«El refuerzo del Penal 6 no ha podido evitar que haya juicios ya fechados para 2025»

María Revuelta Merino es la jueza titular del juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, órgano especializado en asuntos relacionados con la violencia de género. Esta cordobesa de 45 años, la primera de su familia en dedicarse a este ámbito, ocupa este cargo desde julio de 2020. Anteriormente ejerció en el Penal 4 y en un juzgado de Familia de Córdoba, así como previamente en un juzgado de Écija. Aunque le gustaba mucho la física, de pequeña le atraía también la profesión de jueza, desde que conoció el juicio a Salomón y también como función para tratar de resolver cuestiones cotidianas que requieren de la aplicación de la justicia.

En agosto se ha contabilizado en España la cifra más alta de fallecidas por violencia de género de los últimos cinco años, una de ellas en Pozoblanco, además de otra más herida en esa misma localidad. ¿Qué se puede seguir haciendo para reducir o eliminar esta lacra?

Es muy complicado. Cada caso hay que analizarlo de forma diferenciada. Todos los que operamos en este ámbito tenemos que trabajar en el análisis de esta situación. Yo misma he reflexionado porque me preocupa mucho. Estamos en una situación de bastante crispación, de subida de precios e hipotecas, conflictos de pareja y de custodias, muchas noticias negativas, y ahora el factor que ciertas personas creían tener controlado no es así porque se han dado cuenta de que han perdido el dominio sobre la mujer y se produce en esas personas una respuesta desproporcionada en forma de agresión.

¿En cuántos juzgados se tramitan asuntos de violencia de género en Córdoba?

En los juzgados de instrucción se toma declaración a las personas investigadas y se determina qué delito (de la naturaleza que sea, no sólo de violencia sobre la mujer) han cometido, quién o quiénes son los posibles autores y se conocen las pruebas que llevan a considerar estos hechos. Cuando se cierra la fase de instrucción se traslada al órgano de enjuiciamiento. En función de la pena que se atribuya al delito, si es pena de prisión de hasta 5 años se queda en un penal y si es una pena superior pasa a la Audiencia Provincial. Los juzgados de lo Penal y de la Audiencia tienen competencia en toda la provincia. En el caso específico de Córdoba, todos los pueblos cabeza de partido judicial tienen su juzgado instructor. Hay 11 partidos judiciales en la provincia, 12 sumando el de la capital, y todos esos juzgados instructores tienen competencia en violencia de género y son los que nutren de casos al Penal 6, que es el único que lleva violencia sobre la mujer en la provincia de Córdoba y que empezó a funcionar en 2018, así como la sección tercera de la Audiencia, que es la competente en estos asuntos en concreto.

¿En qué situación de sobrecarga se encuentra su juzgado, debido aún a la pandemia, y a las distintas huelgas que ha habido en el último año en el ámbito de la justicia?

En junio se incorporó Carolina Aranguren como jueza de refuerzo al Penal 6 y su aportación se está notando, aunque ha pasado poco tiempo aún. Mi despacho estaba lleno de papel por todas partes, ni se me veía en la mesa y desde hace unos meses se ha repartido el trabajo, pero la ciudadanía y la abogacía no sé si aún han podido notarlo. Se ha reestructurado la agenda del juzgado para que desde mediados de septiembre se celebren tres días de vistas de procedimientos abreviados a la semana y dos días de juicios rápidos. Hemos pasado de tres días de señalamientos a cinco. Se han adelantado juicios que había para 2024. Sin embargo, el refuerzo del Penal 6 no ha podido evitar que haya ya juicios fechados para 2025, pero es que antes del refuerzo incluso había para 2026.

¿Se están registrando en Córdoba cada vez más denuncias de violencia sobre la mujer?

Sí está habiendo más denuncias y se nota en que el trabajo no cesa y que los números de un año para otro varían muy poco, teniendo en cuenta que luego hay denuncias que se sobreseen, que no siguen hacia adelante o que no pasan del juzgado instructor al órgano de enjuiciamiento, al margen de que hay delitos que van a la Audiencia. Este año en concreto puede que no sirva de muestreo porque las huelgas han afectado al trabajo, a pesar de que la violencia de género se atendía toda porque era servicio mínimo, pero algo de aumento se ha podido notar. Que se registren más denuncias no quiere decir exactamente que haya más violencia sobre la mujer, pues puede haber más denuncias porque la sensibilidad a la hora de denunciar estos casos es mayor, o porque antes no se percibía como violencia sobre la mujer.

«Ahora hay menos casos de mujeres que se retractan porque ha cambiado la legislación»

El 96,5% de los enjuiciados por violencia de género durante 2022 en Córdoba acabó condenado. ¿Este porcentaje debe animar a las víctimas a atreverse a denunciar?

