La renta mínima de inserción social beneficia a 742 familias cordobesas

Un total de 742 familias cordobesas se están beneficiando, actualmente, de la renta mínima de inserción social de Andalucía, según los últimos datos, hasta el mes de agosto, hechos públicos este miércoles por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, en compañía de Dolores Sánchez, delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba.

En total, la Junta de Andalucía ha invertido este año 2,63 millones de euros en este tipo de ayudas. Con la última modificación de la regulación relativa a la renta mínima andaluza, aprobada a finales del año pasado, el Gobierno andaluz ha incrementado en un 45% de media las cuantías concedidas.

Esta prestación corresponde al 100% de la cantidad anual de las pensiones no contributivas. Aumenta un 30% por cada integrante de la unidad familiar y puede llegar a suponer un 220% como máximo. Se distribuye en 12 mensualidades, abonadas a mes vencido. El objetivo de estas ayudas es, como ha subrayado Molina, "erradicar la marginación y la desigualdad" en Andalucía.

¿A quién está dirigida?

No hay un perfil concreto de solicitantes, según Sánchez. Está dirigida a personas entre los 25 y los 64 años que cumplan los requisitos. O, alternativamente, que se encuentren en urgencia o vivan una emergencia social. A jóvenes de 18 a 24 años que tengan una discapacidad, que tengan a una persona con esta condición a su cargo o menores, que esté en situación de orfandad o que sea víctima de violencia de género.

También pueden solicitarla menores de 16 a 17 años con un discapacitado a su cargo o que sean víctimas de violencia de género, así como mayores de 65 años con menores a su cargo que no cuenten con otro integrante que reúna los requisitos, según ha indicado el delegado del Gobierno.

La renta mínima supone una alternativa al Ingreso Mínimo Vital (IMV), del que dispone el Gobierno nacional. Es más, uno de los requisitos de concesión es tener denegada la concesión de la mencionada prestación. Para valorar la aprobación de la ayuda andaluza, se tiene en cuenta la capacidad económica de la unidad familiar en su conjunto.

Un plan de inserción sociolaboral

La prestación económica se complementa, además, con un plan de inserción sociolaboral desarrollado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en colaboración con los servicios sociales comunitarios, con el fin de mejorar la situación de personas pobres, excluidas socialmente o en riesgo de estarlo.

En estos momentos, como ha explicado la delegada de Inclusión Social, se están analizando las solicitudes presentadas en septiembre y en este mes de octubre. Aunque el periodo de resolución puede durar dos meses, Dolores Sánchez ha celebrado que Córdoba está resolviendo en un mes o menos.