Un gobierno de lo más progresista

Independientemente de los valores éticos e incluso democráticos de los que parece ir demostrando paulatinamente carecer el recién formado gobierno, y en los que no voy a entrar ya que estaría opinando reflexivamente, pero con carencia de determinados fundamentos como el jurídico (no he estudiado ni sé de derecho), lo que sí puedo analizar es cómo empieza la legislatura en materia de medidas económicas. Spoiler: el desastre ya sí está servido en bandeja.

En esta columna, ya se ha analizado cómo los ciudadanos españoles han perdido más de un 6% de su capacidad de compra en 5 años, y cómo las exigencias de dinero de partidos nacionalistas vascos y catalanes, a cambio de sus votos en la investidura y ahora para aprobar los presupuestos generales del Estado, van a crear aún mayores diferencias regionales, haciendo pagar a las regiones más pobres los desmanes de las más ricas. Con lo anterior en mente, ya se están anunciando las primeras medidas «muy progresistas» en materia fiscal y no se dejan de publicar rankings donde España cada vez aparece peor parada, además de comentarios continuos de los ministros/as sobre lo regular que estamos. Me voy a dedicar a esto último. que es lo que más me llama la atención.

La ministra española de Infancia y Juventud, Sira Rego, en una entrevista no tiene otra cosa que decir que su ministerio es muy importante por las tasas de pobreza que padecen en España los más pequeños, y lo dice sin despeinarse después de 5 años (entraron en junio de 2018) de gobierno «progresista». Y efectivamente, en el año 2018 la tasa AROPE, que es la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social, estaba en el 27,7% y en el año 2021 pasó al 32,3% para menores de 16 años, según datos del INE. Luego está la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que nos dice que debemos seguir por la senda marcada por ella misma, cuando España dobla la tasa de desempleo de la Unión Europea (UE) y además se calcula que han maquillado tanto las cifras de desempleo que el real es de 1,7 millones más de parados, según la Unión Sindical Obrera, y las cifras de horas trabajadas siguen estando por debajo de las de 2019, según datos del INE. Mientras tanto, tenemos a la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que nos dice que: va a introducir el máximo rigor y capacidad de diseñar bien cada una de las políticas, porque se ve que su anterior compañero del PSOE, José Luis Escrivá (por los servicios prestados lo han mudado a un chiringuito), no lo hacía; no va a tocar la caja única de las pensiones aunque sí va a reformar el sistema para su sostenibilidad, si consigue este imposible tendrá mis respetos; y además, sin romper la caja única, va a reforzar la articulación territorial del sistema, y todo esto transfiriendo la gestión económica de su Seguridad Social al País Vasco, lo que significa que se rompe la caja única y la articulación territorial, ya que ellos recaudan pero si no tienen dinero para sus pensiones se lo pagamos el resto. Todo «muy progresista» también.

Luego, tenemos a mi favorita (léase en tono irónico), la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que dice que aún hay cabida para mayores subidas de impuestos porque no se pueden recortar gastos del gobierno «social». España ya ha perdido en 2022 unos 40.000 millones de euros de recaudación por el traslado de las sedes de grandes empresas a otros países de la UE, según datos del Observatorio fiscal de la UE y Agencia Tributaria. Esto se debe en gran medida al expolio fiscal que estamos sufriendo en nuestro país, donde el año pasado ya nos situamos en un máximo histórico de presión fiscal (38,3% sin considerar impuestos locales), según datos de Eurostat. Según FEDEA, la presión fiscal, desde el año 2019 al 2022, derivada de la renta personal aumentó en un 41,4%, la de empresas por rentas corporativas en un 20,7%, y la del IVA en un 17,2%. Y qué quieren que les diga, yo no veo ninguna mejora de los servicios públicos. Además, en el año 2023, se prevé que la presión fiscal española supere el 42%, lo que hace que esté por encima de la presión media de la UE, según datos del Banco Santander. En el otro lado, tenemos el gobierno más caro de la historia y el despilfarro de dinero público en sueldos de políticos, viajes injustificados y colocar a amiguetes está a la orden del día. El gasto público en España está ya casi situado alrededor del 50% de nuestro PIB, y lo peor es que se siguen escuchando pegos sobre no sé qué del neoliberalismo económico, con un déficit que en el 2023 se estima estará situado en torno al 4,3%, según datos del Servicio de Estudios de BBVA, que pagaremos en forma de tipo de interés en torno al 3-3,2% (el año pasado ya nos gastamos 31.600 millones de euros en intereses de deuda, algo menos del presupuesto en Defensa). De modo que no podremos pagar nuestros gastos y seguiremos endeudándonos, cuando nuestro nivel de deuda ya se sitúa en torno al 125% de nuestro PIB. De los gastos no financieros, quitándole la deuda pública, y grosso modo, un 80% van a pensiones, ayudas sociales, educación, sanidad, defensa y seguridad ciudadana, infraestructuras e I+D+i, y ¿el resto?

Y todo esto a los votantes socialistas parece no importarles ni un poquito, independientemente de la utilidad de otros partidos.

* Profesora de Economía Universidad de Córdoba

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