Quien se quede con los terrenos sobre los que se asientan las naves de la antigua Colecor, que ejecutó sin licencia el empresario y exconcejal de UCOR, Rafael Gómez, que han salido a subasta este lunes, se encontrará con que la edificación no será legal hasta que no esté aprobado el plan especial que fija las reglas de juego de 155 hectáreas de la carretera de Palma y el posterior proyecto de actuación.

Ese plan, que fue impulsado en su segunda versión por el Ayuntamiento (en la primera, fue anulado por ser de iniciativa privada) y que fue aprobado por unanimidad por la Corporación municipal que había en el 2012, está a la espera de que Urbanismo modifique los dos artículos que han sido anulados por el Tribunal Supremo, el 14 y el 20, que afectan a los usos permitidos y a los metros que hay que derribar para su regularización. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, tras conocer que se subastan los terrenos de las naves, ha asegurado a este periódico que el organismo municipal negociará con la Junta el contenido de esos dos artículos, que son los que determinarán el futuro de las naves.

Salvador Fuentes asegura que el Ayuntamiento ejecutará la sentencia del Tribunal Supremo y que se reunirá con la Junta para decidir sobre los metros de naves que hay que derribar y sobre los usos que tendrán. Para ejecutar la sentencia se formará un equipo mixto de Junta y Urbanismo, que, según Fuentes, es "lo más sensato" para evitar que ocurra por tercera vez lo sucedido hasta ahora, es decir, que el plan sea tumbado tras ser recurrido por la Junta.

Fuentes asegura que se lleva tiempo trabajando con la idea de crear esa comisión mixta y en ejecutar la sentencia, que "no es fácil" pero hay "que ver cuál es la solución más razonable para darle salida a unos terrenos" que están en una ubicación privilegiada. Cuando el Ayuntamiento impulsó el segundo plan de la carretera de Palma ya intentó ir de la mano de la Junta (dentro de la que hubo divergencias) pero, finalmente, la Junta lo recurrió al no estar de acuerdo con lo aprobado.

El presidente de Urbanismo ve difícil que la subasta no quede desierta, sobre todo, por no haber un plan que defina el futuro de las naves. Por las noticias que tiene, y las consultas que se han realizado en Urbanismo, el Banco Santander ha ofrecido los terrenos a varios promotores y operadores, tanto locales como de fuera. Urbanismo lleva más de medio año hablando con esos operadores y buscando fórmulas para darle viabilidad a las naves, pero, sin la aprobación del plan especial, continúan en el limbo al ser una edificación irregular sobre un suelo no urbanizable de especial protección de la Vega.

Paralelamente, Fuentes ha confirmado a este periódico que la multa impuesta por el Ayuntamiento a Rafael Gómez por la construcción de las naves sin licencia supera ya los 30 millones de euros con los intereses.

La nueva redacción de los dos artículos anulados por el Supremo debe implicar demoler más superficie de naves de la prevista cuando se aprobó el plan y no permitir que las naves tengan un uso comercial. La Junta ha defendido siempre, y por eso recurrió, que hay que demoler 21.000 metros en vez de 15.000, o sea, la mitad de lo edificado, y que las naves no deben usarse para almacenar y vender, ya que la actividad de almacenaje y logística no es un uso industrial, sino terciario y, en definitiva, comercial e impropio de ese suelo de la Vega. No hay que olvidar que en frente de las naves ya hay terrenos con fines logísticos, el área logística de la Junta.

Quien se quede con los terrenos, si la subasta no queda desierta, heredará las cargas y las complicaciones urbanísticas, según las fuentes jurídicas consultadas, de ahí la importancia de tener cuanto antes el plan especial resuelto.

Que se ejecute la sentencia es lo que desean propietarios de los terrenos aledaños a las naves. Uno de ellos, la empresa Proyectos Urbanísticos Aguilar (Projarsa), lleva tiempo reclamando en Urbanismo que desbloquee la paralización del plan para poder dar uso a las casi 4 hectáreas que tiene en la carretera de Palma. "Nos interesa que el plan se haga", asegura un portavoz de esta empresa, y lograr algo de edificabilidad que con el plan anulado en parte no tenían. "Ahora todo está en el limbo y no hay una figura jurídica" que dé cobertura y permita saber qué posibilidades de futuro hay.

Projarsa es la misma empresa que promueve el parque multiaventuras de la Sierra, que sigue en tramitación, y que presentó hace seis años el proyecto de un hotel en el estadio de fútbol -al que se sumó después otro diferente de Grucal-, que se quedó en stand by en el anterior mandato.