El Ayuntamiento de Lucena baraja un espacio propio para alojar a los temporeros

Otra noche más, aproximadamente una veintena de temporeros, en su mayoría marroquíes, resistieron el agudo frío a la intemperie. Trabas administrativas sobrevenidas, a veces, cuando la solución definitiva parecía encauzada continúan ralentizando la habilitación de un alojamiento temporal. Ayuntamiento y colectivos sociales trabajan, como primera opción, con la apertura de la caseta de la Policía Local ubicada junto al antiguo recinto ferial, anexa a otras dependencias de Cruz Roja y Protección Civil. En este mismo edificio municipal, en los soportales exteriores, buscan un mínimo refugio algunos de estos hombres atraídos por la campaña de la recogida de la aceituna. 

Técnicos y responsables políticos del área de Servicios Sociales y representantes de asociaciones locales celebrarán mañana, miércoles 29, una nueva reunión con la finalidad de afinar una alternativa urgente. Las instalaciones cedidas a la Policía Local, junto a la primitiva Caseta Municipal, ha empezado a adecuarse y, de concretarse esta opción provisional, el Consistorio instalaría, en una habitación, unas siete literas. 

Los temporeros duermen en la calle en Lucena por falta de alojamiento

La propia administración local y estas entidades solidarias concertarían un protocolo para identificar a los usuarios, durante su asistencia diaria al Centro de Atención Básica, donde acuden a usar los servicios de duchar y lavandería, acreditar su situación real y prorrogar, semanal o quincenalmente, su estancia en el mencionado emplazamiento. 

Rebajando el optimismo de los colectivos, la edil de Servicios Sociales, Irene Aguilera, mantiene un discurso de cautela y precisa que “no hay ninguna decisión” y “no se ha avanzado nada”. No obstante, sí admite que la agrupación de casetas cedidas a cuerpo seguridad y emergencia “es la opción más viable”. Lamenta, con cierta frustración, que, a menudo “nos encontramos con cosas que tenemos que salvar en el último momento”, en alusión a los obstáculos burocráticos.

Remarca la “plena disposición” brindada desde el Ayuntamiento, al tiempo que agrega que “no es tan fácil, muchas veces se hace y nos encontramos con trabas que ni se nos han ocurrido”. La concejala popular prefiere, por el momento, omitir previsión alguna de plazos porque, aunque reitera que “la idea es que sea lo antes posible”, reconoce que “no sé cuándo va a ser”. 

Posicionamiento de los sindicatos

En una reflexión más general, aporta Aguilera que, “antes” todos los agricultores proporcionaban pernoctación a cubierto a los jornaleros, “no sé por qué ha cambiado este tema”.

Aún así, desde la Asociación Amigos de la Escuela, Antonio Moyano, informa de que dos de estos transeúntes “iban a empezar a trabajar este martes” y sus mismos empleadores “les han dado cobijo”. 

Ante esta inadmisible coyuntura, los sindicatos reclaman responsabilidad a los empresarios y el cumplimiento de la normativa. Por parte de Comisiones Obreras, Agustín Jiménez, recuerda que, en su anexo 1, el convenio colectivo del campo establece que “el empleador tiene que procurarles alojamiento”. En este sentido, CCOO expresa sus dudas sobre si las contrataciones se ajustan “a la legislación vigente” o “ni se cumplen las condiciones del convenio”.

En cualquier caso, Jiménez manifiesta que “la imagen de los temporeros durmiendo en colchones”, patente en Lucena, “es lamentable e impropia en un sector que es motor económico de la provincia” y lo conecta “con las pésimas condiciones laborales”. 

Desde UGT, significan que “desconocen” la concurrencia de un “llamamiento” para el trabajo de la recogida de aceitunas, debido a “la escasez de producción”. De tal forma apuntan que, de procurarse contingentes “de manera oficial”, sí emergería la motivación para adecuar “los medios necesarios”. Pedro Téllez, de este sindicato, advierte de que, actualmente, en la provincia de Córdoba “no existe ningún albergue que reúna las condiciones y exigencias” reflejadas en la legislación andaluza. Finalmente, avanza UGT que recabarán información para comprobar el surgimiento de “mano de obra irregular” y reclaman a los ayuntamientos el suministro de condiciones dignas. 

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