La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba y en concreto su titular, Miguel Aguilar, aconseja elevar al Ministerio Fiscal determinados contratos menores realizados en la Delegación de Infraestructuras relativos al año 2020 al haber hechos que podrían ser constitutivos de delito en la actuación del técnico municipal responsable de los mismos. Esta mañana se ha celebrado una junta de gobierno local extraordinaria en la que se ha tomado conocimiento de la propuesta del titular de los letrados municipales en relación con la información reservada que se abrió para aclarar unos hechos que en primera instancia destapó Izquierda Unida el 16 de abril del 2021 y que apuntaban la posibilidad de que se hubiesen cometido en una obra para la mejora de la iluminación en la avenida de Libia varios delitos como fraccionamiento de contrato, falsedad documental y prevaricación. El grupo municipal de IU, secundado por el grupo de Podemos, terminó llevando a la Fiscalía este asunto el pasado 12 de mayo y están a la espera de que el Ministerio Fiscal se pronuncie sobre estos acontecimientos. El nuevo informe de la asesoría jurídica municipal ahondaría en la versión de la oposición al entender que en el proceder de las contrataciones de menores de la Delegación de Infraestructuras analizados pudiera haber hechos constitutivos de infracción penal, por lo que se acuerda elevarlos al fiscal jefe.
Fue el teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, David Dorado (Cs), quien solicitó esta información reservada a la asesoría jurídica municipal para determinar el alcance y naturaleza de las informaciones aparecidas en prensa, tras la denuncia de IU, sobre determinados contratos menores efectuados en su delegación. El 26 de abril, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, fue la encargada de informar a la prensa de que se había pedido dicha información reservada y que respondía a su vez a la promesa realizada por el alcalde, José María Bellido, de que el Ayuntamiento ofrecería la máxima transparencia a requerimiento del Ministerio Fiscal sobre este asunto.
La finalidad de un procedimiento de información reservada es aportar elementos de juicio al órgano competente, en este caso la Delegación de Infraestructuras, para fundamentar la decisión de incoar o no el correspondiente expediente disciplinario propiamente dicho al técnico municipal en cuestión. La información reservada se regula en el artículo 28 del reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la administración del Estado, que también es aplicable a la administración local. Asimismo está previsto dicho procedimiento en el artículo 55 de la nueva ley de procedimiento administrativo.
El resultado de esa consulta jurídica parece no dejar lugar a dudas: algunas de las contrataciones no se hicieron conforme a la ley. Al tratarse de una información reservada que afecta a un funcionario municipal no se ha desvelado el contenido del informe que se remitirá a los juzgados. Tampoco se sabe, de momento, si esta medida traerá pareja alguna decisión de orden político que afecte a los responsables públicos de la delegación, para los que la oposición ya pidió en su momento el cese.
La junta de gobierno local ha aprobado de forma paralela poner en conocimiento de la Delegación de Recursos Humanos estos hechos para que se proceda al inicio de un expediente disciplinario contra el funcionario en cuestión.
Los hechos denunciados por IU
El pasado 16 de abril, el grupo municipal de IU denunció públicamente que Infraestructuras certificó el final de una obra en la avenida de Libia el 30 de diciembre, pero que a fecha 5 de enero la actuación no había concluido —IU acudió a un notario para que levantara acta de ese hecho— y que la obra se había mantenido activa incluso hasta el mes de abril. Además, este grupo municipal, a través de su viceportavoz Amparo Pernichi, puso en conocimiento de la opinión pública que la adjudicataria, la empresa Construcciones Sierracon, creada en junio de 2020 fue invitada a la mayoría de contratos menores licitados por este área municipal, y logró alzarse con dos de ellos gracias a sendas bajas muy afinadas. Asimismo, desde IU sembraron la duda de que esta obra fuera solo la punta del iceberg, ya que el 80% de los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras se facturaron el mismo día 30 de diciembre, por lo que temían que pudiera no ser ésta la única obra con irregularidades.
Asimismo IU y Podemos mostraron sus sospechas sobre la adjudicataria, que tildaron de "empresa fantasma" al no haber en redes sociales apenas rastro de su existencia (no hay teléfono de contacto, por ejemplo) y al tener un domicilio social en un domicilio particular. También sospecharon de que una empresa constituida en junio del 2020 fuera invitada al 80% de los contratos de esta delegación. “Creemos que el fiscal tiene indicios suficientes para tirar del hilo”, aseguró entonces Amparo Pernichi. “En todos los expedientes la responsabilidad es de la coordinadora de Infraestructuras, un cargo político, y además la factura final de esos contratos menores la firma el señor Dorado”, añadió.
La empresa constructora
Por contra, la empresa constructora señalada, Construcciones Sierracon, interpuso una querella por injurias y calumnias contra los dos concejales de IU (Amparo Pernichi y Pedro García) que hicieron la denuncia pública. Fuentes de la empresa aseguraron entonces que "Construcciones Sierracon sí está constituida como empresa, una sociedad limitada cuyo objeto social es la construcción, rehabilitación, reforma, instalaciones eléctricas, climatización, calefacción y fontanería", a lo que añadían que "está dada de alta fiscalmente en la Agencia Tributaria y se encuentra al corriente de pago".
El teniente delegado de Infraestructuras, David Dorado, por su parte, defendió primero la legalidad de esta actuación y blandió su desconocimiento sobre cuándo terminó la obra pese a que en un principio, el mismo día en que se produjo la denuncia, el edil de Cs explicó a CÓRDOBA que la obra concluyó el 30 de diciembre, pero hubo que abrir de nuevo zanjas porque se había producido una sustracción de cable. En un segundo momento, Dorado responsabilizó al técnico municipal de la certificación de obra que podría haber dado lugar a la falsedad documental y ya no habló del supuesto robo. Desde entonces esa ha sido la versión sostenida a todos los niveles por el gobierno municipal.
