Parcelaciones: los retos que Urbanismo tiene por delante

La Gerencia de Urbanismo se ha propuesto una serie de objetivos para empezar a dar soluciones a las parcelaciones. Lo primero que tendrá que hacer es reactivar la Oficina del Territorio, ya que su trabajo acabó en verano tras cumplir su periodo de vigencia (seis meses más otros seis prorrogables). Fuentes de Urbanismo señalan que la intención es retomar el trabajo de la Oficina del Territorio, teniendo en cuenta que tras la primera puesta en marcha, varias parcelaciones han mostrado su interés en seguir adelante con el proceso. En su primer año de funcionamiento, la Oficina del Territorio realizó dos rondas de reuniones con representantes de parcelaciones, superándose el centenar de encuentros.

En un informe final realizado en julio, la Oficina del Territorio realiza una serie de propuestas de cara al futuro -Urbanismo tendrá que decidir cuáles lleva a cabo- y señala que, para funcionar correctamente, debe contar con seis trabajadores (dos abogados, arquitecto, ingeniero, delineante y administrativo). Además, indica que su labor ha de ir más allá que asesorar al parcelista, ya que tendría que funcionar a modo de ventanilla única para labores de tramitación de instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución. La oficina, por lo tanto, sería el vehículo para que una parcelación obtuviera el adelanto de servicios o consiguiera la condición de legal.

El informe de la Oficina del Territorio deja claro que «todas estas opciones han de ser asumidas, costeadas y mantenidas por los propietarios» de las parcelas, aunque entiende que su labor es esencial para cooperar con la CHG, para coordinarse con Emacsa y para integrar los planes que se aprueben en el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales. Propone también una serie de acciones que podría ejecutar la Oficina si se reactiva. Entre esas propuestas está la de pedir a la Junta que modifique el reglamento para eximir a las juntas de compensación y demás entidades urbanísticas colaboradoras de la aportación de la garantía del 7% de los gastos de urbanización en el momento de su constitución, posponiendo su aportación al inicio de las obras de urbanización o de dotación de servicios. 

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