Este porcentaje debe traducirse en una confianza en el sistema, aunque el sistema no sea siempre perfecto y los tiempos jurídicos son los que son, pues a veces no se puede correr más o no se debe. Una justicia lenta es poco eficaz, pero la justicia para ser eficiente tiene que permitir la reflexión a la vez que dar una respuesta.

¿Las denuncias falsas de violencia de género emitidas por parte de mujeres son escasas?

Que una sentencia sea absolutoria no equivale a que la denuncia interpuesta no corresponda a una realidad, que es lo que muchas veces se tiende a confundir. Una sentencia absolutoria puede deberse a que no haya pruebas suficientes, como que la mujer cuando declara hace una declaración distinta a la que hizo inicialmente, pero eso no quiere decir que la denuncia sea falsa, lo que quiere decir es que no se cuenta con material suficiente probatorio. No se puede culpar a la víctima de la falta de pruebas, pero es que el tipo penal requiere de una serie de elementos que deben probarse para que se pueda condenar.

¿Se aprecia que las víctimas son cada vez más jóvenes?

Entre los años 50 y 80 había más nacimientos y se registran más casos en ese grupo de población porque constituye un grueso mayor de personas. Sin embargo, me llama la atención que se esté dando un porcentaje alto, tanto de víctimas como de agresores, en la generación que ya se ha educado estando implantada la Ley de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y que es una generación que además sabe reconocer lo que se denominan micromachismos, pero que le cuesta reconocer que se encuentra involucrada en una situación de violencia de género (situaciones de control, de celos, de falsa confianza o paternalismo).

¿La Ley y el Código Penal deben estar por encima de cualquier política cambiante que el Gobierno que resulte en la nación o en una autonomía decida acerca de la violencia sobre la mujer?

El Código Penal es único para toda España y la Ley de 2004 se aplica en todo el territorio nacional, pero luego cada comunidad autónoma puede articular las medidas de apoyo a las víctimas que decida antes, durante y después de los procedimientos. Aunque existen unos principios básicos sobre la violencia de género, que no son propios de España, sino universales, y que están recogidos en convenios internacionales como el de Beijing.

¿Existen puntos negros en la provincia, que acumulen más casos de violencia sobre la mujer?

No. La violencia sobre la mujer se da en los pueblos, ciudades, entre gente con formación superior, sin estudios, con alto y bajo poder adquisitivo. No se puede considerar que existan puntos negros.

Hay hombres que defienden que no cuentan con las mismas garantías jurídicas que las mujeres cuando son víctimas de violencia. ¿Qué puede decir sobre este respecto?

Las estadísticas oficiales reflejan que hay muchos más casos de víctimas en mujeres que hombres. Me gusta distinguir entre violencia sobre la mujer y violencia doméstica. Son dos ámbitos distintos, pero que a veces se solapan. La violencia sobre la mujer, que existe como agravante en el Código Penal, se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer porque se le atribuye un rol en la sociedad, una forma de comportarse, porque se considera que debe haber una situación de dominio sobre esa mujer, entre otros aspectos. Desde el punto de vista jurídico, en España la Ley de 2004 no ha cambiado los procedimientos, pero sí se han creado órganos judiciales especializados para abordar estos asuntos porque se ha entendido que había una situación de abuso que se había identificado y que había que eliminar, pero eso no quiere decir que el hombre esté más desprotegido jurídicamente hablando.

«Los hijos de las víctimas gozan de la misma protección jurídica que se da a la madre»

¿Hay muchas víctimas mujeres que retiran su acusación?

Ahora hay menos casos de mujeres que se retractan porque ha cambiado la legislación. Se modificó un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que conllevó la reducción de los supuestos en los que la mujer se podía acoger al derecho a no declarar. De todas formas, el foco donde hay que ponerlo es en por qué se produce ese retracto, si tiene detrás una presión familiar o económica que le hace dar marcha atrás.

¿Percibe que la sociedad está más concienciada y que denuncia más posibles casos de violencia de género?

Sí existe más concienciación, pero la violencia se da normalmente en un ámbito privado y, aunque alguien del entorno denuncie el caso, la prueba esencial es que la víctima declare luego la situación.

¿Con qué respaldo judicial cuentan los hijos de las víctimas?

Los hijos de las víctimas gozan de la misma protección que se da a la madre, aunque no sean víctimas directas de las agresiones.

¿Está el mundo de la justicia cada vez más feminizado?

Sí, cada vez hay más juezas, fiscales, abogadas, funcionarias.

¿Se ha sentido alguna vez discriminada por ser mujer en el trabajo?

No he tenido esa percepción.

Cuando sale del juzgado, ¿siente que ha podido hacer toda la justicia posible por las víctimas?

Entiendo que sí. Cada día te enfrentas con algo nuevo y sumas un caso nuevo al anterior. Me apasiona mi trabajo y a veces cuesta desconectar.

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