El concejal de Infraestructuras, David Dorado, atribuye “a un fallo en cadena” de todo el Ayuntamiento de Córdoba que se hayan podido dar irregularidades en contratos de su área y que, como apunta la Fiscalía Anticorrupción, haya indicios de delito de prevaricación y falsedad documental en los mismos. En una entrevista a ABC, el edil de Ciudadanos, que ha guardado silencio desde que se conociera el jueves el decreto fiscal, anuncia que no va a dimitir y asegura contar con el respaldo del alcalde, José María Bellido. Es más, entiende el responsable de la delegación señalada en los juzgados que, gracias a su forma de actuar, las irregularidades no volverán a producirse o será más complicado que vuelvan a darse, y entiende que su cuota de responsabilidad política está zanjada con su colaboración con la justicia. Tampoco entiende que haya que cesar a la coordinadora general de Infraestructuras, apuntada directamente por el escrito fiscal, hasta que no exista sentencia firme y asegura que la oposición va contra ella porque “le tienen ganas”. 

Dorado se exime de responsabilidades pero reparte culpas entre todos los departamentos municipales, desde Contratación a Intervención, pasando por Asesoría Jurídica, si bien no presupone que nadie actuara con intencionalidad. “Me resultó sorprendente que un incumplimiento tan manifiesto de la Ley de Contratos haya pasado el filtro de los departamentos municipales de Contratación, Asesoría Jurídica e Intervención. Tendrán que explicar cómo se les ha colado un presunto error tan grande. Indudablemente algo falló en el Ayuntamiento con estos contratos”, dice en la entrevista que ha concedido a ABC.

Su auditoría

Dorado hace referencia a la auditoría encargada por él mismo este verano, que ahora estudia también el Ministerio Fiscal, y en la que se da cuenta de nuevas presuntas irregularidades durante el anterior mandato (los contratos analizados se remontan a 2016), cuando estaba al frente de la Delegación Izquierda Unida. El edil de Cs asegura que encargó la auditoría de manera unilateral y a un ente externo al Ayuntamiento (el Colegio de Peritos) por las quejan que le habían hecho llegar varias empresas, pero no exige responsabilidades a la anterior delegada. El Ayuntamiento abrió ayer una investigación interna sobre estos nuevos contratos.