INFORME

El mal trago de La Colada

Los excesivos niveles de carbono orgánico total en las aguas de la presa han provocado que cerca de 80.000 vecinos reciban agua en cisternas / Ahora se piensa en que la conexión con Puente Nuevo sería la solución definitiva

Vecinos de  Villanueva de Córdoba recogen agua de las cisternas enviadas por Emproacsa.

Vecinos de Villanueva de Córdoba recogen agua de las cisternas enviadas por Emproacsa. / RAFA SÁNCHEZ

Rafael Valenzuela

Rafael Valenzuela

No era descabellada la afirmación que en noviembre del año 2003 hizo el entonces vicepresidente cuarto de la Diputación de Córdoba, Juan Torres (PSOE), cuando vaticinó que la presa de La Colada estaría terminada antes que la red de abastecimiento dependiente de ella, y por lo que fue obligado a rectificar unos días más tarde.

La Junta, entidad responsable del proyecto de construcción de la citada red, insistía en que todo estaría a punto. Y lo cierto es que, a día de hoy, 20 años después, el agua está llegando a los 79.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato merced a una conexión «de urgencia» acometida por el Gobierno central para evitar el colapso hídrico que estaba generando la falta de agua de Sierra Boyera, que es de donde salen las conducciones de suministro hasta los pueblos. La Junta, ahora gobernada por el PP, está a punto de licitar la obra para concluir la conexión que se había quedado pendiente, pero algunas de las actuaciones que se han de acometer ya están hechas, por lo que, con toda probabilidad, el proyecto debe ser revisado de nuevo para adecuarlo a la nueva realidad.

‘In extremis’

El caso es que aunque se ha logrado «in extremis», como dijo la subdelegada del Gobierno central, Rafaela Valenzuela, garantizar que el agua llegue a los grifos con una inversión del Estado por medio de la Confederación del Guadiana, que supera los 4 millones, los vecinos siguen sin poder consumir el agua de sus casas. Tienen agua, sí, pero no pueden beberla. Ahora el motivo es sanitario. El agua que se está bombeando desde La Colada registra un elevado índice de carbono orgánico total (COT). El máximo autorizado es de 7 miligramos por litro y en el embalse de El Viso estaba en 39.

Tratamiento químico

El tratamiento químico que se ha venido aplicando por parte de Emproacsa, empresa gestora del servicio de abastecimiento doméstico, para la potabilización del agua de La Colada ha conseguido bajarlo a 9, pero no ha sido suficiente. Un decreto de reciente publicación --enero de 2023-- por parte del Gobierno central indica que si se supera el parámetro de los 7, el agua se ha de considerar no apta para el consumo humano. Ante tal situación, la Junta dictó el lunes el decreto de declaración de no aptitud del agua de La Colada.

Precedentes

Pero no es este el primer caso que se registra de no aptitud del agua de los embalses cordobeses para alguno de sus usos. Ya en julio del año 2005, la Delegación de Salud de la Junta prohibió el consumo del agua procedente del embalse de Iznájar por detectarse un alto nivel de terbutilazina, un plaguicida empleado como herbicida en el olivar. Si ahora son unos 79.000 los usuarios perjudicados, en aquel caso fueron unos 250.000, de 23 municipios. El caso más reciente se produjo el año pasado, también en La Colada, cuando en agosto la Junta prohibió el baño por hallarse en los análisis de las aguas algunas especies de cianobacterias. Entonces, todavía no se había ejecutado el enlace con Sierra Boyera. 

El ozono

Al resultar infructuoso el tratamiento tradicional de potabilización del agua con productos químicos utilizado por Emproacsa, la empresa provincial ha optado por recurrir al uso del ozono. Es una medida mucho más eficaz, pero también costosa, pues podría acercarse a los 400.000 euros. Para verlo funcionar habrá que esperar los dos meses que requieren los trabajos de instalación. 

Las cisternas

Para solventar el contratiempo, la empresa abastecedora (Emproacsa), en 24 horas, inició un proceso de reparto de agua en cisternas por los pueblos afectados, para lo que se requieren los servicios de 16 camiones cisterna y algunos remolques de menor capacidad. El coste de este servicio ronda los 18.000 euros diarios pero responde a una obligación legal de las empresas gestoras del abastecimiento y se deberá prolongar hasta que se resuelva completamente la contingencia. Aunque la causa de la declaración de no aptitud por parte de la Junta es el carbono orgánico, los vecinos ya venían detectando en el agua que recibían en sus casas un color sospechoso, por eso no ha sorprendido que el reparto de los camiones no haya tenido la respuesta esperada. Eran muchos los ciudadanos que ya venían recurriendo al agua embotellada para su consumo doméstico. Por otro lado, la Junta también informó de que este componente no es perjudicial para los humanos y tampoco para los animales. Sin embargo, el edicto de la Junta indica que no se pude usar ni para beber ni para la elaboración de alimentos. Para todo lo demás, sí es válida.

Los alcaldes piden una solución definitiva

Al surgir el problema, los alcaldes de los 24 pueblos afectados se han volcado en comunicar a sus vecinos la situación y han instado a las administraciones supramunicipales a que trabajen en dos líneas. La primera, garantizar el abastecimiento también a los negocios y empresas de las dos comarcas afectadas y, por otro lado, que trabajen unidas en la búsqueda de una solución que resulte definitiva en materia de dotación de agua tanto cualitativa como cuantitativamente. El primero de los asuntos ha sido asumido también por Emproacsa, que facilitará a cada negocio el agua que necesite, si es menos de 150 litros diarios. A las de mayores necesidades se les brinda la posibilidad de dirigirse a la empresa provincial para buscar una solución.

Puente nuevo

En cuanto a la solución definitiva, alcaldes y administraciones han concluido que lo más óptimo para que el problema de la falta de agua de calidad se resuelva definitivamente es conectar el embalse de Puente Nuevo con la estación depuradora de Sierra Boyera. Este enlace, sin embargo, no es algo que se pueda acometer en poco tiempo ni con poco dinero, pues entre ambos puntos de conexión hay unos 40 kilómetros de distancia, a lo que hay que unir que las conducciones, todas de nueva instalación, han de pasar por propiedades privadas, lo que complicará el procedimiento administrativo para poder acometer el trabajo, al requerirse expropiaciones. 

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