análisis

Limar el hueso de la burocracia: las claves de la simplificación administrativa de la Junta

El Gobierno andaluz ultima un decreto de simplificación administrativa para reducir los tiempos, tanto para ciudadanos como para empresas

Primarán las figuras de la declaración responsable y el silencio administrativo positivo

Imagen de archivo de una persona utilizando un ordenador.

Imagen de archivo de una persona utilizando un ordenador. / E. P.

Noelia Santos

Noelia Santos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado esta semana su cuarto decreto ley de simplificación administrativa que viene a reducir de forma considerable los tiempos con los que trabaja la administración. El decreto tiene que salir todavía en el BOJA para conocer los pormenores del mismo, aunque tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ya han dado algunas claves de lo que contendrá la norma.

El decreto busca dos cosas: que los ciudadanos no se lleven las manos a cabeza con los tiempos empleados por la administración y el impulso de la actividad económica, es decir, ponérselo fácil a las empresas. Según lo conocido hasta el momento, esa lima que se le pasará a la burocracia afectará a múltiples asuntos, desde el tiempo en que se tarda en abrir una residencia hasta los meses que hay que esperar para tener reconocida la dependencia

Silencio administrativo y declaración responsable

El decreto, que debe entrar en vigor todavía, amplía «significativamente» -según lo aprobado en Consejo de Gobierno- los trámites a los que se aplica el silencio administrativo positivo y los que se pueden salvar con una declaración responsable. El silencio administrativo positivo supone que si la Junta no ha contestado a una petición o reclamación en el plazo estipulado que tenía para hacerlo, se entiende que dicha petición o reclamación es favorable a quien la ha interpuesto.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, la semana pasada en Córdoba.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, la semana pasada en Córdoba. / MANUEL MURILLO

En el caso de la declaración responsable, reduce (y mucho) los tiempos estipulados. Literalmente, una declaración responsable es un documento firmado por un interesado en el que éste manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en la normativa para obtener algo. Por ejemplo, en Córdoba, la Gerencia de Urbanismo permite presentar, en varios casos, una declaración responsable para iniciar una actividad comercial, sin necesidad de pedir licencia y con la posibilidad de que los servicios de inspección, a posteriori, confirmen in situ que lo que ponía en dicha declaración era cierto.

Todavía habrá que ver qué trámites incorpora el decreto al listado de procesos que se podrán ejecutar con estas dos figuras, aunque la Junta ha puesto un ejemplo bien claro. Para abrir una residencia bastará con una declaración responsable e imperará el silencio administrativo. Con ello, el Gobierno autonómico calcula que se pasará de dos años a tres meses de media en poder abrir el centro.

Patrimonio: menos trabajo para las comisiones

Algo que afectará mucho a Córdoba será toda la simplificación que se aplique en materia de patrimonio histórico. En la ciudad, prácticamente cualquier intervención que quiera hacerse en un entorno BIC precisa de que la Comisión Provincial de Patrimonio se reúna y dé el visto bueno. Según las actas de las reuniones celebradas por la Comisión de Patrimonio en 2023, fueron 18 encuentros, entre sesiones ordinarias y extraordinarias, donde se trataron casi 250 asuntos, desde la reforma de una casa particular en la calle Arenillas hasta una intervención en el Alcázar pedida por Urbanismo. Con el nuevo decreto, se reducirá el número de procedimientos que tengan que pasar por estas comisiones. Es más, no habrá que tener informe de la comisión si un particular (empresa o familia) quiere hacer una obra en un entorno protegido.

En materia de patrimonio, también valdrá con una declaración responsable para aquellas actividades arqueológicas que estén afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico.

Sociedad: la reducción donde más se necesita

Más allá de actividades económicas, trámites urbanísticos u obras, la reducción burocrática también se espera en tramitaciones que tienen que ver con la salud y el bienestar de los ciudadanos. Ocurrirá, por ejemplo, en la dependencia, donde la Junta espera recortar en un año (de 555 a 180 días) la resolución de solicitudes. También se reducirá el número de documentos que hay que rellenar para tramitar la Renta Mínima de Inserción Social y se unificarán en uno solo los tres anexos que hay que completar ahora para la renovación de la condición de familia numerosa.

Medio ambiente: autorización ambiental

La autorización ambiental es el permiso que da la autoridad competente para el inicio de una actividad acreditando que cumple con los requisitos ambientales. Con el decreto, las unificadas (una resolución única para la evaluación del impacto ambiental donde se recogen las distintas autorizaciones y exigencias) se van a resolver de forma simplificada pasando de integrar 48 autorizaciones sectoriales a 16 y las integradas pasarán de 23 a 15. En el caso de las unificadas, se creará la autorización ambiental unificada simplificada que solo necesitará un pronunciamiento para aprobarse.

En la misma materia, se habilitará el inicio de una actividad con una declaración responsable del promotor, sin ser necesaria la certificación acreditativa del director de la obra. También se implantará un modelo de ventanilla única para las tramitaciones ambientales. Se busca mejorar trámites que tengan que ver con el transporte, el urbanismo o la sequía.

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Este decreto ley modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y reducirá un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta de Andalucía, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100. Además, recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación. El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración.

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