El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que creará una comisión para estudiar los contratos menores “un foco permanente de conflicto”, ha informado el edil el día que ha trascendido que la Fiscalía ve indicios de delito en varios contratos de la Delegación de Infraestructuras, tal y como denunciaron IU y Podemos. El alcalde ha lamentado que el Ayuntamiento de Córdoba salte a los medios de comunicación por estos hechos y ha asegurado que desde el equipo de gobierno han hecho lo que estaba en su mano para esclarecer el asunto y que han actuado con "transparencia". “Soy el primero que lamento estos hechos, no me gusta salir en los medios por situaciones como esta, pero seguiremos colaborando con la Fiscalía” ha garantizado para añadir que PP y Cs estudian la posibilidad de personarse en la causa judicial. Sobre posibles responsabilidades políticas derivadas de estos hechos (el decreto de Anticorrupción señala a un técnico y a la coordinadora general de Infraestructuras, cargo político nombrado por Cs) se ha limitado a decir que “se verán en unos días si hay o no lugar a ellas”.  

Por otro lado, Bellido ha defendido lo hecho hasta ahora por su equipo y ha recordado que el mismo gobierno local encargó un informe a la asesoría jurídica sobre estos contratos, que va en el mismo sentido al apuntar indicios de falsedad documental y prevaricación, y que también se elevó a la Fiscalía. Asimismo, Bellido ha explicado que el mismo David Dorado, delegado de Infraestructuras, encargó una auditoría sobre otra serie de contratos de esta misma delegación, que también ha sido remitido por el gobierno local a la Fiscalía, que aún no se ha pronunciado al respecto. 

A preguntas de la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, y de la concejala Alba Doblas (IU), en el pleno que se celebra hoy, el alcalde ha lamentado los hechos y ha asegurado que el equipo de gobierno “ha actuado siempre con transparencia y responsabilidad” en este tema. En este sentido, ha hecho un relato de los hechos, a partir de la denuncia que IU y Podemos llevaron a los juzgados. Bellido ha recordado que entonces acordaron abrir una información reservada, que llevó a cabo el titular de la asesoría jurídica municipal y que remitieron ese informe a la Fiscalía. “Tal es así que a nosotros también nos informa el Ministerio Fiscal, en condición de denunciantes, al haber sido nosotros quienes ampliamos las diligencias”, ha añadido Bellido.

El alcalde ha negado las acusaciones de la oposición de haberse estado cruzado de brazos en este asunto y ha enumerado las acciones llevadas a cabo desde que se detectaron presuntas irregularidades en la delegación. Entre ellas abrir un expediente disciplinario al funcionario señalado o cambiar al responsable de contratos con una encomienda de gestión del área de Inclusión, siendo ahora el subdirector de esa delegación quien supervisa técnicamente todos los contratos que vienen de alumbrado público.