Sólo tres pueblos de Córdoba consiguen las ayudas de 10.000 euros de la Junta para legalizar parcelas

La Junta de Andalucía acaba de aprobar las ayudas anunciadas para la legalización de parcelas en situación irregular. La Consejería de Fomento ha publicado este miércoles la resolución correspondiente, en la que se aprueba conceder las subvenciones a tres de las entidades que lo habían solicitado en la provincia de Córdoba. Lo sorprendente es que ninguna de ellas corresponde a parcelistas de la capital, y eso que algunas -muy pocas, para el peso que tienen- lo habían solicitado.

Los tres municipios que se verán beneficiados en Córdoba son Moriles, Lucena y Almodóvar del Río. Recibirán a partir de ahora hasta 10.000 euros para ayudar a elaborar los complejos proyectos técnicos para legalizar el territorio afectado. Tendrán que redactar un plan especial para cada urbanización y los gastos subvencionables son la realización de estudios, diagnósticos, difusión y demás trabajos relacionados con el objeto de la subvención, según ha indicado la Consejería.

La Oficina del Territorio retomará en diciembre el trabajo con las parcelaciones de Córdoba

Los demandantes

En la provincia de Córdoba habían solicitado estas ayudas diez entidades, entre ayuntamientos y asociaciones de propietarios privados. Llama la atención que en la capital, que cuenta con docenas de parcelas ilegales, sólo cuatro colectivos concurrieran al proceso. Fueron Maravillas del Aeropuerto, Los Eucaliptos, la calle El Jazmín de El Higuerón y Las Quemadas. Ninguna de ellas ha cumplido con los requisitos formales de las subvenciones. El resto de solicitantes en la provincia fueron el Ayuntamiento de Obejo (el único Consistorio que se queda fuera), la asociación vecinal de La Vega de Castro del Río y la avenida Fuente Las Piedras de Cabra.

Según la Consejería, los motivos por los que se han denegado las peticiones de ayudas son el incumplimiento de las condiciones básicas de la convocatoria o la no subsanación de los errores que se comunicaron el pasado mes de mayo al analizar la documentación. En el caso de la asociación vecinal El Jazmín de El Higuerón, el colectivo no aportó la inscripción en el registro de asociaciones.

Plazo inicial de seis meses

Las condiciones para justificar las ayudas no van a ser fáciles de cumplir. Los plazos que otorga la resolución son muy apurados, teniendo en cuenta la lentitud con la que trabaja cualquier administración, y más en cuestiones urbanísticas. Así, los ayuntamientos beneficiarios tienen seis meses, que empiezan a contar desde este mismo miércoles, para obtener una aprobación inicial del plan especial correspondiente; y 18 meses para acceder a la definitiva.

Estas ayudas se han impulsado en el marco de la norma autonómica Lista, que se aprobó a finales de 2021 y que plantea un nuevo modelo urbanístico que ayuda al desarrollo económico y a la creación de empleo en Andalucía. La Junta entiende que la Lista ofrece seguridad jurídica, evitando los problemas ocasionados por la anulación de los planes urbanísticos por los tribunales, además de eliminar la maraña normativa existente.