Dorado ratifica ante el juez su denuncia por el caso Infraestructuras y carga contra el alcalde

El exdelegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba y actual concejal no adscrito David Dorado ha declarado este miércoles ante el juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba por la segunda causa del conocido como caso Infraestructuras, es decir, sobre los hechos denunciado por él mismo y que se relacionan con contratos que se remontan a 2012. Se trata de la segunda parte de un caso que se inició con la investigación de presuntas irregularidades en contratos de Infraestructuras cuando Dorado ya era responsable del área, hechos que derivaron en su cese.

Según ha explicado el propio Dorado a este periódico, en su declaración se ha ratificado en la denuncia presentada por él mismo y que deriva de una auditoría encargada después de que varios empresarios le pusieran en alerta sobre posibles irregularidades en la concesión de contratos de Infraestructuras. Durante dos horas, el que fuera responsable de Infraestructuras ha dado cuenta de esa denuncia y esa auditoría frente a los seis abogados de las seis empresas señaladas en la causa, donde también está investigado un técnico de la delegación. De momento, es el único que ha declarado.

De nuevo, el concejal no adscrito ha cargado contra el alcalde de Córdoba, José María Bellido, a quien acusa de paralizar la investigación interna que se abrió en el Ayuntamiento por este asunto. Dorado ha recordado que no se concedió una prórroga al secretario del Pleno para dicha investigación, toda vez que el alcalde explicó en su día que si la causa ya estaba en los tribunales debería partir de ahí la investigación.

El Ayuntamiento no se ha personado

David Dorado también ha reprochado que el Ayuntamiento no se haya personado en esta causa siendo la parte más afectada por la misma. Fuentes municipales han explicado que no se ha dado el paso porque no existe un ofrecimiento de acciones por parte del juez, es decir, que desde el juzgado no se ha invitado al Consistorio a personarse en la causa como parte afectada. Sobre este argumento, Dorado ha asegurado que no es necesario que esto ocurra y ha incidido en que en el escrito de la Fiscalía enviado al juzgado se explicaba claramente "que el Ayuntamiento es el principal afectado"

El concejal ha opinado, en este sentido, que la razón de que el Ayuntamiento no se persone en la causa no es la falta de ofrecimiento sino que "la persona que tiene que representar al Ayuntamiento es el jefe de la Asesoría Jurídica, que emitió un informe a la Fiscalía diciendo que aquí no hay caso, que no hay nada que investigar. Después de eso la Fiscalía aprecia indicios de delito. Una persona que defiende la versión de que no hay delito no puede representar al Ayuntamiento como afectado o denunciante".

La causa

En julio de este año, la Fiscalía incoó diligencias de investigación a los contratos denunciados por Dorado (apoyados por el informe de una auditoría externa encargada por el propio concejal y complementada con decenas de expedientes remitidos por el propio equipo de gobierno municipal con posteridad a los juzgados) porque "pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y otros que puedan determinarse tras la investigación que se lleve a cabo".

Los contratos denunciados por el edil superaban los 400.000 euros, y la gran mayoría habían sido adjudicados a la misma empresa y habían sido redactados por el mismo responsable técnico de la delegación.

La tercera parte del caso

La declaración de Dorado en los juzgados coincide con la aparición de la que podría denominarse como tercera parte del caso Infraestructuras. El actual delegado del área, Antonio Álvarez, anunciaba el pasado lunes que se habían detectado presuntas irregularidades en 200 facturas de Infraestructuras de menos de 500 euros. Álvarez avisaba de la detección, además, de un gran número de facturas por menos de este importe, que no deben pasar tantos controles como las que suben de precio. El propio cogobierno de PP y Cs empezó a aplicar más control sobre los contratos menores, aquellos de menos de 3.000 euros, precisamente, a raíz de la judicialización de la trama.

Sobre esta investigación, Dorado ha dicho que "me parece bien que se investigue, pero hay que investigar todo" y considera que se fiscaliza "exclusivamente" a un técnico, concretamente al relacionado con el área de Mantenimiento de Edificios Públicos, cuando entiende que se debería ampliar a otras delegaciones. "No puede ser que investigue solo un área, una unidad, a un técnico, y en los demás no se mueva ni un papel", ha denunciado Dorado.

El caso Infraestructuras saltó a la palestra a principios del 2021, cuando IU denunció un posible fraccionamiento de contratos en el área para evitar sacar a concurso público unas obras. La Fiscalía, efectivamente, halló indicios de delito de fraccionamiento y falsedad documental y trasladó el caso al juzgado.

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