El gobierno local ha decidido cesar a la coordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno, que había sido señalada por la Fiscalía Anticorrupción como presunta responsable de delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Por contra, el concejal de Ciudadanos David Dorado continuará estando al frente de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba.

El cese de la coordinadora se producirá de forma oficial en la junta de gobierno local del próximo lunes, después de que haya sido la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, la que haya cursado la petición a Presidencia (o al menos así lo ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa).

Este movimiento llega tras el escándalo suscitado en la Delegación de Infraestructuras por la aparición de irregularidades en múltiples contratos firmados en el año 2020. La fiscal señalaba en su decreto a un técnico municipal y a la coordinadora general de Infraestructuras, un cargo de libre designación designado por el grupo municipal de Ciudadanos y pedía al juez decano continuar con el procedimiento. Según Cs, la coordinadora estaba ya apartada, al menos de las firmas de contratos, pero desde hoy ha sido cesada.

Desde el equipo de gobierno han apuntado su "máxima colaboración y transparencia" con la Fiscalía y han recordado que "fue a raíz de un acuerdo de la junta de gobierno local cuando se elevaron al Ministerio Público las conclusiones de la información reservada iniciada por la asesoría jurídica municipal". En la nota anteriormente señalada se insiste en que "ha sido el gobierno local el que ha tomado la iniciativa con el único interés de que cuanto antes se aclaren las cosas.

Desde PP y Cs han asegurado que lamentan la situación que ha podido generar este asunto y han afirmado que "nuestro trabajo sigue centrado en el desarrollo de la ciudad y en solventar los problemas de los cordobeses".

Además, han reiterado "el gran trabajo que realizan los funcionarios del Ayuntamiento y su apoyo rotundo y cerrado a los profesionales que forman parte de la intervención, la asesoría jurídica o el departamento de contratación". Un mensaje directo, sin duda, hacia David Dorado, que fue quien señaló directamente a estos funcionarios cuando el asunto saltó por los aires.

David Dorado, cuarto teniente de alcalde, seguirá en el cargo. Dorado tiene atribuidas desde el inicio del mandato, además de las competencias en Infraestructuras, las áreas de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como la presidencia de la empresa municipal Sadeco.

Con el caso Infraestructuras, la oposición había exigido al alcalde que tomase las riendas del asunto: en primer lugar IU y Podemos, los grupos municipales que denunciaron en los juzgados la existencia de los contratos irregulares; en segundo lugar, Vox, que había pedido que se le retiraran las competencias a David Dorado; y por último, PSOE, que ha pedido al PP romper incluso su acuerdo de gobierno con Cs. El propio alcalde aseguró el martes que la solución estaría esta misma semana y pedía paciencia a la ciudadanía para que Cs pudiese arreglar en el seno del grupo el problema. El Consejo del Movimiento Ciudadano también se había mostrado critico con este asunto.

Historia del caso Infraestructuras

La situación a la que hoy se llega se origina a principios del 2021, cuando la concejala de Izquierda Unida Amparo Pernichi, exdelegada de Infraestructuras, sospecha de que en una obra en la avenida de Libia para el cambio de luminarias se pudieran estar produciendo irregularidades como falsedad en documento público (se certificó el final de la obra antes de que hubiese acabado) y fraccionamiento del contrato. La sospecha resulta ser solo la punta de un iceberg que termina tomando forma de denuncia judicial, que elevan al Ministerio Fiscal para su estudio los grupos municipales de IU y de Podemos. El gobierno municipal mueve ficha entonces encargando un informe interno al titular de la Asesoría Jurídica Municipal, Miguel Aguilar, que hace un exhaustivo estudio de más de 40 contratos menores del área de Infraestructuras, es decir, todos los firmados en 2020. Las conclusiones de aquel informe confirman las sospechas de IU y Podemos: existen, a juzgar por el letrado municipal, indicios de delito por fraccionamiento, falsedad de documento público y prevaricación. Una de las claves de este informe es que observa que en varias ocasiones los letrados municipales habían advertido a los responsables del área de que se estaban fraccionando contratos para evadir su fiscalización.

Este segundo informe pasó a engrosar en junio el expediente abierto ya por la Fiscalía y ha sido fundamental para sus conclusiones de la semana pasada y en las que Anticorrupción concluye que en los contratos analizados hay indicios de delitos. La fiscal ha ordenado al juez decano la continuidad de la causa y apunta a dos responsables sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación pueda afectar a terceras personas: por un lado señala al técnico municipal responsable de estos contratos y por otro lado, a la coordinadora general de Infraestructuras, un puesto de libre designación nombrado por el propio David Dorado.

Es en este contexto, en verano del 2021, cuando David Dorado encarga a título individual una auditoría externa de una veintena de contratos del mandato anterior, cuando la delegación de Infraestructuras estaba en manos de IU. Dicha auditoría, que también está ya en poder de la Fiscalía pero sobre la que aún no se ha pronunciado, determina que se habrían producido irregularidades en la adjudicación de contratos menores y que se habrían inflado los precios de esas licitaciones. Entonces era otro técnico el que supuestamente se beneficiaba de la situación. El concejal de Cs entiende que con este movimiento (el encargo de una auditoria) demuestra su deseo de colaborar con la justicia, mientras que la oposición interpreta que es tan solo una cortina de humo para no asumir responsabilidades. IU y Podemos han pedido de nuevo el cese del delegado, mientras que Vox quiere que se retiren las competencias.

Las declaraciones de Dorado

Si judicialmente había ya puesta dinamita para convertir la Delegación de Infraestructuras en un auténtico polvorín, las declaraciones vertidas por David Dorado el pasado fin de semana responsabilizando de la supuesta "trama" a la cadena de mandos técnicos (culpa a Contratación, Asesoría Jurídica e Intervención de no hacer bien su trabajo) han sido la mecha definitiva para que el gobierno municipal se desmarcase de sus palabras. En ningún caso "existe relación en los hechos que se encuentran en sede judicial con la gestión en otros ámbitos de la administración municipal y aún menos en los órganos de asesoría, control y fiscalización que están colaborando en el esclarecimiento de estos hechos", indicaron fuentes municipales, al tiempo que no descartaban depurar responsabilidades políticas en los próximos días.