La Junta vigilará las obras en entornos BIC pese a no exigir el informe de Patrimonio

El delegado de la Junta de Andalucíaen Córdoba, Adolfo Molina, ha ahondado este viernes en las claves del cuarto decreto ley de simplificación administrativa que vendrá a reducir de forma considerable los tiempos con los que trabaja la administración. De momento, el decreto no se ha publicado en el BOJA y no se conocen a fondo todos los pormenores de una norma que busca evitar quebraderos de cabeza a los ciudadanos con el papeleo y facilitar la actividad económica.

Sí se conoce, porque así lo informó la Junta tras aprobar el decreto en el Consejo de Gobierno, que ya no hará falta tener un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio para las obras que se hagan en edificios localizados en entornos BIC. Molina ha defendido que, en el caso de Córdoba, la comisión funciona bien y no existe el retraso en los expedientes que sí se da en otras provincias.

Limar el hueso de la burocracia: las claves de la simplificación administrativa de la Junta

Según las actas de las reuniones celebradas por la Comisión de Patrimonio en Córdoba en 2023, fueron 18 encuentros, entre sesiones ordinarias y extraordinarias, donde se trataron casi 250 asuntos. Todo será mucho más ligero con la nueva normativa, aunque el delegado ha recordado que seguirá existiendo control sobre las actuaciones que se lleven a cabo en estos entornos.

Adaptación del personal

Más allá de esto, existen pocas novedades en cuanto a lo informado esta semana por la propia Junta. Preguntado por si existirá alguna reubicación del personal que trabaja en todo el sistema administrativo que se verá afectado por el decreto, Molina ha explicado que habrá una adaptación a esta nueva forma de trabajar, poniendo de ejemplo los cambios que vinieron con la pandemia del coronavirus.

Las claves del decreto

Este decreto ley modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y reducirá un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta de Andalucía, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100. Además, recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación. El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración.

Se da protagonismo a las figuras del silencio administrativo positivo y a la declaración responsable. Se reducen plazos que afectan de lleno al bienestar de los andaluces, como los que tienen que ver con la dependencia. Además, se facilitará la creación de riqueza a través de las empresas que quieran instalarse en la comunidad con muchos menos trámites en el apartado de las autorizaciones medioambientales, por ejemplo.