El valor de la corrupción política

Llega un momento al escribir una columna de economía centrada principalmente en lo nacional o regional, que realmente te suenas a ti misma repetitiva. Esto es en gran medida porque como la estructura económica de nuestro país no ha cambiado en los últimos 40 años y, además, la única novedad es que los políticos cada vez lo hacen peor, pues claro, como una no deja de repetir que va a peor, pues parece que no se dice nada nuevo. Con la corrupción realmente pasa lo mismo. Decir España y corrupción política es, casi hoy en día, redundante. Realmente hay muchas definiciones de corrupción política. A mi me gusta una que dice que es no solo las infracciones de normas, sino también el incumplimiento de los deberes impuestos por esas normas. Esto hace que el concepto sea más amplio y sobre todo más exacto y lógico.

Si vamos a la primera parte, en el año 2020, el grupo de los Verdes en el Euro parlamento realizó un estudio que afirmaba que España perdía más de 90.000 millones de euros al año por corrupción, aproximadamente un 8% de su PIB, es decir, unos 1.900 euros por persona. Se dice que esto está bastante inflado por ser estimaciones, al resultar muy complicado el cálculo de esta cantidad, y que la cifra se acerca más a 7.500 millones de euros entre 1978 y 2015. La cuestión es que si está primera cifra está inflada para nosotros también lo está para otros países dentro del mismo estudio, y que si se echa un vistazo a aquellos que nos superan son países como Rumanía, Grecia, Bulgaria, Hungría, es decir, la mayoría de la antigua Europa del Este y, por tanto, democracias menos consolidadas que la nuestra. Otros estudios (el de José Abreu) dan cifras de alrededor de 3.700 casos de corrupción política entre el 2000 y el 2020, un 85% en el ámbito municipal, y un 50% del total entre los años 2009 y 2015, no sé si la llegada de fondos, unos 35.000 millones de euros, de la Unión Europea entre 2007-2013 tuvo algo que ver. De los últimos años, 2021 fue el ganador con 411 juzgados, situándonos, en el año 2023, en unos 256. El caso más grave fue, como no, aquí en Andalucía con el PSOE, donde además se acumulan un 27% de esos 3.700 casos mencionados previamente. El de más cuantía, el famoso caso de los cursos de formación, donde se estimó que el fraude podía ascender a 3.000 millones de euros, aunque siguen prescribiendo causas y esta cifra va reduciéndose. Siempre me he preguntado cómo no se le piden responsabilidades a los jueces cuando esto pasa.

Aunque la segunda parte es lo que me parece más preocupante porque eso no se cuantifica y, es tan o más corrupción que lo primero. El objetivo de nuestras normas legales ha de ser garantizar la libertad e igualdad ante la ley. A partir de ahí, creo que deben abogar por la continua mejora del bienestar económico a largo plazo de la población. Obviamente la mejora del bienestar económico no significa que todos ganemos el mismo sueldo, sino que se den las herramientas para formarnos, crear empresas, generar valor añadido y ganar salarios en función de nuestra contribución al proceso productivo. Pues para mi está claro que nuestros políticos están incumpliendo ampliamente los deberes impuestos por esas normas. No trataré la libertad o igualdad porque se escapan un poco de mi tema, pero sin duda el bienestar económico, sobre todo a largo plazo, está claro que no resulta una prioridad. Todos sabemos que nos hemos empobrecido en los últimos años y que estamos endeudados (deuda pública) hasta las cejas por los desmanes de gasto del Gobierno. A partir de esta obviedad, la palabra clave es largo plazo. La educación pública ha visto como bajaba su nivel ostensiblemente desde primaria hasta la universidad (y yo lo veo con mi propio alumnado). La educación es la mayor garantía de bienestar económico a largo plazo, no solo como sociedad, sino también a nivel individual. A mi me da la sensación de que, en 20 años, aquellos que se hayan podido permitir una educación mejor son los que conseguirán esos mejores trabajos, y no hablo ya de colegio, universidad o másteres privados, sino de unas simples clases particulares para aprender inglés o de refuerzo para la selectividad. Igualmente, se está haciendo que las empresas y autónomos cierren o se vayan del país, por las trabas burocráticas y la imposición excesiva. Como sigamos así que me expliquen quién creará empleo en unos años, y por favor que nadie me salga con eso de que será el sector público. Se está favoreciendo económicamente a las Comunidades Autónomas más ricas, por simple afán de mantenerse en el poder. No hay que darle concierto a Cataluña, hay que quitárselo al País Vasco y Navarra. A esto se une que, sin duda, el sistema político está resultando perverso en cuanto a los salarios en función de la contribución de la persona. El «colocar» al suyo se ha vuelto vital en política. Vemos tomando decisiones a gente que no está formada para ello, y nos perjudica como ciudadanos, es más que no está formada para nada de lo que se nos pueda ocurrir, y además ganando unos sueldos desproporcionados. También vemos a antiguos políticos cobrando pensiones públicas desorbitadas e incluso ir de un cargo a otro y a otro y a otro para no tener que trabajar de verdad y mantener privilegios y pasta.

Lo que me extraña es que nuestro índice de percepción de la corrupción política se mantenga a niveles del 2022 para el 2023 y no se haya disparado como un cohete hacia el infinito y más allá, aunque estamos entre las Islas Granadinas y Botswana.

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