Un informe de la asesoría jurídica avala la legalidad de los contratos de Infraestructuras señalados por el PSOE de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, quiere cortar de raíz las dudas vertidas por el PSOE en torno a tres contratos que la Delegación de Infraestructuras aprobó en 2023 con una de las empresas investigadas en el caso Infraestructuras y para ello ha encargado un informe al letrado jefe de la asesoría jurídica municipal que corrobora la legalidad del procedimiento.

Los socialistas han anunciado que llevarán las tres contrataciones a la Fiscalía y el regidor cordobés hará lo mismo con el informe jurídico, al que ha tenido acceso este periódico y que determina que dichos contratos "se tramitaron, publicaron y adjudicaron siguiendo estrictamente las normas de contratación menor aprobadas por la junta de gobierno local y, por supuesto, conforme a lo que establece para los contratos menores". El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, por su parte, ha retado al PSOE a acudir a la Fiscalía defendiendo la legalidad del procedimiento y ha anunciado, a su vez, que emprenderá acciones legales contra los socialistas por calumnias.

Tres contratos en el punto de mira

En concreto, el concejal del PSOE, José Antonio Romero, ha señalado dos contratos menores cerrados los días 19 de diciembre de 2023 y el 22 de diciembre de 2023 a Smeco Tecnology para llevar a cabo labores de albañilería y fontanería en colegios y edificios municipales; y otro firmado el 22 de septiembre de 2023 de obras de accesibilidad por valor de 43.203 euros a esta misma empresa. Los socialistas apuntan, además, a un posible fraccionamiento de los dos primeros contratos.

Sin embargo, según concluye el letrado jefe las tres contrataciones, que se publicaron en la plataforma de contratación del sector público, fueron correctas y dice que la empresa en cuestión no concurre en la actualidad "en ninguna causa de prohibición para contratar, derivada de las diligencias previas tramitadas en el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, donde figura como investigada".

Miguel Ruiz Madruga defiende la legalidad de "todos los contratos" de Infraestructuras frente a la denuncia del PSOE

La mejor oferta

Asimismo, el letrado recuerda que la publicación de las licitaciones en la plataforma de contratación del Estado, obliga a la administración a adjudicar el contrato a aquella empresa que, cumpliendo los requisitos establecidos en los pliegos, presente la mejor oferta. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha vuelto a insistir hoy en este punto, asegurando que en todos los casos la empresa fue la que presentó una mejor oferta económica y que no habérselo adjidicada a esta sociedad hubiese sido "una prevaricación de libro".

Publicado en la plataforma

Por otro lado, en su informe la asesoría jurídica recuerda que la publicación de las licitaciones en la plataforma "impide a la administración invitar a empresas que no se han presentado a licitar dentro del plazo concedido, ni mucho menos, a adjudicar el contrato a empresas que no se hubiesen presentado al procedimiento de licitación". Es más, como también recordó ayer el delegado, la ley de contratación pública no obliga a seguir este procedimiento para la contratación menor (con la publicación en la plataforma), ni siquiera a solicitar tres ofertas, "pero el Ayuntamiento de Córdoba para dar mayor transparencia y permitir la libre concurrencia, ha optado por este sistema que implica rebajar los umbrales de licitación pública de los contratos de servicios, suministros y obras, tramitándolos como si de un procedimiento abierto se tratara".

Niega el fraccionamiento

En cuanto a la posibilidad de existencia de fraccionamiento del contrato, dice el informe, es lo cierto que "uno se refiere a albañilería, otro a fontanería y otro a reparación de espacios peatonales (de un área distinta a los dos anteriores), que no guardan relación entre sí". Además, entiende que estaban acreditadas la necesidad de la contratación, la urgencia de la misma y la autonomía de cada contratación.

Por último, señala el informe "que nada tiene que ver la contratación fraudulenta cuya investigación se tramita en los tribunales, con la tramitación de estos contratos pues fue precisamente, no publicar en plataforma las licitaciones, la que provocó una serie de prácticas que, limitando la libre concurrencia, permitieron adjudicar contratos a empresas que nunca habían trabajado con el ayuntamiento, cuya capacidad técnica y económica estaban en cuestión, elegidas directamente por los responsables administrativos, inflando precios, o en algunos casos, sin realizar siquiera los trabajos contratados, y distorsionando y falseando los principios de la contratación pública".