Luisa Ruiz, ex alcaldesa de Peñarroya: "De los Miner no se usó jamás una factura ficticia para justificar nada"

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio a Luisa Ruiz, ex alcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo (2003-2011), por una de las causas del caso Rocket, donde le piden 33 años y tres meses de cárcel en total como principal acusada. Este procedimiento se inició hace una década para esclarecer la presunta comisión de delitos relacionados con la llegada de fondos Miner que tenían que beneficiar a la localidad.

Luisa Ruiz se ha sentado en el banquillo acusada de presuntas irregularidades en las ayudas recibidas para la innovación y urbanización de Antolín 3 y del polígono Vega Currillo. En sus declaraciones ante el tribunal, que ha sido presidido por el magistrado José Francisco Yarza, ha afirmado que "de los fondos Miner no se utilizó jamás una factura ficticia para justificar nada. Por el contrario, casi todos los proyectos le costaban el dinero al Ayuntamiento". En esta línea, ha reiterado que las subvenciones "se pagaban íntegramente". A pesar de ello, ha admitido que una de las empresas adjudicatarias denunció al Ayuntamiento, tras su relevo como regidora municipal, para poder cobrar sus honorarios.

Los acusados por el caso Rocket de Peñarroya se enfrentan a 60 años de cárcel

Esta primera sesión ha estado muy centrada en el trabajo de la empresa pública Promociones Industriales del Valle Alto del Guadiato (Pivag) y su papel como presidenta del consejo de administración. En el caso de Antolín 3, Luisa Ruiz ha explicado que los trabajos comenzaron entre los años 2005 y 2006, a pesar de que el convenio con el Gobierno de España se firmó en 2007. Al ser preguntada por un acuerdo de contratación a la arquitecta del año 2008, ha indicado que desconoce su finalidad.

También ha señalado que esta profesional no era su amiga y que quien proponía a los técnicos a contratar eran los "expertos" del Ayuntamiento. Sin embargo, el instructor policial de la causa, que ha intervenido como testigo, ha remarcado que la arquitecta, en su declaración a la Guardia Civil, "no negó que fue una adjudicación directa por la relación de confianza con la alcaldesa". 

Por otro lado, acerca de la discrepancia entre lo recogido en la memoria y lo que la arquitecta decía haber facturado, Luisa Ruiz ha asegurado que fue esta profesional quien cumplimentó y firmó el documento. Según la Guardia Civil, "hay un descuadre de cuentas que no tiene sentido. De hecho, afirmó que no comprendía por qué esas discrepancias entre lo que recibía y lo que figuraba. Dice que no era plenamente consciente del contenido de los documentos", ha manifestado en referencia a la arquitecta.

Así, cuando este testigo del instituto armado ha sido consultado por una actuación en concreto (la unidad nueve) ha apuntado que "era muy llamativo", porque la arquitecta "emitió dos facturas, 18.000 euros y 4.000 euros, y sin embargo el Ayuntamiento reflejó una tarificación de 179.000 euros".  

En este sentido, Luisa Ruiz ha sido preguntada por esta tercera actuación, sobre la que ha detallado que "había dos proyectos de urbanización y modificación de suelo grandes y este era más pequeño. Los técnicos entendieron que tenía cabida dentro de las asistencias técnicas", que se habían contemplado en las ayudas. No obstante, el guardia civil instructor de la causa se ha mostrado tajante al afirmar que la denominada unidad nueve no tenía encaje en el acuerdo con Industria, "porque el motivo por el que se pide la subvención al Miner eran dos proyectos de ingeniería", ha comentado.

"Camuflar decisiones no bien justificadas de acuerdo a la ley"

Luisa Ruiz ha asegurado que como presidenta de Pivag su función era, "sobre todo, la representación institucional" y que "jamás he hecho una factura". No obstante, una ex trabajadora ha indicado que "hacía la facturación bajo la instrucción directa de la alcaldesa y presidenta de Pivag", y ha precisado que Luisa Ruiz "estaba en el día a día, en la operativa ordinaria" de la empresa pública.

Esta testigo ha explicado que la entonces alcaldesa le indicaba las cantidades que debía incluir en las facturas como "gastos generales" de la empresa y que ella desconocía "en base a qué". De esta forma, Luisa Ruiz ha reconocido que el porcentaje de gastos generales solía ser un 19%, pero en el caso de las ayudas Miner se acordó reducirlo y era variable. El objetivo era "compensar el trabajo de Pivag".

Una de las facturas comentadas en el juicio ha sido la elaborada por 63.000 euros, que supuestamente se destinó a estudios topográficos y geotécnicos en el marco de la iniciativa de Vega Currillo. La Guardia Civil señala que los trabajadores de Pivag le indicaron que no estaban capacitados para realizar tales trabajos y tampoco ha encontrado documentación que justifique que los haya hecho otra empresa.

En esta línea, el testigo que ha participado este lunes en el juicio ha expresado como "hipótesis personal" que "el único motivo por el que Pivag genera 63.000 euros de gastos adicionales es para mantener la estructura de Pivag, alimentarla de fondos en base a trabajos que no se entiende muy bien cuáles son".

