El Ayuntamiento de Lucena buscará ayuda judicial y policial ante la 'okupación'

Los últimos episodios de violencia y extorsiones en la urbanización El Zarpazo, de Lucena, vinculados a la ocupación irregular de viviendas de protección pública, han apremiado al Ayuntamiento a fortalecer las gestiones institucionales con la finalidad de promover rápidas acciones en los ámbitos policial y judicial. 

Después de la brutal agresión infligida al adjudicatario de una vivienda justo antes de ser recuperada por las administraciones públicas, y que motivó la renuncia de los legítimos poseedores del inmueble, el gobierno municipal ha intensificado las reuniones con la Policía Local y Nacional y otros grupos políticos y explorar las primeras medidas de urgencia. Esta misma familia amenazada y acosada finalmente retiró la denuncia «por miedo», confirma la consejera delegada de Suvilusa, Miriam Ortiz, en la jornada del señalamiento del juicio rápido por el altercado del pasado lunes. 

Tensión en la zona del Zarpazo de Lucena por sufrir algunos vecinos ataques de okupas

Prevención

La celeridad en las actuaciones de «prevención» activadas «las 24 horas del día» impidieron, al borde de la medianoche del jueves, una nueva irrupción, a través de una ventana, en el mencionado piso liberado días atrás. La edil de Vivienda sostiene que, desde el Ayuntamiento, se adoptan «todas las medidas a nuestro alcance» y «en un tiempo récord». 

Los incidentes constantes de amenazas y coacciones demuestran que el fenómeno de la ocupación clandestina trasciende a serios conflictos de «seguridad y delincuencia». Admite Ortiz la urgencia de «actuar, ser muy firmes y todos a una». En contra de otras visiones, la concejala popular defiende el trabajo «conjunto y coordinado» con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). 

Otras vías de contención

El Consistorio incide en la pertinencia de activar otras vías de contención de esta aguda ruptura del básico civismo y ha solicitado una reunión formal al juez decano, la Fiscalía y Subdelegación del Gobierno. Junto a AVRA, estudiará la contratación de seguridad privada y emplaza a los vecinos a comunicar inmediatamente cualquier sospecha de delito a fin de atajarlo con rapidez. Incluso contempla personarse en los procesos judiciales.

«No podemos permitir que se convierta en un foco de delincuencia», sentencia Miriam Ortiz, fijando el objetivo principal en garantizar la normalización cotidiana a los vecinos que claman «por una vivienda y convivencia digna».

En verano, AVRA ejecutó cinco lanzamientos en los bloques de las calles Alondra y Gavilán y el Ayuntamiento insta a culminar más desahucios contra los okupas o los morosos de extensa trayectoria. Como máxima responsable de Suvilusa, Miriam Ortiz confiere prioridad a que los vecinos «no se sientan solos ni desprotegidos» e insiste en la voluntad de trasladar «presión» a las instancias judiciales.