El PSOE pide explicaciones a Bellido por la compra de test rápidos para el covid en Sadeco

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido información al alcalde de Córdoba, José María Bellido, sobre la compra de 8.000 test rápidos de detección del covid-19 por Sadeco por un importe de 316.000 euros, un contrato de compra que se declaró de emergencia el 31 de agosto de 2020. El edil socialista continúa con su estrategia de fiscalización de la compra de mascarillas y test durante la pandemia que inició la semana pasada en mitad del escándalo que sacude a su partido a nivel nacional con el llamado caso Koldo.

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40 euros por test

Según Hurtado, esta compra de test se hizo por Sadeco para los trabajadores de la empresa. “Con la información disponible, cada test tuvo un coste aproximado de 40 euros, cuando según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas, los test se compraron por el Ayuntamiento de Barcelona a 7,36€, por el Ayuntamiento de Málaga a 7,90€, por el Ayuntamiento de Zaragoza a 8,65€, por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria a 10,75€ y el Ayuntamiento de Madrid a 13,01€”, ha comparado el socialista, que detalla que el Tribunal de Cuentas “fija como precio medio de las pruebas rápidas de anticuerpos en 9,14€”.

Precio alto

Hurtado considera que el precio al que pagó los test Sadeco fue cuatro veces superior a la media del precio que se pagó en otras ciudades de España, por lo que ha pedido información pormenorizada sobre este expediente al alcalde de Córdoba. Entre la petición de información figura la copia del contrato, información sobre las ofertas que se pidieron para este suministro a distintos proveedores, identificación del contratista que suministró los test, tipo de test que se suministraron y precio unitario con IVA de cada test.

Además, Hurtado ha requerido la razón por la que no se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea a pesar de tratarse de un contrato de regulación armonizada, así como que a quién se designó como responsable del contrato encargado de supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactado; las copias de las distintas ofertas que se presentaron a este suministro, si se abonó el suministro en el plazo previsto en la ley de 30 días, las razones en caso de no haberse cumplido, si se comprobó la solvencia económica y financiera y profesional o técnica del contratista y la capacidad de obrar del proveedor elegido y copia de las facturas pagadas al proveedor.

El portavoz socialista ha exigido a Bellido “transparencia absoluta para justificar esta compra a precio excesivo”, según los datos con los que se cuentan.