El gobierno municipal se ha desmarcado esta tarde de las declaraciones realizadas por el concejal de Infraestructuras, David Dorado (Cs), y en la que, además de anunciar que no dimitirá, atribuye a un fallo en la cadena de los técnicos municipales las irregularidades de los contratos de la Delegación municipal de Infraestructuras en los que la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delito. En concreto, la fiscal habla de un posible delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público después de analizar la denuncia de Izquierda Unida y Podemos y el informe de la propia asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba en los que se apuntan posibles irregularidades en más de 40 contratos firmados en 2020.

Fuentes del gobierno municipal han apuntado a este medio que "cualquier responsabilidad por los hechos remitidos a sede judicial vinculados al Área de Infraestructuras se circunscriben solo a ese área municipal". En ningún caso, dicen las mismas fuentes, "existe relación en los hechos que se encuentran en sede judicial con la gestión en otros ámbitos de la administración municipal y aún menos en los órganos de asesoría, control y fiscalización que están colaborando en el esclarecimiento de estos hechos" y a los que apuntaba directamente en sus declaraciones el edil de Cs.

Responsabilidades políticas, en los próximos días

Por otro lado, informan las mismas fuentes que en los próximos días se determinarán y analizarán las responsabilidades políticas que se puedan derivar del análisis de esta situación, toda vez que en su escrito, la fiscal señala a un técnico municipal como responsable de estos contratos en Infraestructuras con supuestas irregularidades y a la coordinadora general de la delegación, un cargo político puesto a propuesta de David Dorado.

Estas afirmaciones se producen después de que Dorado haya atribuido “a un fallo en cadena” de todo el Ayuntamiento de Córdoba que se hayan podido dar dichas irregularidades en contratos en su área. El edil de Ciudadanos, que ha guardado silencio desde que se conociera el jueves el decreto fiscal, anuncia en una entrevista concedida a ABC, que no va a dimitir y asegura contar con el respaldo del alcalde, José María Bellido. Es más, entiende el responsable de la delegación señalada en los juzgados que, gracias a su forma de actuar, las irregularidades no volverán a producirse o será más complicado que vuelvan a darse, y entiende que su cuota de responsabilidad política está zanjada con su colaboración con la justicia. Tampoco entiende que haya que cesar a la coordinadora general de Infraestructuras, apuntada directamente por el escrito fiscal, hasta que no exista sentencia firme y asegura que la oposición va contra ella porque “le tienen ganas”. 

Dorado se exime de responsabilidades pero reparte culpas entre todos los departamentos municipales, desde Contratación a Intervención, pasando por Asesoría Jurídica, si bien no presupone que nadie actuara con intencionalidad. “Me resultó sorprendente que un incumplimiento tan manifiesto de la Ley de Contratos haya pasado el filtro de los departamentos municipales de Contratación, Asesoría Jurídica e Intervención. Tendrán que explicar cómo se les ha colado un presunto error tan grande. Indudablemente algo falló en el Ayuntamiento con estos contratos”, dice.

Su auditoría

Dorado hace referencia a la auditoría encargada por él mismo este verano, que ahora estudia también el Ministerio Fiscal, y en la que se da cuenta de nuevas presuntas irregularidades durante el anterior mandato (los contratos analizados se remontan a 2016), cuando estaba al frente de la Delegación Izquierda Unida. El edil de Cs asegura que encargó la auditoría de manera unilateral y a un ente externo al Ayuntamiento (el Colegio de Peritos) por las quejan que le habían hecho llegar varias empresas, pero no exige responsabilidades a la anterior delegada. El Ayuntamiento abrió ayer una investigación interna sobre estos nuevos contratos.

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IU ha rehusado contestar a las declaraciones del edil, en las que hace referencia expresa a esta formación y a la concejala Amparo Pernichi, que precisamente, fue la primera que denunció que podría haber irregularidades en el contrato de una obra en la avenida de Libia en enero del 2020 y que ha dado origen al proceso judicial abierto.