Los acusados del caso Rocket, que se está instruyendo desde hace una década y en la que se investigaron unas 17 personas, se enfrentan a penas que suman en total casi 60 años de prisión y 92 de inhabilitación por la comisión de delitos tales como prevaricación, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental, entre otros

Las acusaciones manejadas revelaban una presunta trama organizada en torno a los fondos Miner que llegaron a Peñarroya desde el año 2005, en la que la entonces alcaldesa, Luisa Ruiz (PSOE y UPdÑ), y los directivos de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos y de la sociedad First Train Class C.G. y R. O. serían los principales actores, y consistían en la falsificación de documentos para simular actuaciones y operaciones pactadas previamente o que no se llegaron a desarrollar, así como en irregularidades en la gestión y tramitación de las subvenciones, así como el destino de las mismas.

La calificación actual ha valorado finalmente cinco hechos que son los que han propiciado varios delitos cada uno de cada uno de los acusados.

En concreto, lo hechos se refieren al proyecto de la puesta en marcha del tren turístico, dos proyectos de ingeniería y asesoramiento técnico al Ayuntamiento de Peñarroya, la compra del vagón restaurante, la creación del museo del ferrocarril y la prestación de servicios relacionados con la urbanización del Polígono Vega Carrillo.

El acusado para el que se pide más pena es la exalcaldesa Luisa Ruiz, que en el cómputo total de los delitos que se imputan sumaría, de acceder a la petición del fiscal, 32,9 años de prisión y 55 años de inhabilitación especial para cargo público, además de diversas multas, entre las que destaca una de 1.700.000 euros.

A los demás acusados, el fiscal pide 14 años y 5 meses; 11 años y 11 meses; 1 año y 9 meses, y 8 meses de cárcel, en función de los delitos que les son imputados.