La calle, las urnas

Va a desaparecer la sanidad pública? Posiblemente no, o quizás no del todo. Pero la vemos deteriorarse día a día: se prolongan los periodos de espera para ser atendidos por el médico, realizar pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas; falta personal, no se cubren vacaciones ni bajas y muchos profesionales evitan ocupar puestos vacantes por la mala calidad de los contratos que les ofrecen. Mientras tanto, crecen los convenios de las administraciones con empresas privadas y cada vez son más las personas que contratan pólizas con compañías sanitarias, también privadas. El resultado es un transvase de pacientes y recursos de una sanidad sin ánimo de lucro, basada en el principio de la solidaridad universal, a otra formada por grandes empresas multinacionales que depende de las leyes del mercado y, dado que ha de rendir cuentas a sus accionistas, su principio no es la solidaridad y el bien común, sino la ganancia económica que se pueda obtener de su gestión.

¿Somos conscientes de lo que ello va a suponer? Posiblemente, tampoco; tampoco del todo. El cambio es gradual y a veces imperceptible. Estamos acostumbrados a criticar la lentitud de lo público. Resaltamos su inoperancia y sus carencias frente a lo que nos aporta y, como pasa con la salud, solo nos damos cuenta de su valor cuando la perdemos. Además, el discurso oficial lo justifica: si faltan médicos, hay que buscarlos donde los haya; si faltan quirófanos, también. ¿Están en empresas privadas? Vayamos a ellas. Y el transvase continúa. Se habla de que la empresa privada gestiona los recursos mejor que la pública, de la indolencia de los funcionarios, acomodados en unos derechos que utilizan para ralentizar sus tareas... Lo creemos y aceptamos. Aunque no sea cierto, porque no faltan médicos, falta financiación y sobra precariedad. Es de todos conocido que los trabajadores funcionamos mejor cuando las condiciones de trabajo son las adecuadas. Pero, ¿qué pasa donde el trasvase ya se ha hecho? De eso se habla menos. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford muestra que la externalización (la privatización para dejarnos de eufemismos) de los servicios sanitarios aumenta la mortalidad por causas que podían haberse tratado y, en consecuencia, evitado; que cuando el paciente se convierte en cliente, la atención que recibe se empobrece en términos objetivos ya que lo que se prima al médico es la cantidad de clientes que asume, no la calidad de la atención que presta. Y, como la privatización ahonda en la desigualdad, la mortalidad aumenta en las clases menos favorecidas.

¿Se puede detener este proceso? Posiblemente, sí; pero, ¿quiénes y cómo? Solo si las administraciones defienden un modelo basado en la protección de la salud que iguale a toda la población independientemente de su renta y lo dota a partir de los impuestos recaudados, es posible. Solo si ese modelo se gestiona adecuadamente para defender la calidad asistencial, es posible. Pero la administración es el resultado de la votación de la población y no solo en nuestro país, también en otros, las votaciones se orientan hacia partidos que defienden un modelo neoliberal que propugna la atención sanitaria privada. En los últimos meses se han convocado en las principales capitales manifestaciones de apoyo a la sanidad pública y en contra de su privatización. A pesar de la gran asistencia, tanto de personal sanitario como de usuarios, algunas comunidades autónomas -entre ellas la nuestra- siguen incrementando los conciertos con hospitales privados y se han anunciado nuevas medidas, como la derivación de consultas de atención primaria a empresas privadas. Aunque el principal responsable de esta directriz, el presidente Moreno Bonilla, ha explicado que solo se utilizará en situaciones de emergencia o de mayor demanda asistencial, el que se haya establecido un baremo de precios por consulta hace sospechar la determinación de la norma. Y debemos recordar que Susana Díaz, la anterior presidenta que gobernaba desde un partido de distinto signo, ya inició políticas similares.

Los grandes avances de la sanidad no han partido solo de los profesionales sanitarios. Incluso a veces se han logrado sin su participación. Pero lo que sí ha sido necesario es el apoyo social que los respalden: la inclusión de la asistencia a grupos de pacientes desfavorecidos por el sistema, la mejora en su tratamiento, se ha conseguido por la organización de estos o de sus familiares. Ahora, frente a los vientos privatizadores, hay un colectivo de profesionales implicados, pero sin el apoyo ciudadano nunca podrá prosperar. Y, si como parece, las movilizaciones no son escuchadas, solo queda una salida: el voto. En contra de alguna voz que en la última manifestación en Córdoba decía que la sanidad pública se gana en la calle, habría que recordarle que solo en la calle no, que hay que ganarla en las urnas.

* Psiquiatra

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