Advertencia de la OCDE sobre el déficit

El informe sobre España presentado esta semana por la OCDE, que se publica cada dos años, convalida en términos generales la política económica de los últimos tiempos, aunque realiza ciertas recomendaciones razonables, algunas de carácter más bien ideológico y otras ligadas a la estabilidad del proceso económico, que en todo caso merece la pena considerar. También eleva la previsión de crecimiento para España del 1,7% al 2,1% en 2023 y del 1,7% al 1,9% en 2024, en tanto rebaja la inflación media para este año al 3,9%.

La principal cuestión abordada es la propuesta de proceder a un incremento de impuestos que permita a España reducir sus actuales niveles de déficit y de deuda pública, y para ello considera necesario dar por concluido el paquete de medidas sociales en forma de bajadas de impuestos que el Gobierno estableció para mitigar el impacto de la inflación en los últimos dos años sobre las economías familiares. En definitiva, la OCDE apuesta por «una consolidación fiscal fuerte y sostenida» que permita que la deuda siga bajando y el Gobierno disponga de recursos pata financiar el crecimiento. Esto supone que las reducciones del IVA que se aplican a la factura de la luz y a algunos alimentos hasta finales de este año no deberían extenderse. Una supresión que también han reclamado el FMI, la Comisión Europea y el Banco de España.

Probablemente, el asunto más reseñable de los abordados por la organización de los países desarrollados es la reforma de las pensiones del ministro Escrivá, cuya sostenibilidad sigue poniendo en duda. La OCDE no cuestiona la indexación de las percepciones con el IPC ni la subida gradual de las pensiones mínimas, pero insiste en la conveniencia de ir retrasando la edad de jubilación, incluso más allá de los 67 años, en congruencia con la cada vez mayor esperanza de vida, para limitar el gradual incremento del gasto, que no se estabilizará hasta la década de los cuarenta. La propuesta es razonable pero no considera la opción de que el déficit del sistema, si se produce, pudiera ser asumido por los presupuestos generales del Estado, si así lo deciden el Gobierno y los legisladores. De hecho, las pensiones no contributivas ya se nutren de esta manera. En todo caso, es cierto que vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida sería más efectivo que subir las cotizaciones sociales a los trabajadores.

Por lo demás, la mayoría de las numerosas medidas enunciadas tiende a lograr el objetivo del déficit del 3%, que en los próximos ejercicios ya será vinculante de nuevo en los países de la Unión Europea. La lista incluye una subida del IVA por unos 5.000 millones y un incremento neto de impuestos por unos 6.800 millones, la ya citada eliminación de las medidas antiinflación adoptadas desde mediados de 2021, la moderación de las futuras subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), un aumento de la cuantía y alcance del ingreso mínimo vital (IMV)... al tiempo que trata de disuadir de la aplicación de topes a los precios del alquiler de la vivienda en las zonas tensionadas, que reducirían la oferta. Son recetas interesantes, que este Gobierno, como los demás del club, deben filtrar convenientemente, ponderando los objetivos sociales y tratando de dar coherencia al conjunto de todas las políticas. 

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