El juez del caso Infraestructuras llama como testigo a Blanca Torrent y a David Dorado, de nuevo a declarar

El juez de Instrucción número 4 de Córdoba, que instruye el llamado caso Infraestructuras, ha puesto fecha para que declaren de nuevo en calidad de investigados el técnico de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba imputado, así como al exconcejal del área municipal, David Dorado, y la que fue su coordinadora local, así como a varios de los empresarios vinculados con las posibles contrataciones irregulares en el Consistorio cordobés.

Asimismo, el juez llama a declarar como testigos al titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Miguel Aguilar, y a la interventora, Paloma Pardo, así como al coordinador general del Consistorio, Ramón Díaz Castellano, y a la actual primera teniente de alcalde y delegada de Empleo en el anterior mandato, Blanca Torrent. Algunas de estas declaraciones están pendientes desde la primavera.

La presidenta del Imdeec y del coordinador general del Ayuntamiento han sido llamados a declarar toda vez que el funcionario imputado alegó como excusa para el fraccionamiento de contratos la urgencia con la que supuestamente se les requerían los trabajos por parte de los responsables políticos. En concreto, el funcionario aludió al plan de choque municipal, puesto en marcha a raíz de la pandemia, a pesar de que este documento no incluía contrataciones específicas si no que era un documento de intenciones de corte político para impulsar el tejido económico de la ciudad.

Doce declaraciones

En total, el juez interrogará a una docena de personas relacionadas con la causa durante dos días y con un intervalo de 30 minutos cada uno de ellos. En su anterior auto, el juez José Luis Rodríguez Lainz, reconocía la dificultad para encontrar una sala con capacidad para albergar la presencia de todas las partes personadas en este caso, así como para fijar fechas compatibles para todos los letrados. Algo que, admitía el juez, está dificultando "seriamente" el ritmo de investigación porque entendía que ya debería estar finalizada.

Prórroga de seis meses

En el mismo auto, el juez concedió una nueva prórroga de seis meses para la fase de instrucción del caso que investiga supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, así como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos en el seno de esta delegación municipal.

Precisamente en aquel auto de autorización de la prórroga, el juez explicaba que todavía siguen pendientes las declaraciones de investigados y testigos y añadía que de las mismas "podría derivarse la práctica de nuevas diligencias de investigación, incluso en interés de las defensas". De este modo, la instrucción del caso expirará el 25 de mayo de 2024.