La primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha anunciado este lunes que la coordinadora general de la Delegación de Infraestructuras señalada por el Ministerio Fiscal por su presunta relación con las irregularidades supuestamente detectadas en contratos del área se encuentra "retirada" o "apartada" de sus funciones en estos momentos, al igual que el técnico también apuntado por la fiscal, al que ya se le apartó hace unos meses. "La coordinadora está al margen de absolutamente todo para dejar que avance y el técnico del Ayuntamiento está al margen de toda la situación hasta que esto se aclare", ha indicado la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en rueda de prensa. La coordinadora (un cargo de libre designación nombrado por Cs) no está cesada de momento solo "al margen", lo que significa "apartada" o "retirada", ha puntualizado Albás a este medio después de la comparecencia de prensa. Esa será su situación hasta que se avance en la investigación del caso y se aclaren todos los extremos. Minutos después, otras fuentes de este mismo grupo municipal han puntualizado que ha sido la propia coordinadora la que ha pedido "delegar su firma de los contratos menores".

El grupo municipal del PSOE se ha sumado hoy a las exigencias de IU y Podemos que ya pidieron al alcalde que cese al delegado de Infraestructuras, David Dorado. De momento, Vox solo ha pedido apartarlo de sus competencias. Por su parte, Isabel Albás y el teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, han enfriado este lunes la cuestión de las responsabilidades políticas y han asegurado que el gobierno municipal adoptará decisiones "conjuntamente", según ha matizado la segunda, por las presuntas irregularidades detectadas en contratos realizados por el área de Infraestructuras.

Ambos responsables han comparecido en una conferencia de prensa para informar de los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local y, consultada por esta cuestión, Albás ha afirmado que "estamos analizando todos los informes para ver qué medidas tomamos. La información de que la Fiscalía trasladaba la situación a un juzgado la recibimos el jueves y estamos trabajando en ello", ha precisado.

Fuentes ha insistido en que el asunto se encuentra en la Justicia y ha recordado que "esto es un cogobierno", pero "primero tenemos que respetar la autonomía de grupo", en referencia a Cs. "Tenemos que escuchar a Ciudadanos. Se van a tomar decisiones, ¿de qué calado?, ya veremos en función de las conclusiones", ha adelantado el concejal de Urbanismo.

Creación de dos comisiones

Por otro lado, el teniente de alcalde de Urbanismo ha informado de la creación de dos comisiones, una para mejorar el periodo medio de pago a los proveedores y la segunda, como ya avanzó el alcalde, José María Bellido, para la mejora y eficacia de la transparencia en la contratación pública. A preguntas de los periodistas, Fuentes también ha detallado que la Junta de gobierno "lo que ha hecho es convalidar lo que hizo el otro día el alcalde accidental David Dorado, para que en el momento que se observa algún indicio de presunta irregularidad, lo que hacemos es actuar y que sean los técnicos los que vean el alcance que tiene". Además, ha confirmado que se analizarán los contratos realizados entre los años 2016 y 2020 solo en Infraestructuras, "que es la denuncia que se plantea por parte del delegado".

Estaba previsto que hoy la junta de gobierno local tomara conocimiento del decreto que firmó el viernes David Dorado solicitando abrir una información reservada sobre otra veintena de contratos de Alumbrado Público que se remontan al año 2016 y que, a la luz de una auditoría externa elevada también a la Fiscalía, incluirían también presuntas irregularidades. Asimismo, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, anunció en el pleno del jueves que se iba a crear una comisión para analizar los contratos menores del Ayuntamiento, "un foco de conflicto", en sus propias palabras.

Qué es el caso Infraestructuras

La situación a la que hoy se llega se origina a principios del 2021, cuando la concejala de Izquierda Unida Amparo Pernichi, exdelegada de Infraestructuras, sospecha de que en una obra en la avenida de Libia para el cambio de luminarias se pudieran estar produciendo irregularidades como falsedad en documento público (se certificó el final de la obra antes de que hubiese acabado) y fraccionamiento del contrato. La sospecha resulta ser solo la punta de un iceberg que termina tomando forma de denuncia judicial, que elevan al Ministerio Fiscal para su estudio los grupos municipales de IU y de Podemos. El gobierno municipal mueve ficha entonces encargando un informe interno al titular de la Asesoría Jurídica Municipal, Miguel Aguilar, que hace un exhaustivo estudio de más de 40 contratos menores del área de Infraestructuras, es decir, todos los firmados en 2020. Las conclusiones de aquel informe confirman las sospechas de IU y Podemos: existen, a juzgar por el letrado municipal, indicios de delito por fraccionamiento, falsedad de documento público y prevaricación. Una de las claves de este informe es que observa que en varias ocasiones los letrados municipales habían advertido a los responsables del área de que se estaban fraccionando contratos para evadir su fiscalización.

Este segundo informe pasó a engrosar en junio el expediente abierto ya por la Fiscalía y ha sido fundamental para sus conclusiones de la semana pasada y en las que Anticorrupción concluye que en los contratos analizados hay indicios de delitos. La fiscal ha ordenado al juez decano la continuidad de la causa y apunta a dos responsables sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación pueda afectar a terceras personas: por un lado señala al técnico municipal responsable de estos contratos y por otro lado, a la coordinadora general de Infraestructuras, un puesto de libre designación nombrado por el propio David Dorado.

Es en este contexto, en verano del 2021, cuando David Dorado encarga a título individual una auditoría externa de una veintena de contratos del mandato anterior, cuando la delegación de Infraestructuras estaba en manos de IU. Dicha auditoría, que también está ya en poder de la Fiscalía pero sobre la que aún no se ha pronunciado, determina que se habrían producido irregularidades en la adjudicación de contratos menores y que se habrían inflado los precios de esas licitaciones. Entonces era otro técnico el que supuestamente se beneficiaba de la situación. El concejal de Cs entiende que con este movimiento (el encargo de una auditoria) demuestra su deseo de colaborar con la justicia, mientras que la oposición interpreta que es tan solo una cortina de humo para no asumir responsabilidades. IU y Podemos han pedido de nuevo el cese del delegado, mientras que Vox quiere que se retiren las competencias.

Las declaraciones de Dorado

Si judicialmente había ya puesta dinamita para convertir la Delegación de Infraestructuras en un auténtico polvorín, las declaraciones vertidas por David Dorado este fin de semana responsabilizando de la supuesta "trama" a la cadena de mandos técnicos (culpa a Contratación, Asesoría Jurídica e Intervención de no hacer bien su trabajo) han sido la mecha definitiva para que el gobierno municipal se desmarcase de sus palabras. En ningún caso "existe relación en los hechos que se encuentran en sede judicial con la gestión en otros ámbitos de la administración municipal y aún menos en los órganos de asesoría, control y fiscalización que están colaborando en el esclarecimiento de estos hechos", indicaron fuentes municipales, al tiempo que no descartaban depurar responsabilidades políticas en los próximos días.