La familia del soldado ahogado ampliará la denuncia a los dos tenientes que "dirigían" el ejercicio

El abogado Luis Romero, en representación de la familia del joven soldado Carlos León -fallecido durante unas maniobras el 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano-, ha anunciado este miércoles que ampliará la denuncia presentada en su momento para acusar a los dos tenientes que, según ha explicado, dirigían el ejercicio de paso de aguas en el que murió el hijo de sus representados. Así, el escrito, cuya modificación está redactando, iría contra el capitán, los tenientes, el coronel y el general de la Brigada Guzmán el Bueno X.

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El penalista ha informado de ello en una nota de prensa difundida este mismo miércoles. En el mismo documento, reitera algunos de los aspectos que comentó en la rueda de prensa ofrecida un día antes en Sevilla: que recurrirán la decisión del juzgado de Instrucción 4 de Córdoba de dejar el caso en manos de la jurisdicción militar, que "existió una falta de diligencia debida", que "no se cumplieron las normas de seguridad", que "no había línea de vida sino una cuerda guía" o que Carlos León y otros compañeros llevaban lastres como castigo.

El auto de Instrucción 4 y el homicidio doloso

El abogado acusará a la cadena de mando de dos presuntos delitos de homicidio doloso por omisión en la modalidad de dolo eventual. Las acusaciones de la viuda y de los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez, que también murió ahogado aquel día, ya informaron de que estudiaban seguir esa vía, al considerar que el capitán era consciente del peligro que entrañaban las maniobras y, pese a ello, autorizó su práctica. Asimismo, señalaron que barajaban querellarse contra la cadena de mando.

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Este miércoles, este periódico ha conocido parte del contenido del auto que emitió el martes el juez Rodríguez Lainz, por el cual, siguiendo la valoración de la Fiscalía, se inhibía y dejaba la instrucción al juzgado togado Militar 21 de Sevilla. El magistrado, según uno de los abogados, deja abierta la posibilidad de que las familias se acojan al homicidio doloso, pues, según precisa, cabe en el tipo penal militar. Aun así, los letrados de la acusación insisten en que un juzgado penal investigue los ahogamientos. Los tres abogados recurrirán la decisión.

Lo mismo piden asociaciones militares como la Asociación de Tropa y Marinería del Ejército (ATME) o la Unión de Militares de Tropa (UMT). Así lo expresó Marco Antonio Gómez, presidente de la primera, a Diario CÓRDOBA: "Queremos que juzguen civiles [juzgados] para que no haya atisbo de dudas por que vaya a juzgar un militar". Por su parte, Francisco José Pérez, abogado de los padres del cabo Jiménez, insiste en que un juzgado penal "es más garantista" y las penas "son más consistentes".

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