Un decreto modifica 176 normas y reduce un 90% las aplicaciones de la Junta

El Consejo de Gobierno aprobó este martes el cuarto decreto ley por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración autonómica y el impulso de la actividad económica, y que supone la modificación de 176 normas (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes) y la reducción en un 90% del número de aplicaciones que se utilizan en la Junta, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100.

Este decreto ley, compuesto por más de 600 páginas, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se espera que su convalidación por el Parlamento se produzca en el último pleno de este mes o el primero de marzo, según informó el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Destacó que se trata del plan de simplificación administrativa «más revolucionario y potente que jamás haya hecho una administración en España». Recoge más de 450 medidas con el objetivo de acabar con la «complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación», así como acortar los tiempos de respuesta de la administración.

Con la nueva norma, en Dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes se reduce de los 555 días de media actuales a un máximo estimado de 180 días. Se crea, además, un modelo de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que no cuentan con una red familiar o jurídica que les pueda ayudar. Mejora la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, reduciendo el número de documentos necesarios para la solicitud. También se modifica el Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa para unificar los tres anexos de la solicitud de renovación en uno solo. Al mismo tiempo se eliminan obstáculos en la prestación de servicios sociales, con un régimen de autorización menos restrictivo. Así, se pasa de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores a tan sólo tres meses.

Se incluye también un gran paquete de medidas de transformación digital de la Junta. En materia de Patrimonio Histórico, el decreto ley cambia de autorización a declaración responsable para determinadas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico, lo que permitirá mayor agilidad y transparencia.

Por otro lado, el decreto ley modifica la Ley General de la Hacienda Pública, para la gestión de la ejecución presupuestaria del gasto. Se elimina no sólo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecución presupuestaria del gasto, sino también los propios actos de ejecución presupuestaria en sentido estricto. En Justicia, se unifica el procedimiento para la concesión a las víctimas del terrorismo de las indemnizaciones por daños y por situación de dependencia que requiere del dictado de dos resoluciones sucesivas.

En energía, entre otros trámites, se aumenta la potencia de 100 hasta 500 kilovatios de las instalaciones ubicadas en suelo urbano que quedan sujetas a declaración responsable, sin necesidad de solicitar autorizaciones administrativas. La consejería del ramo elimina con este decreto las trabas adicionales introducidas por la regulación autonómica para el desarrollo de la actividad de los organismos de control. El decreto también simplifica el registro de explotaciones agrícolas y forestales.