JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4

Declara ante el juez el técnico municipal imputado por el caso Infraestructuras

La excoordinadora de la delegación municipal será citada otro día, ya que hoy no ha declarado por falta de tiempo | En su auto el magistrado consideraba que los contratos municipales bajo sospecha presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal

Fachada de la Ciudad de la Justicia.

Fachada de la Ciudad de la Justicia. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Irina Marzo

El juez de Instrucción Número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha tomado declaración esta mañana al técnico de la Delegación municipal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba que está siendo investigado por el llamado caso Infraestructuras. Por falta de tiempo, la excoordinadora general del área no ha podido prestar declaración ante el juez y será citada otro día. En este caso se investiga el posible amaño de contratos en esta delegación municipal y esta era la segunda vez que se llamaba a declarar a los imputados, si bien la primera vez no pudieron hacerlo por la huelga de secretarios judiciales, que hoy no les ha afectado. La declaración del técnico comenzó a las 11.30 horas y concluyó a mediodía. En ese tiempo, el investigado tuvo que responder a las preguntas del juez, el fiscal, así como a las del abogado del Ayuntamiento de Córdoba y el suyo propio. El técnico imputado ha defendido su honorabilidad y la manera que ha tenido de proceder en la delegación, justificando la forma de adjudicar los contratos bajo sospecha.

Qué investiga el juez

En su auto de imputación, el juez consideraba que los hechos investigados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal; en concreto posibles delitos de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes, pese a constar con la existencia de informes desfavorables, y elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar; falsedad en documento oficial 390.1, pendiente de calificación concreta según las resultas de investigación, en cuanto respecta a la firma de certificaciones de obra, así, como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos, duplicados o indebidamente justificados”. La coordinadora general de Infraestructuras —un puesto de confianza designado por Ciudadanos— fue cesada en noviembre del 2021 cuando la Fiscalía se pronunció sobre este caso.

El Ayuntamiento de Córdoba está personado como perjudicado en esta causa que denunció en primera instancia, allá por febrero del 2021, el grupo municipal de Izquierda Unida por boca de la tristemente fallecida Amparo Pernichi y que meses más tarde terminó formando parte de una demanda judicial conjunta con Podemos. Asimismo, por encargo del alcalde, José María Bellido, el titular de la asesoría jurídica municipal, Miguel Aguilar, realizó un minucioso informe sobre los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras en este mandato (un total de 42 contratos de más de 3.000 euros adjudicados en 2020), que también engrosó la información que la Fiscalía Anticorrupción valoró considerando que había en los hechos narrados indicios de posibles delitos. Entre lo apuntado por el Ministerio Fiscal estaban el fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a empresas con las que se tenían vínculos familiares e incluso obras que se pagaron sin ni siquiera hacerse.

Al margen de estos contratos, la Fiscalía sigue estudiando una veintena más de adjudicaciones también de alumbrado sobre las que aún no se ha pronunciado y que se remontan a 2016, es decir, que se licitaron en el anterior mandato municipal, y que fueron elevados a los juzgados por el propio David Dorado.

A nivel político, el terremoto por el caso Infraestructuras provocó, por un lado, la cuarta crisis del gobierno municipal, en la que David Dorado, hasta ese momento teniente de alcalde de Infraestructuras fue apartado de sus responsabilidades aunque mantuvo su acta de concejal; y por otro lado, llevó al equipo de gobierno de PP y Cs a elaborar nuevos requisitos para hacer que la contratación de menores fuera más restrictiva. En el auto judicial al que ha tenido acceso CÓRDOBA no aparece el nombre de David Dorado.

Interrogatorios y petición de investigación

En su auto el juez, por otra parte, determina como primera diligencia de investigación a practicar la toma de declaración en calidad de investigados de los dos imputados. También pide al Ayuntamiento los documentos referidos a la solicitud de cambio de responsable de la jefatura de la unidad que se produjo iniciado el mandato para colocar al técnico ahora apuntado, así como fechas de vacaciones concedidas al investigado, así como información sobre las empresas adjudicatarias de los contratos bajo sospecha. Asimismo, el juez ordena que se recabe información sobre cuáles fueron los criterios de selección de los contratistas en contratos de obra menor, entre otros.