No todo son ventajas en un concurso de acreedores, o según el prisma; que nadie se llame a engaño, una empresa en crisis, en quiebra, busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores. El fútbol se ha abonado en los últimos tiempos a la Ley Concursal: la sociedad conserva la administración y la disposición de su patrimonio, reordena la deuda con los acreedores y, sobre todo, suspende procedimientos vitales para la supervivencia como embargos (en este caso, televisivos) y medidas de orden federativo como la imposibilidad de renovar licencias por impagos. El debate no está en la injusticia de los sueldos, sino en los recovecos que los clubs han encontrado al amparo de las leyes para evitar los compromisos laborales. Pero como el Córdoba CF SAD no es ni más ni menos que uno más en medio de la vorágine, va a emplear todas las posibilidades (y son muchas) que ofrece la intervención judicial. Así, como ya informó este periódico la semana pasada, en el club están obsesionados con los futbolistas con las fichas más altas: Raúl Navas, Gaspar, Agus, Javi Flores y Usero. Ya se ha dado el pistoletazo de salida a las conversaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo en el marco del concurso para renegociar, primero, la deuda, y después, los contratos. En el primer caso, está por determinar si habrá o no quitas, aunque todo hace indicar que la nueva propiedad tiene las manos libres de compromisos y hará caso a las indicaciones de los administradores concursales, llegado el momento de decidirlo. Respecto a lo segundo, este periódico pudo confirmar ayer de fuentes de la negociación que se sopesa seriamente emplear si fuera necesario un expediente de regulación de empleo (ERE) que acabaría en varios despidos.

Además, el Córdoba ya tiene decidido el margen económico para las próximas fichas. Se va a establecer un tope salarial de entre 150 y 180.000 euros, aproximadamente, que será el que se le ofrezca a todos aquellos jugadores con contrato en vigor que superen esas cantidades y que cuenten con el visto bueno del nuevo equipo deportivo. Aquí podrían entrar Pepe Díaz, Gaspar, Callejón... y alguno que ha finalizado el 30 de junio como Jorge Luque.

Con esta medida, que será abordada en la próxima visita de los administradores concursales el próximo martes, como se acordó esta semana, el club pretende obtener liquidez dentro de los escrupulosos márgenes impuestos por los interventores judiciales. A más ahorro, más dinero para fichajes. Obviamente, la medida tendría unas contraprestaciones, según la versión de sus defensores: evitar la liquidación del club, que conllevaría el cese de la actividad y el consiguiente despido de todos los trabajadores (también del personal no deportivo) y, posteriormente, la negociación de otros cobros por objetivos, llegado el caso de que el club se equilibrase en un futuro no muy lejano.