JUZGADOS

El Ayuntamiento de Córdoba estudia personarse en el caso de Infraestructuras abierto por Anticorrupción

La Fiscalía remite al juez las diligencias y apunta indicios por delitos de falsedad y prevaricación | Izquierda Unida y Podemos piden el cese de David Dorado, que a su vez denunció contratos del gobierno anterior

Los concejales de Ciudadanos, antes del pleno.

Los concejales de Ciudadanos, antes del pleno. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Irina Marzo

Irina Marzo

El Ayuntamiento de Córdoba estudia personarse en el caso señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que existen indicios de delito en varios contratos realizados en la delegación municipal de Infraestructuras y que los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos denunciaron ante la justicia en mayo. El escrito de la fiscal califica los hechos en una primera aproximación como delitos de prevaricación y falsedad de documento, sin perjuicio de otros que pudieran derivarse de la investigación. Se apunta a un técnico de esta delegación y a la actual coordinadora general de Infraestructuras, nombrada por Ciudadanos

La notificación fiscal se conoció ayer justo antes del pleno y sobrevoló durante toda la jornada. El responsable de la delegación, David Dorado, --del que IU y Podemos volvieron a pedir su cese y Vox que se le retiraran las competencias--, se ausentó en numerosas ocasiones del salón para atender al teléfono, aunque no quiso hacer declaraciones públicas. Durante el intermedio de la sesión, el alcalde mantuvo una reunión tanto con Dorado como con Isabel Albás, responsable del grupo municipal de Cs, a la que también asistieron Salvador Fuentes y Miguel Ángel Torrico y dos asesoras de Cs. 

El alcalde, José María Bellido, y el secretario del Pleno, Valeriano Lavela.

El alcalde, José María Bellido, y el secretario del Pleno, Valeriano Lavela. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Por la tarde, a preguntas de la oposición en el pleno, José María Bellido lamentó los hechos y dijo que no tomará por ahora ninguna decisión política a la espera de noticias judiciales. Informó, además, de que estudian personarse en la causa, de que creará una comisión para estudiar los contratos menores y defendió que el gobierno local se ha dirigido en este tema siempre «con transparencia y responsabilidad» al abrir una información reservada, encargar a asesoría jurídica un informe que terminaron llevando también al fiscal, cambiar al responsable de contratos e incoar un expediente disciplinario al técnico cuestionado.

El origen de la denuncia

El origen de esta causa está en la denuncia elevada al juzgado en mayo por parte de IU y Podemos, tras la investigación realizada por la concejala Amparo Pernichi sobre unos contratos de Infraestructuras para acometer obras en la avenida de Libia (la denuncia pública la hicieron por primera vez en abril), que en un principio el propio edil justificó.

A esta denuncia de IU y Podemos, en junio, se añadió el informe exhaustivo de la asesoría jurídica del propio Ayuntamiento en el que se analizaban pormenorizadamente todos los contratos menores de más de 3.000 euros realizados en este mandato. En dicho informe ya se apuntaban posibles vínculos familiares en los contratos, posible falsedad en actas, así como la existencia de informes desfavorables advirtiendo del fraccionamiento de los mismos. El titular de la asesoría jurídica municipal, Miguel Ángel Aguilar, recomendaba por todo, como así hizo el alcalde, elevar el asunto a la Fiscalía.

La denuncia de Dorado

Paralelamente a esto, David Dorado, en calidad de teniente delegado, encargó una auditoría al Colegio de Peritos sobre otros contratos de la misma delegación, Infraestructuras, para la adquisición de luminarias y que se remontarían al anterior mandato. Según dijo ayer Miguel Ángel Torrico, portavoz popular, «en más del 90% de los contratos analizados en dicha auditoría presuntamente hay unas irregularidades serias», «mucho más graves», en su opinión, que las que la fiscal ha mandado ya al juez.

De momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre estos otros contratos, que a «título particular y no a través de los asesores jurídicos del Ayuntamiento», informan fuentes municipales, elevó el propio Dorado al juzgado. Este periódico solicitó a este concejal información detallada de su denuncia sin obtener, de momento, respuesta. 

Reacciones políticas

A partir de aquí lo que se produjeron ayer fueron reacciones políticas. Por un lado, las de los grupos denunciantes, IU y Podemos, que consideran que la Fiscalía les da la razón y corrobora que «existe un modus operandi en este gobierno oscuro, falto de transparencia e irregular», pero que «lo preocupante es que el alcalde no pone en la calle a los responsables políticos». Por contra, tanto IU como el PSOE --que también se personará en la causa-- dijeron desconocer si hay otros contratos con irregularidades en su mandato, defendieron su inocencia y apuntaron a que se trata de «una cortina de humo» para tapar el escándalo. «No me constan, y lo digo rotundamente, este tipo de hechos», afirmó la exalcaldesa, Isabel Ambrosio.

La portavoz del grupo Cs, Isabel Albás, considera que su compañero Dorado se ha puesto «al servicio de la justicia para dar la mayor información que se requiera» e insistió en que Cs ha llegado a la política para «trabajar para que la transparencia sea máxima y se depuren responsabilidades». 

Por último, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, consideró «triste» que se tengan «indicios de irregularidades en los contratos municipales, porque no contribuye a la mejora de los ciudadanos» y que «como mínimo, tienen que plantear que Dorado deje de tener responsabilidades en Infraestructuras».