¿Hacer de la necesidad virtud?

La satisfacción del electorado socialista por la investidura presidencial de Pedro Sánchez es en gran medida una expresión de orgullo por dar respuesta parlamentaria a tanto discurso apocalíptico, a tanta descalificación política, y a tanta agitación mediática y callejera, sin olvidar el ruido de togas e incluso de asociaciones empresariales, desconocidas expertas en Estado de derecho. También una expresión de alivio, porque unas nuevas elecciones podrían significar un gobierno del PP con Vox. Sin embargo, la euforia no puede ocultar la piedra en el zapato de Pedro Sánchez, que duele no sólo a la derecha; también a muchos de los que se alegraron de que el presidente siga en La Moncloa.

A poco que se guarde memoria de lo sucedido en el ‘procés’, salvo que se sea independentista, irritan profundamente los pasos dados por Pedro Sánchez para hacerse con los votos del partido de Puigdemont. Negociar en Bruselas, fuera de España, no es un dato menor y tener como interlocutor al principal responsable del desaguisado tampoco. Más preocupante aún es la rúbrica del PSOE a unos acuerdos que permiten a Junts plasmar su versión de los hechos justificativos del ‘procés’. Es cierto que en los acuerdos se juega al ratón y al gato manifestando discrepancias, uno defendiendo la legitimidad de sus actos delictivos y otro sosteniendo la legalidad de la respuesta estatal. Sin embargo, más allá de pretensiones unilaterales de Junts, sin aceptación del PSOE, lo que sí se pacta son claras concesiones al partido de Puigdemont: amnistía, un verificador internacional de lo acordado y comisiones parlamentarias que vigilen el cumplimiento judicial de la ley de amnistía. Y todo esto a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, porque la estabilidad de la legislatura queda condicionada al cumplimiento de acuerdos de futuras negociaciones. La portavoz de Junts se lo recordó con extrema dureza al candidato en la sesión de investidura.

La primera y más sustanciosa presa a cobrar ya está sobre la mesa, la proposición de ley de amnistía. Ahora no sólo cabe esta medida de gracia en la Constitución, sino que el texto propuesto es, según la larguísima exposición de motivos, plenamente acorde con ella. Dijo el candidato Sánchez que se trata de hacer de la necesidad virtud. Desde luego, la necesidad no se refiere a que sea una ley necesaria, porque, como reconoció el diputado socialista Óscar Puente, si tuviesen mayoría absoluta no se plantearían de momento la amnistía. La ley es necesaria para asegurar los siete votos de Junts en la investidura y durante la legislatura, pero esta necesidad no justifica una ley de amnistía. La cuestión está en si la medida es virtuosa, porque de ella depende la constitucionalidad de la ley.

Por su propia naturaleza, una ley de este tipo, que exime de responsabilidad por actos sancionados penal y administrativamente, exige un plus de razonabilidad para no ser arbitraria. La virtud de la ley se concreta, según su exposición de motivos, en «la necesidad de superar la situación de alta tensión política que vivió la sociedad catalana de forma especialmente intensa desde 2012» y en «la finalidad de superar obstáculos y mejorar la convivencia, avanzando hacia la plena normalización de una sociedad plural que aborda los principales debates sobre su futuro mediante el diálogo, la negociación, y los acuerdos democráticos».

Es complicado hacer un control de constitucionalidad de la ley sobre los fines que persigue el legislador, porque el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la exclusividad de ese control, no puede juzgar la bondad de esos fines. Sin embargo, sí puede controlar si la ley de amnistía cumple ese mínimo de razonabilidad para no ser arbitraria. De igual manera que puede enjuiciar la extraordinaria y urgente necesidad de un decreto ley, puede plantearse si la necesidad de mejorar la convivencia en Cataluña es constitucionalmente compatible con una medida de gracia tan amplia en el tiempo (desde 2012 hasta la actualidad) como extensa en su determinación de los actos amnistiables al gusto de sus principales beneficiarios.

Es posible que la ley no sea considerada inconstitucional, pero repugna que el principal insurrecto que favoreció la ruptura de la convivencia y huyó en el maletero de un automóvil, torne triunfal a Cataluña, saludando en coche descubierto, con lazos amarillos, como si regresase de un viaje a la luna y no del dorado refugio en Bruselas. Será la escenificación de la auto amnistía.

*Catedrático emérito de Derecho Constitucional

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