Piden cárcel para dos empresarios de Córdoba por apropiarse de dinero para eventos

La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días al administrador y al representante legal de una empresa por, presuntamente, apropiarse de 5.950 euros abonados por otra sociedad para la instalación de stand en eventos. El fiscal reclama cuatro años de prisión para cada uno de los acusados y sendas multas de 7.200 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, afirma que la perjudicada solicitó presupuesto a la sociedad de los acusados para la instalación de stand en dos eventos. Uno de los encartados envió un presupuesto que fue aceptado por esta firma y para abonarlo entregó un pagaré.

Sin embargo, "argumentando que no habían podido descontar el pagaré", los acusados requirieron a su cliente para que abonase inmediatamente una cantidad "si quería que se le prestara el servicio demandado". El mismo día, esta empresa hizo una transferencia.

Además, la perjudicada, mediante una segunda transferencia, abonó otro importe a la empresa contratada y reclamó que le devolvieran el pagaré, "al haber pagado el precio total de la propuesta aceptada", más otra pequeña cantidad. Muy al contrario, los encartados le comunicaron mediante correo electrónico "que había un error sumatorio en el presupuesto inicial aceptado en su día", exigiédole que abonase una diferencia de 926 euros y "diciéndole que quedaban a la espera del abono de esa cantidad para enviarle el pagaré por mensajería".

La perjudicada reclama una indemnización

Más tarde, el representante legal de la empresa encausada remitió a la afectada otro correo electrónico advirtiéndole que tenía su pagaré y requiriéndole para que le diera una fecha de abono de la cantidad pendiente "y si no tenían respuesta, lo meterían en el banco", añade el ministerio público.

Ambos procesados hicieron efectivo el importe del pagaré en una sucursal bancaria sin devolver a la perjudicada las cantidades que ya habían cobrado por las transferencias realizadas. Así, el fiscal señala que la cantidad obtenida y no devuelta asciende a 5.950 euros.

La perjudicada, además, reclama una indemnización. El ministerio público califica lo ocurrido como un delito de apropiación indebida, por el que pide que se impongan a cada uno de los acusados cuatro años de prisión y una multa de 7.200 euros.