiscalización.

Este segundo informe pasó a engrosar en junio el expediente abierto ya por la Fiscalía y ha sido fundamental para sus conclusiones de la semana pasada y en las que Anticorrupción concluye que en los contratos analizados hay indicios de delitos. La fiscal ha ordenado al juez decano la continuidad de la causa y apunta a dos responsables sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación pueda afectar a terceras personas: por un lado señala al técnico municipal responsable de estos contratos y por otro lado, a la coordinadora general de Infraestructuras, un puesto de libre designación nombrado por el propio David Dorado.

Te puede interesar:

El concejal David Dorado a su salida de la Delegación de Infraestructuras. A.J. GONZÁLEZ

Es en este contexto, en verano del 2021, cuando David Dorado encarga a título individual una auditoría externa de una veintena de contratos del mandato anterior, cuando la delegación de Infraestructuras estaba en manos de IU. Dicha auditoría, que también está ya en poder de la Fiscalía pero sobre la que aún no se ha pronunciado, determina que se habrían producido irregularidades en la adjudicación de contratos menores y que se habrían inflado los precios de esas licitaciones. Entonces era otro técnico el que supuestamente se beneficiaba de la situación. El concejal de Cs entiende que con este movimiento (el encargo de una auditoria) demuestra su deseo de colaborar con la justicia, mientras que la oposición interpreta que es tan solo una cortina de humo para no asumir responsabilidades. IU y Podemos han pedido de nuevo el cese del delegado, mientras que Vox quiere que se retiren las competencias.