De hecho, ha subrayado que "la veo como una empresa pública puesta ahí como instrumento para camuflar decisiones no bien justificadas de acuerdo a la ley, crear documentación que justifique las decisiones que se toman al albur de la responsable pública, que era la alcaldesa".

En otro orden de cosas, al ser consultado por la iniciativa para modificar y urbanizar el polígono de Vega Currillo, el instructor policial de la causa ha precisado que "había un expediente de contratación, pero un poco extraño. Una licitación urgente, pero por otro lado, había una especie de contrato en que Ayuntamiento y estudio (arquitectos) llegaban a una especie de acuerdo para solicitar una subvención al Miner. Te pido que me hagas el estudio previo de cuánto costaría y si nos dan la subvención te contrato. No debió existir, no es una licitación y el contenido es falso porque la subvención ya estaba concedida", ha aseverado. 

"No existen esos trabajos"

De otra parte, mientras que Luisa Ruiz ha asegurado que "la ejecución al 100% de estos proyectos se produjo siempre dentro del plazo previsto", el testigo de la Guardia Civil ha manifestado que los trabajos no se efectuaron en la fecha recogida en la memoria de actuaciones y que se trataría, por tanto, de "un documento hecho ad hoc para obtener la subvención".  

También ha sido consultado por la imposición realizada supuestamente por el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo para que la dirección de obra de la actuación de Vega Currillo fue realizada por una empresa en concreto. Este experto ha recordado que "la junta central de contratación dice que eso está prohibido. No puedes crear un pack que te llevas el contrato y la empresa. Hay que licitar, por un lado, la dirección de la obra y por otro, la ejecución".

Es más, ha insistido en que "no entiendo por qué se hacen estas cosas, cuando hay procedimientos que te permiten hacer las cosas de acuerdo a la ley, salvo intereses particulares por parte de la máxima autoridad del órgano licitador". 

Ante la insistencia del abogado defensor de Luisa Ruiz, que le ha preguntado en distintas ocasiones si la Guardia Civil comprobó si eran necesarios los estudios topográficos y geotécnicos mencionados en la factura de Pivag, este guardia civil ha remarcado que "si cojo la suma de las actuaciones hechas y la suma de la subvención no me salen las cuentas, por una cantidad bastante llamativa. No hay ningún reflejo documental que justificque la actuación por la totalidad de la subvención. Y lo hemos buscado. Infiero que no existen esos trabajos", ha apostillado. 

12 millones en ayudas y sin poder pagar las nóminas

Otra testigo citada a declarar este lunes ha sido la ex alcaldesa María Gil (PP), quien denunció las presuntas irregularidades cometidas por el equipo de gobierno anterior por la no ejecución de los proyectos para los que Peñarroya-Pueblonuevo recibió fondos Miner millonarios. Esta ex regidora municipal ha recordado que su actuación estuvo relacionada con el proyecto del tren turístico y "otras subvenciones que no encontramos ni pies ni cabeza". Así, ha detallado que se reunieron en distintas ocasiones con el Ministerio de Industria y "nos habían asignado 12 millones de euros".

A pesar de estas ayudas, cuando llegó a la Alcaldía "teníamos a los proveedores encima, ni siquiera podía pagar las nóminas en julio", ha hecho hincapié. "Ves que se han recibido cantidades ingentes de dinero y ni siquiera se puede pagar la gasolina del parque móvil", ha lamentado. 

Hechos prescritos

En la primera sesión del juicio, la defensa de Luisa Ruiz ha planteado, como cuestiones previas, que los hechos por los que se le acusa ya habrían prescrito y también que ha existido indefensión ante la "pretensión indemnizatoria" de la Abogacía del Estado. De su parte, el Ayuntamiento de Peñarroya ha retirado la acusación particular y se encuentra personado como responsable civil subsidiario. Su letrado también sostiene que los hechos habrían prescrito y ha solicitado la nulidad de las actuaciones alegando indefensión. El tribunal ha rechazado esta nulidad y ha informado de que es necesario practicar la prueba en el juicio para pronunciarse sobre las demás cuestiones, por lo que la vista oral continúa.

Caso Rocket: Cinco acusados y 60 años de cárcel

El caso Rocket tiene cinco acusados por el Ministerio fiscal, por presuntamente haber cometido irregularidades en la gestión, tramitación y destino de subvenciones dirigidas a Peñarroya Pueblonuevo. Estos delitos estaban presuntamente relacionados con la primera fase del tren turístico del Guadiato; proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas; la compra del vagón restaurante; el museo del ferrocarril y la dotación de servicios urbanísticos al polígono de Vega Currillo.

Entre los delitos presuntamente cometidos se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude de subvenciones y falsedad documental. Luisa Ruiz, ex alcaldesa de la localidad, se enfrenta a 33 años y tres meses de cárcel, pero las penas de prisión rondan los 64 años y siete meses de privación de libertad para el conjunto de los acusados.

En los delitos relacionados con la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas (prevaricación, fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil), y la dotación de servicios urbanísticos al polígono de Vega Currillo (falsedad en documento emitido por funcionario público) solo ha sido acusada la ex regidora municipal socialista. Las penas solicitadas por el fiscal suman 11 años y medio de cárcel, y varias multas entre las que se encuentra una de 1,7 millones de euros.

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