El PSOE-A lleva al Parlamento de Andalucía una iniciativa para el impulso de la pasarela entre FP y universidad

El portavoz de Universidad, Investigación e Innovación del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, Antonio Ruiz Sánchez, ha señalado que esta Proposición no de Ley tiene como objetivo facilitar la transición de los ciclos de Formación Superior hacia la Universidad y viceversa, en consonancia con lo establecido en la nueva Ley de Formación Profesional, aprobada el año pasado por el gobierno de España. Para lograrlo, se propone aumentar el número de créditos de asignaturas en Formación Profesional reconocidos por las universidades andaluzas, los cuales, en su mayoría, son actualmente insuficientes.

Enj un nota de prensa, el diputado señala que en Andalucía no existe una política común en cuanto al reconocimiento de créditos desde la Formación Profesional superior a la universidad, lo que conlleva una disparidad en el número de créditos reconocidos, incluso para los mismos ciclos y grados en distintas universidades andaluzas. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba reconoce 6 créditos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Nutrición y Dietética en el grado de Enfermería, mientras que la Universidad de Cádiz reconoce hasta 12. Sin embargo, algunas universidades privadas llegan a reconocer incluso hasta 72 créditos. "Cada decanato actúa de forma independiente y ha llegado el momento de unificar criterios", señala Ruiz. "La falta de coordinación y la restricción en el reconocimiento de créditos favorecen a las universidades privadas, que suelen ser más flexibles en este aspecto", explica.

Convenios entre la Junta y las universidades públicas

 Por tanto, la Proposición no de Ley del Partido Socialista pide al gobierno de Moreno Bonilla iniciar los trámites en 2024 para establecer convenios entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas de la región. Estos convenios garantizarían un reconocimiento efectivo y coordinado entre todas las universidades andaluzas cuando haya una relación directa entre el título alegado y las enseñanzas que se pretenden cursar. Este reconocimiento no podrá ser menor al 15% ni mayor al 25% de la carga crediticia total, cumpliendo así con lo establecido en el reciente Real Decreto 659/2023, aprobado por el Gobierno de España. "Nuestro objetivo es alcanzar o acercarnos al 25% marcado como tope máximo por la Ley", añade Ruiz.

 "Además, exigimos la creación este año de una Comisión Mixta de Evaluación y Seguimiento de Correspondencias. Esta comisión estaría formada por representantes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y representantes de las universidades públicas de Andalucía, con el fin de garantizar una política común en materia de reconocimiento", declara el parlamentario. Según Ruiz Sánchez, la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia de Pozo, ha defendido recientemente en Bruselas la homogeneización de la Formación Profesional en Europa. Sin embargo, damos un mal ejemplo en Andalucía al no ser capaces de homogeneizar algo tan importante como el reconocimiento de créditos entre la Formación Profesional y la universidad entre las diferentes universidades públicas.

 El parlamentario socialista califica la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional como "una ley ambiciosa que ha generado un amplio consenso. Esta ley también busca eliminar la antigua barrera entre la Formación Profesional y la universidad, una barrera que cada vez más estudiantes cruzan en ambos sentidos. Casi el 20% de los graduados universitarios realiza un ciclo de Formación Profesional Superior al terminar la carrera, un porcentaje que casi iguala al 21% de los estudiantes de Formación Profesional que acceden a la universidad".